El viernes 3 de marzo se dio a conocer el asesinato en Rosario de un hombre con domicilio en Roldán. Al constatarse la dirección que señalaba el parte oficial, el intendente Daniel Escalante, descubrió que no existía y que en ella figuran 11 personas, de las cuales 10 habían sacado el registro de conducir en esa ciudad. El mandatario consideró que hay una organización que se dedica a aportar domicilios de otras personas, con otras numeraciones o calles inexistentes y que también se trata de terrenos baldíos.
El caso que destapó esta situación fue el crimen de Eugenio Domingo Campos, a quien mataron de cuatro balazos tras un cruce de palabras en Biedma y Rodríguez, en el barrio Matheu. La información mencionaba que la víctima tenía su último domicilio en Roldán y esto encendió el alerta del intendente, quien viene denunciando desde 2013 la existencia de direcciones truchas.
“Con este dato vamos a hacer una denuncia judicial. Por más que estas personas no residan en Roldán, en algún momento vienen a nuestra localidad y muchas estarían relacionadas con el delito y con problemas en la Justicia”, apuntaron desde el equipo de gobierno.
La información publicada por este diario dio cuenta que Campos, de 38 años, tenía prontuario abierto con hechos que datan de los años 2016 y 2017, aunque sin condenas. Fue en tiempos en que vivía en los confines de los barrios Emaús y Stella Maris, aunque últimamente tenía domicilio en inmediaciones de Santa Fe al 700, siempre en Roldán.
Los vecinos del barrio Matheu de Rosario dijeron no reconocer al hombre asesinado y explicaron que esa zona tiene una alta concentración de puntos de venta de drogas, alrededor de cuatro en un radio de dos cuadras, lo que agrega un problema para quien anda caminando por el barrio a la noche y no conoce.
El equipo de colaboradores de Escalante buscó el nombre del asesinado en los padrones y descubrió que figuraba con domicilio en Santa Fe 750, una numeración que es inexistente. Pero además, constató que en la misma altura aparecen en los padrones otras 10 personas, de las cuales 9 tienen apellidos diferentes.
Una década de denuncias
En septiembre del 2013, cuando Escalante era concejal, denunció que junto a su agrupación política habían hallado muchas personas domiciliadas en lugares inexistentes y que acudieron a las urnas en las distintas elecciones.
Al entonces edil le llamó la atención la cantidad de gente votante en comparación del censo de 2010, cuando en Roldán había 14.200 habitantes y a las elecciones de 2013 se presentaron más de 12 mil electores, resaltando que era “algo imposible porque en ese caso sería una ciudad sin menores”.
Cuando empezaron a ver direcciones, descubrieron que en un baldío había domiciliadas 16 personas, 14 de las cuales aparecieron entre el padrón provisorio y el definitivo de aquel año. Como ese caso, detectaron otros similares y apuntaron la sospecha de que a esos votantes se les ofrecía el carné de conducir. Ese año se hizo la denuncia ante el Ministerio de Justicia de la provincia y el Tribunal Electoral.
El 20 de febrero de 2019 Escalante nuevamente presentó una denuncia por irregularidades conforme a lo que determina la ley 11.627. Las constataciones fueron avaladas por una escribana pública, en representación de su espacio político, a fin de garantizar la transparencia del sistema democrático.
Fue entonces que los veedores del Tribunal Electoral de la provincia se presentaron en los domicilios para determinar la veracidad o no de la denuncia y ese año aparecieron varios votantes observados. En el listado aportado se mencionaban varias direcciones, tal es el caso de una en la que había un registro de 19 personas con 16 apellidos distintos.
Las irregularidades mayores se dieron en las calles Güemes, Los Aromos y Catamarca pero el mismo patrón se repetía en otros domicilios. En el padrón definitivo que emitió el Tribunal Electoral con los domicilios observados estaba el de un concejal y un secretario del entonces oficialismo.
En sus casas aparecían personas con apellidos distintos que tampoco eran familiares. Todos los que tenían esa dirección quedaron observados, entre ellos sus verdaderos habitantes, y no pudieron votar.
“A pesar de las denuncias, la única medida que tomó el Tribunal Electoral fue no permitir votar en las categorías locales a quienes se comprobaron que no vivían en la ciudad. El problema es que esas personas no desaparecieron del padrón, y así en la siguiente elección vuelven a figurar como sufragantes para todas las categorías”, explicó Escalante.
En esa línea, resaltó que “es un trabajo arduo, ya que muchos residentes truchos aparecen en una sola dirección, y detectarlos y denunciarlos es cansador, para que luego solo los observen para una elección. Deberían desaparecerlos del padrón e instalarlos en el lugar que les corresponde”.
Por último, los funcionarios de Roldán resaltaron que el sistema actual de emisión de DNI solo requiere que la persona brinde sus datos en forma verbal, en carácter de declaración jurada. El Registro Nacional de las Personas (Renaper) tampoco acciona ante estas irregularidades, a pesar de que su función es la identificación y la documentación de las personas, con la responsabilidad exclusiva de la emisión del DNI y pasaporte.
