El conflicto entre el Sindicato de Garagistas y la comuna de Puerto Gaboto por la utilización de unos terrenos a la vera de río Carcarañá se dirime en ámbitos del Poder Ejecutivo provincial, la Justicia, y ahora en el Ministerio de Trabajo de la Nación a partir de una denuncia de las autoridades locales contra el gremio en la cartera laboral federal donde pidieron su intervención.
El gremio adquirió unas cinco manzanas ubicadas en la ribera del Carcarañá a fin de construir un cámping para uso de sus afiliados, y comenzaron a realizar diversas tareas como movimientos de tierra y el cierre del predio, que para la comuna son ilegales. La presidenta comunal, Sandra Arroyo, conminó al gremio a cesar con esos trabajos y el sindicato contraatacó con una demanda en la Justicia.
En ese sentido, la jueza Civil y Comercial de San Lorenzo, Stella Maris Bertune, dictó una medida cautelar donde ordena a la comuna que se abstenga de interferir las tareas que desarrolla el sindicato. Además multó a la presidenta comunal, Sandra Aguirre, embargando diariamente sus haberes con la suma de mil pesos, lo mismo que a la secretaria administrativa, Irina Sier; el tesorero comunal, José Pequinelli, y la secretaria de actas, Natalia Verón, en la suma de 500 pesos diarios a depositarse en una cuenta judicial a abrirse en Nuevo Banco de Santa Fe, sucursal San Lorenzo".
Ismael Marcón, secretario general del sindicato de Garagistas de Rosario, aseguró que las obras "solo son para proteger a los afiliados y a sus hijos" que concurren al lugar y que "de ningún modo las tareas sobre la barranca tienen la finalidad, ni la entidad ni la posibilidad de afectar el cauce del río", que es uno de los cuestionamientos de la comuna.
En cuanto a la obra que se está realizando en el predio de Puerto Gaboto, desde el gremio advierten que "las tareas comprenden un complejo de cabañas para esparcimiento y turismo" y "acciones de protección de barranca".
Añadieron que "la comuna, para obstaculizar la obra, dictó algunas ordenanzas en protección del río Carcarañá, suspendiendo las obras de todos los propietarios linderos al río", una de las cuales es "declarar Area Natural Comunal Protegida a los primeros 300 metros ribereños al curso del río Carcarañá por lo que se suspende todo permiso o autorización para construir obras privadas en la zona protegida".
Defensa del espacio público
En cambio, el asesor legal de la comuna de Gaboto, el abogado constitucionalista Domingo Rondina, indicó que el gremio "compró en 2013 dos terrenos separados por una avenida: uno están buscando usucapir una lonja de terreno fiscal y en el predio grande han cerrado el acceso publico al camino de sirga en la costa del Carcarañá, y cuatro calles, por lo que la comuna pretende recuperar el dominio público del acceso al río y de las calles que hasta allí llegan".
Explicó que "el sindicato lo que tiene ahí es un proyecto aún no aprobado de construcción de un cámping para sus afiliados, y al inicio de la gestión de Aguirre (diciembre de 2015) se les pidió que dejen acceder a las calles y que cumplan con las ordenanzas sobre edificaciones y destino institucional del predio".
Denuncian desvío del río
Rondina añadió que además del problema de la accesibilidad pública, "en diciembre por denuncias de los pescadores nos enteramos que estaban secando el cauce del río, pusieron pilotes en la orilla y empezaron a echar tierra para avanzar con terreno sobre el cauce del río, por lo que la comuna hizo la denuncia ante el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, que hizo una inspección y le ordenó al sindicato paralizar esas obras".
Sobre la presentación judicial del gremio, el letrado indicó que "ellos iniciaron un juicio en San Lorenzo pidiendo que la comuna no haga nada que los afecte a ellos, lo cual es una pretensión de que la comuna deje de gobernar sobre su territorio".
La Justicia dictó una medida cautelar donde "nos dice que no tenemos que actuar como Estado, por eso apelamos ante la Cámara de Rosario, no obstante lo cual, la jueza dice que aunque la medida esté apelada tiene que cumplirse igual y para forzar a ello aplicó una multa a los funcionarios para obligarlos". Ante el tribunal de alzada fueron apeladas tanto la cautelar como las multas.
Piden intervenir el gremio
Pero en las últimas horas el conflicto se extendió a un nuevo ámbito: "Presentamos una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Nación ya que la conducta que está teniendo el sindicato les va a traer consecuencias jurídicas y multas que van a ir en perjuicio del patrimonio de los afiliados, por eso les pedimos al Ministerio la intervención del sindicato a fin de proteger en el patrimonio de los afiliados", indicó Rondina.
Por otra parte, desde la comuna aseguran que "en enero recibimos otra denuncia y demostramos que cuando ellos compraron el predio en 2013 allí había un reservorio natural, una laguna, que ellos rellenaron para ganar terreno, con lo cual se inundan las manzanas aledañas".
Por Rodolfo Parody