La Justicia rechazó la apelación del gobierno contra la medida cautelar que impulsa la actualización de sueldos y becas estudiantiles
El incremento en el financiamiento universitario lleva casi dos años en agenda.
La implementación de la ley de financiamiento universitario lleva cinco meses postergada desde su promulgación, pero el conflicto se actualizó este martes. La Justicia confirmó la medida cautelar que obliga al gobierno a aplicar los aumentos en salarios y becas, de acuerdo a la normativa.
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, celebró la resolución de segunda instancia respecto del planteo que había hecho el organismo. Este veredicto insiste en un camino que el Poder Ejecutivo no quiere tomar, ya que recientemente se presentó un proyecto para modificar la normativa en vez de aplicarla en los términos aprobados por el Congreso a pesar del veto del presidente Javier Milei.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno contra la decisión inicial del juez Martín Cormick en la ciudad de Buenos Aires. "Es una excelente noticia para la comunidad universitaria del país que valoramos en un contexto extremadamente delicado como el que atravesamos", manifestó el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
A fines del año pasado, el CIN había hecho un reclamo judicial por el incumplimiento de la ley 27.795 con especial énfasis en la cuestión del dinero que necesitan estudiantes y docentes. Según los cálculos de la entidad, los salarios deben subir un 47,3 por ciento en relación a la liquidación de febrero pasado para compensar la pérdida de poder adquisitivo desde noviembre de 2023.
Por otra parte, el consejo advirtió que el presupuesto actual para financiar y acompañar trayectorias académicas cayó un 82 % en términos nominales entre 2025 y 2026. Por otra parte, el valor real de las Becas Progresar disminuyó más del 95 por ciento desde que comenzó la presidencia de Milei.
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Según le explicó a La Capital el exdecano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, el fallo del tribunal de alzada ratifica la obligatoriedad de la recomposición de los sueldos del personal de la educación superior y los montos de programas de apoyo económico a estudiantes. El Poder Ejecutivo ya había desestimado esta posibilidad e hizo una oferta alternativa de un incremento mucho menor.
Bartolacci confirmó a la mañana que todavía no habían tenido contacto con representantes del gobierno e insistió el reclamo de la implementación de la normativa promulgada en octubre. Además de los haberes de docentes y no docentes, el CIN había hecho hincapié en la necesidad de actualizar las becas Progresar y Belgrano, entre otras, como parte de este ajuste por el desfasaje con la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
La normativa que intentó vetar Milei sin éxito establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios desde diciembre de 2023 en un porcentaje que no debe ser inferior al Índice de Precios del Consumidor (IPC) en el mismo período. La suba debía aplicarse un mes después de la publicación en el Boletín Oficial, algo que no ocurrió hasta el momento.
El quinto artículo de la ley también define una convocatoria obligatoria a la paritaria nacional con una periodicidad que no puede exceder un trimestre. En esa mesa de negociación se debe incluir a docentes y no docentes.
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Por otra parte, el fallo ratifica la aplicación obligatoria del incremento de las becas estudiantiles como Progresar, Carreras Estratégicas Manuel Belgrano y Enfermería con el mismo mecanismo. El artículo 6 impulsa un aumento progresivo de los beneficiarios de acuerdo a las matrículas de nivel superior y secundario.
"Lo que resta es que el gobierno cumpla con la orden judicial”, manifestó Bartolacci tras la resolución. Así consideró que no hay margen para mayores demoras del lado del Poder Ejecutivo en lo que respecta al proyecto de financiamiento educativo que se aprobó el año anterior.
El presidente del CIN consideró que el gobierno "debe aportar las respuestas, cumpliendo con lo que la ley dispone y la Justicia ordenó". En cuanto a la estrategia política y judicial desplegada previamente, comentó: "Hemos sido muy firmes, responsables y serios a lo largo de este tiempo tan complejo para el sistema universitario y científico. Hemos priorizado siempre los caminos institucionales para reclamar los recursos mínimos e indispensables que el sistema requiere para su funcionamiento y hemos extremado todas las acciones para poder encontrar respuestas".
El dirigente rosarino destacó que el fallo es "muy claro en sus fundamentos" y ratifica las razones del consejo en torno al reclamo. "Se trata de una ley razonable, que no compromete fiscalmente al Estado y resguarda el derecho al acceso a la educación superior. Este fallo no sólo da cuenta de la demanda de la comunidad universitaria del país, sino de la sociedad en su conjunto", concluyó.
Mientras los rectores esperaban una nueva respuesta a su favor en los tribunales, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto de reforma de la ley de financiamiento. La iniciativa sólo contemplaba una recomposición parcial desde 2025 con subas escalonadas del 4,1 por ciento en marzo, julio y septiembre.
Asimismo, el gobierno libertario planea apelar ante la misma Cámara, con una expectativa menor, y luego ir a la Corte Suprema.
A tono con la reacción del CIN, la Federación Universitaria de Rosario (FUR) también festejó la decisión judicial sobre la normativa. "Un paso más que demuestra que el esfuerzo vale la pena y que la sociedad argentina unida no permitirá que avasallen su derecho a educarse”, dijo su presidente, Alejo Rossi.
El principal directivo de la organización estudiantil opinó que el fallo de la Justicia nacional sigue la línea de la defensa de un derecho constitucional y "derriba mitos en torno al impacto fiscal de una ley justa y razonable". Luego anticipó: "Vamos a seguir defendiendo nuestras universidades como sabemos hacerlo, sin bajar los brazos, para que cada año más argentinos puedan cumplir sus sueños en sus aulas".
Por su parte, la federación nacional de docentes de la UTN celebró la resolución de la Justicia federal quien ratificó la vigencia de la ley de financiamiento universitario.
“El gobierno tiene que respetar la división de poderes y la Constitución, dejarse de artimañas y cumplir con la ley de financiamiento universitario”, señaló el secretario general de FAGDUT, Ricardo Mozzi.
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Horas antes del anuncio de la resolución, el CIN presentó estadísticas alarmantes respecto de la pérdida de recursos del sistema educativo de nivel superior. De acuerdo al informe, las transferencias a las instituciones de todo el país se redujeron 45,6 por ciento entre 2023 y el inicio de 2026. Esto llevó al gasto público a ubicarse entre los más bajos de América.
El consejo declaró la emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico ante el incumplimiento de la ley 27.795 por parte del Poder Ejecutivo. Una vez más, la Justicia avaló el planteo de los rectores y le ordenó al gobierno que pague los aumentos, una medida que está pendiente desde fines del año pasado.
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Por Aníbal Fucaraccio
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