La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó la distancia de 1.095 metros como límite para la aspersión de agroquímicos por medios terrestres y de 3 mil metros para las aéreas en la ciudad de Pergamino. De ese modo, el alto tribunal rechazó el recurso de amparo presentado por el intendente de esa ciudad bonaerense, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz, que se recibió de abogada para afrontar su lucha contra las pulverizaciones que afectaban a su familia y vecinos. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez federal 2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo.
“Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están, incluso que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”, dijo Ortiz a La Vaca, una agencia de noticias de libre circulación. “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte, estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no solamente para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
El fallo de primera instancia que apeló el intendente de Pergamino había sido dictado por Villafuerte Ruzo en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las aspersiones masivas, en una zona productiva por excelencia.
Villafuerte Ruzo pidió luego una serie de pericias que le dieron la razón. Tal cual lo publicó La Capital el 21 de agosto de 2020, un estudio científico solicitado como prueba pericial en el caso de contaminación con agroquímicos en Pergamino demostró la eficacia de la restricción judicial. La medida cautelar de protección a la población, tras la denuncia por la detección de plaguicidas en el agua de las napas freáticas, fue implementada el 2 de septiembre de 2019 y desde entonces los análisis sucesivos indican que hubo disminución de los residuos de plaguicidas en el subsuelo y, por consiguiente, en la exposición de las personas a esos contaminantes.
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La pulverización aérea tendrá un límite de 3 mil metros.
El trabajo realizado por profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y presentado en la causa que tramitaba Villafuerte Ruzo recomienda además la reducción de las aplicaciones en dosis e intensidad en los sistemas productivos para disminuir la exposición ambiental a los plaguicidas.
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El informe destaca también la necesidad de una transición hacia sistemas agroecológicos y menciona resultados publicados internacionalmente por el equipo de profesionales de la Chacra Integrada Barrow (Tres Arroyos) y el Inta Balcarce “que demuestran que es posible producir cultivos extensivos aprovechando en mayor medida los procesos naturales y las interacciones beneficiosas para reducir el uso de insumos y mejorar la eficiencia de los sistemas agrícolas”.
"Esperábamos la resolución desde hacía bastante tiempo, con muchas expectativas, pese a que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor", dijo la abogada Ortiz luego de la resolución del máximo Tribunal. Y confesó sentir "mucho dolor" que fuera propio municipio el que intentó ir "en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte, estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no solamente para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”, le dijo a la revista MU, que edita la ONG La Vaca.
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Sabrina Ortiz perdió un embarazo en 2011, el mismo día que prácticamente por arriba de su casa, en el barrio Villa Alicia, frente a los campos de soja, pasó un avión fumigador. Ya tenía problemas en la piel. Y también su hija, que en ese momento tenía diez años, y su marido.
Ella fue la que denunció las fumigaciones sobre las poblaciones urbanas y que desencadenó en este fallo de la Justicia federal. "Me constituí como querellante y expuse mi identidad. Denuncié la manipulación de residuos peligrosos y así se comprobó que existe responsabilidad de los dueños de los campos de alrededor", manifestó oportunamente.
