Un estudio científico solicitado como prueba pericial en el caso de contaminación con agroquímicos en Pergamino demostró la eficacia de la restricción judicial que impide utilizar esas sustancias a una distancia menor a 1.095 metros en torno al área urbana. La medida cautelar de protección a la población, tras la denuncia por la detección de plaguicidas en el agua de las napas freáticas, fue implementada el 2 de septiembre de 2019 y desde entonces los análisis sucesivos indican que hubo disminución de los residuos de plaguicidas en el subsuelo y, por consiguiente, en la exposición de las personas a esos contaminantes.
El trabajo realizado por profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y presentado en la causa que tramita el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, recomienda además la reducción de las aplicaciones en dosis e intensidad en los sistemas productivos para disminuir la exposición ambiental a los plaguicidas.
Sobre ese punto, destaca la necesidad de una transición hacia sistemas agroecológicos y menciona resultados publicados internacionalmente por el equipo de profesionales de la Chacra Integrada Barrow (Tres Arroyos) y el Inta Balcarce “que demuestran que es posible producir cultivos extensivos aprovechando en mayor medida los procesos naturales y las interacciones beneficiosas para reducir el uso de insumos y mejorar la eficiencia de los sistemas agrícolas”. De este modo, esa información científica da por tierra con los planteos de los productores que argumentan que no existen métodos alternativos al sistema agroindustral para obtener altos rindes y que la tierra de los periurbanos, en las que se restringe la aplicación de químicos agrarios, quedaría ociosa ante la imposibilidad de sembrar.
El informe precisa que los resultados sobre plaguicidas en muestras de agua presentan un número variable de moléculas detectadas y cuantificadas a través del tiempo. En noviembre de 2018 se hallaron 18 moléculas en una misma muestra de agua, en otro informe fueron 12 y en el último muestreo se redujo a 9.
“Esta tendencia de reducción en los números máximos de moléculas por muestra de agua, así como la reducción en el número de moléculas detectadas en cada muestreo, podrían deberse a la medida cautelar dispuesta por el Juez en esta causa”, indica el documento y resalta que la decisión de Villafuerte Ruzo, de prohibir fumigar a una distancia menor a los 1.095 metros, “posee base científica proporcionada por los estudios del equipo de trabajo de Delia Aiassa (doctora en ciencias biológicas, profesora de citogenética y toxicología e investigadora del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto)”.
También se explica que distanciar las aplicaciones de las zonas de bombeo de agua contribuye a disminuir la probabilidad de que un plaguicida esté disponible para ser transportado verticalmente a través del perfil del suelo y alcance el agua subterránea. Esta es especialmente vulnerable a la contaminación persistente por plaguicidas “porque, a diferencia de los cuerpos de agua que fluyen, permanece relativamente más quieta. La contaminación por plaguicidas de estas fuentes de agua, da como resultado una exposición crónica a especies no objetivo y un riesgo significativo de resultados adversos para la salud”.
Con respecto a las moléculas cuantificadas, el estudio menciona a la atrazina (uno de sus metabolitos: desetil atrazina) y 2,4D, que aparecen en los tres muestreos. Además, surge en dos muestreos, moléculas de los insecticidas imidacloprid y clorpirifós y el herbicida metolaclor.
Con profusa referencia a bibliografía científica reciente, el documento presentado al juez destaca que “del grupo de plaguicidas, los herbicidas son los mayores contaminantes de las fuentes de agua potable. Atrazina es el herbicida más común en aguas superficiales y subterráneas de todo el mundo; es una sustancia química disruptiva endocrina que puede causar problemas reproductivos en especies animales y está asociada a bajo recuento de espermatozoides y retraso en el crecimiento intrauterino en humanos. El herbicida 2,4D es posiblemente carcinogénico (OMS, 2015)”.
Respecto de los insecticidas, describe que “el imidacloprid es un compuesto químico del grupo de los nicotinoides, con un alto potencial de lixiviación y escorrentía. Según el fabricante, sólo el 5% del imidacloprid aplicado, se esparce por el cultivo y el resto se disipa en el medio ambiente. El clorpirifós es un compuesto químico del grupo organofosforados, que se reconoce como la familia de plaguicidas más tóxica para las especies no objetivo, incluidos los seres humanos. Pueden transportarse en agua a grandes distancias desde su fuente de aplicación hasta depósitos de agua superficial y subterránea”. Además, cita estudios que indican que estos componentes se detectaron en la nieve, en la niebla y en el agua de lluvia.
