La Corte Suprema bonaerense dejó firme una sentencia contra la agroquímica por daño ambiental, efluentes industriales y controles estatales insuficientes. El fallo reaviva los reclamos por una investigación integral sobre el impacto en el río y en la población cercana.
Foto: Greenpeace
Atanor relocalizará las operaciones que lleva adelante en San Nicolás luego de que se detectaran vertidos clandestinos de líquidos industriales.
La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirmó que la planta que la empresa de agroquímicos Atanor tiene en San Nicolás contaminó de manera irreversible el río Paraná. El fallo deriva de una denuncia por parte de una asociación civil, que expuso y argumentó irregularidades sistemáticas tanto en la cadena de producción de la firma como en los controles que se tendrían que haber desarrollado por parte de las autoridades bonaerenses.
El fallo del máximo tribunal bonaerense dejó firme una sentencia contra Atanor por daño irreversible al río Paraná, a la altura de San Nicolás. El proceso judicial comenzó hace 12 años y el máximo tribunal comenzó a tratar el caso en agosto de 2023, pocos meses antes de la explosión de un reactor en la planta que dejó un operario herido y obligó a evacuar el barrio circundante, en donde se registraron desde vecinos con síntomas respiratorios hasta manchas blancas en plantas, autos y veredas.
La empresa interpuso un recurso ante la Corte, que rechazó la medida y dejó firme la sentencia en su contra en la que se la responsabilizó por contaminación del río Paraná con efluentes industriales derivados de su actividad.
Recientemente, Greenpeace Argentina reveló que se encontraron residuos de agroquímicos y de productos degradantes vinculados a la actividad de Atanor en descargas pluviales que desembocan en el río Paraná. Esto surgió a partir de análisis realizados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente del Conicet sobre muestras recolectadas entre febrero y abril de este año por la Autoridad del Agua (ADA) bonaerense.
"La decisión constituye el capítulo más reciente de un conflicto ambiental que lleva décadas y que involucra a una de las principales industrias químicas instaladas en el corazón urbano de San Nicolás, a escasa distancia de barrios residenciales y a orillas del río Paraná", indicó a La Capital el abogado Fabián Maggi, que representó a la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, denunciante de Atanor.
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El letrado manifestó que el pronunciamiento de la Corte Suprema bonaerense "adquiere una relevancia todavía mayor frente a nuevos episodios de contaminación detectados durante 2026 y a los crecientes interrogantes sobre la extensión del daño ambiental y la dudosa eficacia de los controles desarrollados por los organismos provinciales".
Entre los compuestos detectados, se encuentran glifosato, AMPA —principal producto de degradación del glifosato—, atrazina y distintos metabolitos asociados a este herbicida. Una de las muestras registró concentraciones extremadamente elevadas de Atrazina-Hidroxi.
En concreto, indicó que el tribunal dio por acreditada la contaminación del Paraná a partir de los argumentos esgrimidos por la asociación civil, que permitieron detectar la presencia de atrazina (agroquímico industrial) en cantidades por encima de lo permitido, que causaron la afectación integral del río, así como los tratamientos insuficientes por parte de Atanor para eliminar esos compuestos.
En ese sentido, el abogado planteó: "Durante décadas, miles de personas han vivido alrededor de un complejo químico instalado dentro de la ciudad y junto a uno de los cursos de agua más importantes del país. La sentencia obliga ahora a formular una pregunta elemental: si la propia Justicia comprobó que existieron contaminación, irregularidades empresariales y controles estatales insuficientes, ¿cuál fue la verdadera extensión territorial y temporal de esa contaminación y qué medidas se adoptaron para determinar sus posibles consecuencias sobre el ambiente y la población circundante?".
Maggi sumó que el fallo de la Corte también ponderó el "marco de ilegalidad" en el que funcionaba la empresa y las "graves deficiencias en la actuación de organismos provinciales encargados de controlar una actividad industrial de alto riesgo ambiental".
"Entre los aspectos más preocupantes, la sentencia señala expresamente la falta de controles suficientes por parte de la Autoridad del Agua y del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, organismos que no verificaban todos los compuestos relacionados con la actividad desarrollada por Atanor", agregó.
La falta de controles no es un posible escenario o una situación hipotética: este año, tras varios episodios de contaminación registrados en las adyacencias de la planta, uno de ellos incluso con una fiscalización de la ADA que detectó una conexión clandestina, se registraron nuevos hallazgos de sustancias contaminantes en sistemas pluviales de San Nicolás y problemas con agua destinada al consumo de los vecinos.
El abogado remarcó la necesidad de comenzar a magnificar el daño que produjo la industria química a la zona, sobre todo a partir de los parámetros que se utilizan legalmente para marcar cuándo se da la contaminación y cuándo no. Del fallo de la Corte se desprende que si bien no existe una norma obligatoria específica al respecto, esto no impide que se usen niveles guía o estándares técnicos para proteger el ambiente y prevenir daños.
"Esta definición resulta fundamental para una ciudad que todavía necesita respuestas claras sobre la dimensión real de la contaminación histórica, la presencia de sustancias químicas en diferentes componentes ambientales y la eficacia de las medidas adoptadas para evitar la continuidad o expansión del daño", expresó Maggi. Y reforzó esto al asegurar que San Nicolás es "un territorio atravesado por una larga historia de actividad química, contaminación ambiental y deficiencias de fiscalización que, ahora, han sido expresamente reconocidas por el máximo tribunal provincial", para resaltar que la contaminación por la actividad de Atanor ya no queda en denuncias de vecinos o reclamos de organizaciones ambientalistas, sino que "forman parte de una realidad judicialmente acreditada".
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"Si durante años existieron contaminación, controles insuficientes y una población viviendo en las inmediaciones de una industria química de alto riesgo, el Estado tiene ahora la obligación de explicar hasta dónde llegó esa contaminación, cuánto tiempo persistió, qué sustancias permanecen actualmente en el ambiente y qué medidas concretas se adoptarán para proteger a quienes viven en el territorio afectado. Después de esta sentencia ya no alcanza con controlar algunos puntos, analizar algunas sustancias o producir informes administrativos aislados. San Nicolás necesita una investigación ambiental integral, independiente y transparente que permita conocer la verdadera dimensión de una contaminación histórica que durante demasiado tiempo convivió, y aún convive, con la ciudad", manifestó el abogado.
Actualmente, Atanor se encuentra en proceso de relocalización de su planta luego de que la Justicia ordenara la suspensión definitiva de la producción de agroquímicos en la planta de San Nicolás. El desmantelamiento, limpieza y movilización de la producción es algo sobre lo que también pusieron la lupa tanto desde Greenpeace como desde el Foro Medioambiental San Nicolás (Fomea), quienes pidieron conjuntamente que el proceso se desarrolle bajo un riguroso monitoreo y control ambiental adecuado.
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