Tras gestiones municipales, las fuerzas de seguridad desmantelaron un reducto que tenía en vilo a todo un barrio de la zona sur de la ciudad
Por Ruth Oitana
El lugar donde vivían varias familias en condiciones de hacinamiento, era epicentro de hechos de violencia que mantenían aterrados a los vecinos del barrio del sur de El Trébol.
La intendenta, Natalia Sánchez, decidió solicitar intervención de la Justicia y las fuerzas de seguiridad, ante los reiterados reclamos de los vecinos de la manzana 93.
En un hecho sin precedentes en la región, la Municipalidad de El Trébol, junto a las fuerzas de seguridad, desmantelaron una edificación precaria situada en la Manzana 93 de esta ciudad, al que la gente del barrio y las autoridades consideraban como un lugar peligroso.
“Tras años de conflictos de todo tipo en ese lugar, con los vecinos aterrados y cientos de denuncias por hechos de violencia, tenencia de armas de fuego y disturbios de todo tipo, el Municipio resolvió poner punto final a un conflicto que alteraba la paz del vecindario y preocupaba a las familias del lugar”, indicaron desde el Ejecutivo municipal.
“En esa edificación, precaria y carente de todo tipo de servicios básicos, convivían en condiciones extremas, decenas de familias, en la peor condición higiénica que se pueda imaginar”, explicó la intendenta Natalia Sanchez.
La manzana 93 fue tristemente célebre en la ciudad, por los hechos de inseguridad, violencia, tiroteos y siempre fue identificada como un epicentro peligroso, a pesar de vivir en ese sector, muchas familias trabajadoras.
Por los numerosos tumultos y hechos delictivos que se registraban en el lugar, los reclamos de la gente del vecindario se hacían escuchar aunque con cautela, por el miedo a represalias. Así que, el municipio decidió actuar.
Al respecto, Sanchez, manifestó: “No miramos al costado y no desestimamos cuestiones que le hacen mal a la ciudad. Decidimos enfrentar esta situación de muchos años y de tanto insistir ante todos los organismos, trabajamos en equipo con el Ministerio de Justicia, el senador Esteban Motta y las fuerzas policiales”.
La mandataria resaltó que “con ese equipo de trabajo se logró allanar este lugar habitado por delincuentes que se había convertido en un foco de inseguridad. Los vecinos se encontraban inmersos en tiroteos, los niños no podían salir a la calle y convivían con el miedo”.
“Es muy triste lo que se vivía. Esta vivienda, que era ilegal y no estaba habilitada, albergaba a personas en situación de hacinamiento, sin luz, sin baños”, expresó Sachez y agregó: “Era un conventillo en condiciones infrahumanas. No se podía vivir ahí. Desde el área social, nos hicimos cargo de aquellas personas que quieren vivir bien, pero no de quienes alteran la paz de esta ciudad”.
La jefa municipal agradeció a los funcionarios locales "que hicieron todo lo que tenían que hacer y a las fuerzas de seguridad que nos respaldaron. Queremos una ciudad segura y en paz”.
El allanamiento seguido del desmantelamiento del edificio, fue amparado por la Justicia y el gobierno de Santa Fe, que tomó cartas en el asunto.
“Nos apoyó el gobierno provincial, que quiere una provincia segura. Nos acompañó infantería, la comisaría y la Unidad regional XVIII. Cada acción fue avalada por el Ministerio de Justicia. Tanto el allanamiento como la destrucción de un lugar que estaba con riesgos estructurales muy visibles”, indicó Sanchez.
El día del operativo, sólo quedaban las personas sindicadas como “administradores” del reducto, siembre envueltos en todo tipo de conflictos y una familia más. “Sólo quedaban dos familias de las más de 20 que hubo”.
La intendenta relató que “durante meses fuimos hablando con una y otra familia para conseguirles un lugar digno para vivir y en el día del allanamiento sólo quedaban dos familias en el lugar. La gente que vivía ahí estaba en riesgo, como el barrio y la comunidad”.
La intendenta consideró además que ahora “los vecinos de la manzana 93 van a vivir en paz. Recibí muchos mensajes de familias agradecidas que me decían que sus hijos ahora iban a volver a jugar al fútbol en la calle de manera tranquila”.
Por su parte, Flavia Sosa, directora de la Agrupación de Unidades de Orden Público, indicó: “Recibimos el pedido del municipio, agrupamos al personal de la Unidad Regional XVIII, Infantería, Comisaría IV y Comisaría II. Se hizo el operativo junto a personal de tránsito. Se habló con las familias y las asistentes sociales jugaron un excelente papel. Se cargaron las pertenencias de las familias en camiones y se llevaron a los lugares que ellos nos asignaron”.
Sosa contó además que “al principio hubo resistencia de unas personas. El fiscal nos ordenó proceder a la aprehensión de las mismas por desobediencia porque había una orden del Juez que había que cumplir y después recuperaron la libertad. No recuerdo en el departamento San Martín que haya habido algo así y marca un precedente. El compromiso de esta municipalidad dio un gran fruto”.
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