En la lluvia
La deriva de plaguicidas, es decir la disipación no intencional de biocidas desde el lugar de aplicación hacia cualquier otro, “fue ampliamente documentada en Argentina y en el mundo. En Argentina se generó información respecto de la presencia de plaguicidas en muestras de agua de lluvia, lo que implica que al momento de producirse la lluvia los plaguicidas se encontraban suspendidos en el aire, próximos o no próximos, al lugar de aplicación”.
El aporte pericial también menciona el artículo científico francés publicado este año “Exposición a plaguicidas para residentes que viven cerca de tierras agrícolas: una revisión”. El objetivo fue identificar y analizar la literatura científica, publicada entre 2003 y 2018, que midió la exposición a plaguicidas en residentes no agrícolas que viven cerca de tierras agrícolas. Esta es la primera revisión que se centra en la exposición a plaguicidas no ocupacional en residentes que no son trabajadores rurales y que viven cerca de cultivos.
Si bien la exposición a plaguicidas puede darse por varias vías de contacto, los estudios proporcionan evidencia de que esta población está expuesta a niveles más altos de plaguicidas que los residentes que no viven cerca de tierras agrícolas. La revisión abarca más de 25 escritos científicos y “refuerza la idea de mantener distancia entre las aplicaciones de plaguicidas y las viviendas y escuelas rurales”.
Hacia la agroecología
Para ilustrar a quienes deben expresarse en materia judicial sobre el uso de biocidas en las explotaciones agrarias, la documentación que se agregó a la causa señala que “en el Inta se investiga sobre prácticas productivas que reducen o anulan la aplicación de agroquímicos como fertilizantes y plaguicidas. El estudio de Chacra Integrada Barrow e Inta Balcarce comparó la productividad agronómica, algunos parámetros de suelo vinculados a su calidad y los resultados económicos mediante un análisis multitemporal entre sistemas de agricultura industrial _como el actual_ y transición agroecológica. Los resultados demostraron que los parámetros de suelo evaluados mejoraron en el sistema de transición agroecológica (como aumento de materia orgánica) respecto de la agricultura industrial.
El margen bruto acumulado durante 6,5 años aumentó 244% en la transición agroecológica con respecto a agricultura industrial. Esto sugiere que el sistema de transición agroecológica propuesto podría ser aplicable en producciones extensivas con climas templados sin interferir con el sustento de los productores agrícolas y permite mejorar las condiciones del suelo.
Desde el Inta, además llevan adelante el acompañamiento de los productores que deciden emplear menos plaguicidas en sus sistemas productivos y realizar una transición hacia la producción agroecológica. Recientemente desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, se lanzó el Programa de Promoción de la Agroecológica, como una política pública concreta para acompañar y facilitar todas las herramientas con las que cuenta el Estado para que los productores de pequeña y mediana escala puedan diversificar sus producciones y hacerlas de forma amigable con el medio ambiente.
El caso
Tras la pérdida de un embarazo y numerosos problemas de salud de su familia, la abogada Sabrina Ortíz recorrió un doloroso e infructuoso camino para reclamar ante la justicia provincial el derecho a la salud y un ambiente sano. Fue así que decidió demostrar, con la ayuda de diversos organismos, que el agua que consumen en Pergamino contenía 18 agrotóxicos diferentes. La ecuación fue sencilla. Los acuíferos no obedecen a límites interprovinciales y por su carácter de interjurisdiccionalidad los conflictos deben ser atendidos por la Justicia Federal.
Luego de estudiar abogacía para litigar por sus propios derechos y los de sus familiares y vecinos, Ortíz llevó esta vez sus denuncias ante el Juzgado Federal de San Nicolás, donde aún continúan su trámite. En septiembre de 2019 el juez Villafuerte Ruzo resolvió aplicar como medida preventiva un área de exclusión total de 1.095 metros para las fumigaciones terrestres en todo el radio de la ciudad y de tres mil metros para las aéreas. Esa medida continúa vigente y ahora fue avalada por el mundo de la ciencia.
