La normativa y el análisis de los especialistas del Derecho

Según los especialistas, con esta iniciativa se destruye la esencia y sistema de la ley 10.000, un instrumento legal sancionado en 1986, vigente desde 1987, que se anticipó no sólo a la legislación sobre intereses difusos y colectivos asociada a temas ambientales y de protección del usuario y consumidor, sino a la reforma constitucional de 1994 y por la que Santa Fe fue reconocida en el país y América latina por estar a la vanguardia de la legislación protectoria de los derechos colectivos fundamentales.

Además, los especialistas afirman que "subyace un intento por descomprimir, obturar, restringir o minimizar los reclamos de la sociedad organizada contra decisiones, actos u omisiones del Estado (en especial el provincial) en temas que poseen una alta sensibilidad social y en donde grupos de personas provenientes de la sociedad civil reclaman y luchan por la exigibilidad y goce de sus derechos fundamentales, siendo ello al mismo tiempo, una posibilidad de ejercer un control popular con trámite jurisdiccional de lo que hace o dejan de hacer los representantes políticos, especialmente aquellos que administran los poderes ejecutivos con rango provincial, municipal y comunal".

Si, como se desprende de los fundamentos del proyecto de reforma, lo que se busca es evitar que prosperen un "interés individual travestido como interés de la comunidad" es necesario, según los especialistas, recordar usos abusivos. Una norma tiene como freno no la solución que se propugna, sino, la negativa de los jueces a dar curso a cuestiones objetivamente improcedentes conforme las facultades que emanan de la Constitución y la legislación sobre la administración de Justicia.