Los semilleros multiplicadores y distribuidores de insumos agropecuarios reclaman un lugar en la discusión de una nueva Ley de Semillas. Advierten que, para construir un esquema viable, el gobierno debe convocar a todos los actores de la cadena, desde quienes desarrollan la genética hasta quienes la multiplican y la acercan al productor. El planteo acompaña el lanzamiento de una campaña nacional de la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (Fedia) para promover el uso de semilla fiscalizada.
“El gobierno dice que está hablando con los semilleros y los productores, pero con quien realmente está hablando es con los obtentores, que son los generadores de la genética”, sostuvo Gabriel Gonzalez, presidente de Fedia, en un comunicado difundido por la entidad.
La distinción ocupa el centro del reclamo. Mientras los obtentores desarrollan nuevas variedades, los semilleros multiplicadores se encargan de producir semillas a escala, bajo procesos que permiten garantizar su calidad, y participan de su distribución comercial. Desde la federación sostienen que ese trabajo, junto con los riesgos que supone, debe estar representado en las conversaciones sobre el futuro marco normativo.
La mesa de discusión
“Como semilleros multiplicadores tenemos que ser parte de la mesa de análisis y debate, ya que tomamos riesgos y somos los que garantizamos la distribución. Somos la conexión entre los obtentores y el productor. Y hoy no estamos siendo parte de la discusión”, afirmó Gonzalez.
El pedido se inscribe en una iniciativa que busca ampliar el uso de semilla fiscalizada. Bajo el lema “Semillas fiscalizadas, seguridad y calidad desde el origen”, la campaña digital reúne a las seis cámaras regionales que integran Fedia, con representación en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza.
La propuesta apunta a mostrar el trabajo que hay detrás de cada bolsa: planificación, tecnología, seguimiento del cultivo, cosecha, clasificación y preparación final. Según explicó la federación, estos procesos, fiscalizados por el Instituto Nacional de Semillas (Inase), permiten asegurar la identidad varietal, la pureza física, la sanidad y la calidad fisiológica de la semilla.
El uso de semilla fiscalizada
El margen para crecer es amplio, de acuerdo con el diagnóstico sectorial. Según datos del Inase citados en el comunicado, el uso de semilla fiscalizada en soja se ubicó en el 19,16% durante la campaña 2025/26.
Diego Villafañe, miembro de la Cámara de Distribuidores de Agroquímicos de Tucumán (Cadiat), consideró que ese nivel muestra un potencial de expansión frente a otros países productores. “Cerrar esa brecha nos permitirá dar un salto de competitividad y potencial productivo”, señaló.
Desde las cámaras también vincularon la fiscalización con la transparencia comercial y la trazabilidad. Sostuvieron que su utilización contribuye a un mercado legal y de calidad, al tiempo que promueve procesos productivos que contemplan el cuidado ambiental.
Para los multiplicadores, el desafío consiste en compatibilizar el reconocimiento a quienes desarrollan la genética con las condiciones necesarias para producirla y comercializarla. “El riesgo agronómico para producir semilla es muy alto”, advirtió Pablo Bertone, vicepresidente de Fedia.
“Queremos reconocer al obtentor, pero en una ley de semillas tienen que sentarse todos los eslabones de la cadena para encontrar un punto de equilibrio para que el sistema funcione”, expresó y, en esa línea, planteó que el objetivo debe ser mejorar la productividad, aumentar los volúmenes y bajar los costos.
