“Queremos manifestar nuestra gran preocupación por el intento de supresión de derechos fundamentales vinculados a los trabajadores que sufren compañeros y compañeras municipales de la ciudad de Las Rosas, y expresamos nuestra más absoluta solidaridad con Festram”, señala un comunicado de gremios y entidades santafesinas en torno al conflicto que se suscitó el pasado lunes 29 de mayo, cuando más de cien policías de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional II de Rosario arribaron a la cabecera del departamento Belgrano para desalojar la zona de maestranza, ocupada por los trabajadores en paro por reclamar salarios por liquidación de sueldo, asignaciones familiares y una mala prestación de Iapos, lo que hicieron al lanzar balas de goma y gases.
“Repudiamos enérgicamente la represión de la fuerza de seguridad contra trabajadores y trabajadoras municipales llevada adelante por la Policía de la Provincia de Santa Fe. Parece que existe un resabio de los peores elementos de una policía antidemocrática que ofició como brazo armado de un proceso de derecha neoliberal que concluyó con la desaparición de miles de compañeros/as en esta República Argentina. A esta aberración ideológica le decimos Nunca Más”, se manifiesta en la nota firmada por CTA de los Trabajadores, ATE, Soepu, Amsafe, Sadop, CGT Regional Santa Fe, CGT San Lorenzo, CGT Regional Reconquista, CTA Autónoma, Siprus, Adul,Aapem, Fenat, Sidut, Socra, Camioneros, Asociación de Trabajadores de Prensa de Santa Fe, Supaso, Asociación Argentina de Actores, Uteplim, Apops y Corriente Federal de Trabajadores.
“La situación representa una manifiesta violación al orden democrático consagrado tanto en la Constitución Nacional como en documentos Internacionales con fuerza de tal, que en el orden colectivo garantizan a los trabajadores el derecho de huelga y de peticionar a las autoridades, entre otros; mientras que en el plano individual establece una esfera de protección de integridad física, psíquica y moral, como así también el derecho al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, y que en los episodios vividos fueron absolutamente desconocidos”, agregan.
Asimismo, el comunicado resalta que “resulta inconcebible que después de 40 años de democracia existan autoridades públicas, en este caso un intendente municipal (Javier Meyer), que tenga licencias para desconocer instituciones que forman parte de la construcción del sistema democrático, como resultan ser la obligación institucional de contribuir al diálogo social con los representantes de las entidades sindicales y de respetar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece el principio según el cual el trabajo gozará de la protección de las leyes”.
Por último, sostienen: “Entendemos que el Ejecutivo Provincial debe dictar en forma urgente una Conciliación Obligatoria, herramienta legal que obliga a las partes a establecer una negociación tendiente a superar el conflicto vigente y contribuir al sostenimiento de la paz social”.
