El juicio de Pergamino es considerado histórico porque por primera vez se discute en sede penal la responsabilidad por fumigaciones con agrotóxicos en zonas urbanas.
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La segunda audiencia del juicio por contaminación con agrotóxicos en Pergamino, realizada el jueves último en Rosario, dejó en claro que este proceso no es solo una discusión técnica sobre protocolos de fumigación, sino un debate sobre derechos humanos básicos: el derecho a la salud, al agua segura y a vivir sin miedo a enfermarse por la contaminación del entorno. En una jornada marcada por testimonios que conmovieron a la sala, las declaraciones de las vecinas Sabrina Ortiz y María Alejandra Bianco se convirtieron en el núcleo humano de un juicio histórico que busca establecer responsabilidades penales por las fumigaciones en zonas urbanas.
El juicio se originó en Pergamino, ciudad del norte bonaerense, donde vecinos denunciaron fumigaciones con agroquímicos en campos lindantes a barrios residenciales. La Justicia Federal de San Nicolás dictó medidas cautelares que prohibieron las pulverizaciones cerca de viviendas y ordenaron la distribución de agua embotellada en sectores afectados, al constatar que el agua de red no era apta para consumo.
Ahora, en Rosario, se desarrolla el proceso oral y público que reúne testimonios de vecinos, médicos, funcionarios y policías que participaron en allanamientos y constataciones. La segunda audiencia estuvo atravesada por relatos que pusieron en palabras el drama cotidiano de vivir rodeados de campos fumigados y el impacto sanitario que atraviesa a familias enteras.
En Pergamino "el daño ya está hecho"
Sabrina Ortiz, referente de la lucha contra las fumigaciones en Pergamino, volvió a recordar cómo las denuncias iniciales se transformaron en una causa judicial que hoy llegó a juicio oral. Su relato, cargado de datos y de vivencias personales, describió el impacto sanitario en su barrio, con casos reiterados de cáncer, leucemias y enfermedades autoinmunes. Subrayó que la contaminación no es una hipótesis, sino una realidad confirmada por estudios que detectaron glifosato y otros plaguicidas en el agua y en la sangre de vecinos que nunca tuvieron contacto directo con el campo. Ortiz también relató las dificultades para que las autoridades municipales reconocieran la gravedad de la situación.
Recordó reuniones con funcionarios que minimizaron los hechos y la falta de respuestas concretas, más allá de la distribución de agua embotellada que tuvo que ser ordenada por la Justicia. “No alcanza con repartir bidones. El daño ya está hecho y sigue apareciendo gente enferma”, sostuvo, en una frase que resonó en la sala y sintetizó la persistencia del problema.
El testimonio de María Alejandra Bianco fue uno de los momentos más conmovedores de la audiencia. Vecina del barrio Santa Julia, narró con detalle el calvario de su familia. Su hijo Benjamín, diagnosticado con púrpura trombocitopénica a los 17 años, fue sometido a quimioterapia en La Plata. Su hijo Ignacio fue operado por un cáncer de tiroides grado cinco y sometido a tratamientos con yodo radiactivo durante cuatro años. Su pareja Sergio Caputi falleció en 2020 por cáncer de páncreas e hígado. Bianco relató cómo, tras esas experiencias, comenzó a registrar los casos de sus vecinos.
Armó un censo casero con nombre, DNI y firma, que reveló más de 40 personas enfermas en una sola manzana: cáncer de mama, de intestino, de lengua, leucemias, tumores cerebrales. “Me di cuenta de que no era mi casa, era el barrio entero”, dijo, al contar cómo ese relevamiento fue entregado al intendente de Pergamino, quien nunca lo leyó, y luego al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, que sí lo incorporó a la causa.
Su relato incluyó escenas cotidianas que ilustran la presencia de los agroquímicos: el olor penetrante que obligaba a cerrar ventanas, la recomendación médica de dejar de consumir agua de la canilla, la constatación de glifosato en su propia sangre pese a haber vivido siempre en la ciudad. “No puede ser casual que en una misma cuadra haya tantos enfermos. Esto es contaminación”, afirmó, en otra frase que quedó registrada como síntesis del drama colectivo.
Tras las voces vecinales, la audiencia escuchó a policías que participaron en los procedimientos judiciales. El subcomisario retirado Victoriano Isaac Guari recordó los allanamientos en campos y viviendas linderas, la toma de muestras de agua y suelo, y la constatación de maquinarias de fumigación como el “mosquito” y mochilas pulverizadoras.
Señaló que las muestras fueron remitidas a laboratorios especializados, y que se cuidó la cadena de custodia y la cadena de frío. También mencionó la custodia policial a una “doctora” que había recibido amenazas, y el secuestro de armas en uno de los procedimientos.
El oficial Mauro Federico Garay confirmó allanamientos en campos y en la Municipalidad de Pergamino, con secuestro de documentación y recetas agronómicas que detallaban aplicaciones de agroquímicos entre 2017 y 2018. Reconoció su firma en actas y relató denuncias vecinales por fumigaciones, aunque admitió no haber constatado personalmente pulverizaciones en curso. Su testimonio reflejó la tensión entre la memoria difusa de los procedimientos y la contundencia de los documentos incorporados a la causa.
Las objeciones
La jornada estuvo atravesada por objeciones, pedidos de aclaración y exhibición de actas para refrescar la memoria de los testigos. Los fiscales y querellantes insistieron en precisar fechas, lugares y responsabilidades, mientras que las defensas buscaron relativizar la contundencia de los relatos. El presidente del tribunal debió intervenir en varias oportunidades para ordenar el intercambio y garantizar que las preguntas fueran respondidas.
En ese marco, la diferencia entre los testimonios técnicos y los relatos vecinales fue evidente. Mientras los policías apelaban a protocolos y a recuerdos fragmentados, las vecinas ofrecieron narraciones vívidas, cargadas de nombres, fechas y consecuencias concretas. Esa tensión marcó el pulso de la audiencia y dejó en claro que el juicio no se limita a cuestiones técnicas, sino que involucra vidas atravesadas por la enfermedad y la pérdida.
Un debate histórico
El juicio de Pergamino es considerado histórico porque por primera vez se discute en sede penal la responsabilidad por fumigaciones con agrotóxicos en zonas urbanas. La causa busca establecer si los productores y aplicadores violaron normas ambientales y medidas cautelares, y si esa conducta generó daños a la salud de los vecinos.
La audiencia de este jueves en Rosario mostró que la prueba no se limita a documentos y protocolos, sino que incluye testimonios que revelan el impacto humano de la contaminación. Las voces de Ortiz y de Bianco sintetizaron ese impacto: barrios enteros con vecinos enfermos, familias devastadas, una ciudad que debió recibir agua embotellada por orden judicial. Sus relatos, cargados de dolor y de datos, se convirtieron en el corazón de la audiencia y en el recordatorio de que detrás de cada expediente hay vidas concretas.
La segunda audiencia del juicio de Pergamino dejó en claro que el proceso no es solo una discusión técnica sobre protocolos de fumigación, sino un debate sobre derechos humanos básicos. Los testimonios vecinales estremecieron a la sala y marcaron el rumbo de un juicio que, más allá de su resultado, ya es un hito en la historia judicial argentina. El contraste entre la memoria difusa de los policías y la precisión de las vecinas mostró que la verdad no siempre se encuentra en los documentos, sino en las voces que se animan a contar lo que vivieron. En Rosario, esas voces se escucharon con fuerza y dejaron una huella que difícilmente pueda ser ignorada. El debate continuará el próximo 25 de febrero desde las 9, en los Tribunales Federales de Rosario de Oroño 940.
