Una empleada de la Municipalidad de Firmat denunció en la Justicia que fue abusada sexual, física y psicológicamente en su lugar de trabajo por un hombre con el que compartía el espacio laboral y que además pertenece al Sindicato de Empleados Municipales de esa ciudad. Luego de dos años de licencia médica por episodios de angustia y sin que el acusado fuera investigado de manera interna o separado de su cargo, le informaron que resolvieron su cesantía.
La víctima hizo la denuncia penal el 15 de agosto de 2019 y luego la amplió, por diferentes hechos de violencia física y sexual y hostigamiento laboral y psicológico. Allí se describe en sus palabras que Enzo Juárez, "durante mi jornada de trabajo, me forzó contra mi voluntad, física y sexualmente". Desde ese momento se pidió licencia. La cesantía fue avisada el 1 de julio de este año.
A la investigación la lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación. Están a la espera de una fecha para el juicio que deberá disponer la Oficina de Gestión Judicial. Este lunes se sorteó el tribunal que llevará adelante el debate, el cual, de ser ratificado, estará conformado por los jueces Pabla Verónica Borello, Leandro Maximiliano Martín y Mauricio Antonio Clavero. Aunque no fue confirmado, se especula con que el juicio oral y público contra el acusado comience a principios del año próximo, pero hasta que ello se defina, la víctima además debe lidiar con lo que significa haber perdido su empleo.
El hombre acusado, quien se desempeña como secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Firmat e integra el consejo directivo de la Federación de Sindicatos Municipales (Festram)- siempre estuvo en libertad, nunca fue detenido, aunque tiene impuesta una medida de distancia contra la víctima.
Las abogadas, Carolina Walker Torres y Rebeca Di Battista -quienes representan a la mujer- hicieron una presentación a principios de agosto de un recurso de reconsideración del caso al intendente de Firmat, Leonel Maximino, y “hasta el momento no recibieron respuestas”.
En el documento se explica que fue un médico psiquiatra quien por el trauma infringido le indicó a la mujer la licencia médica y además solicitó “el urgente alejamiento de mi puesto de trabajo, con el objeto de disminuir el estado permanente de alerta, angustia y temor que generaba la posibilidad de encontrarse con el sujeto referido, por lo que no era posible física y emocionalmente cumplir con las tareas”.
Sin asistencia
También se alerta y reclama que la Municipalidad de Firmat no brindó asistencia alguna a la víctima. "No ha efectuado la correspondiente denuncia por ante el Ministerio Público Fiscal, ni ha dispuesto investigación interna alguna para esclarecer los hechos anoticiados, ni cumplido el protocolo de actuación dispuesto para casos análogos (Ley Micaela)”, sostienen las abogadas y la víctima.
“Tampoco procuraron reubicarme en otro sector lejos del victimario, ni ha dado tratamiento al evento dañoso como de “accidente de trabajo” a fin de que me sean concedidas las prestaciones en dinero y en especie previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo”, agregaron.
Según el relato de la mujer, “el abuso sexual, la violencia psicológica y el hostigamiento laboral perpetrado por Juárez a mi persona no constituyen una enfermedad inculpable, son hechos violentos absolutamente repudiables, acontecidos nada menos que en mi propio lugar de trabajo”.
En esta línea denunciaron que el accionar de llevar adelante la cesantía profundiza el daño ya hecho por un empleado municipal. En este sentido, indican que son responsables de ejercer violencia institucional y laboral por parte de los empleadores.
Así solicitaron que se deje sin efecto la cesantía y que realicen la denuncia correspondiente a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. El objetivo es “restablecer la dignidad humana, trabajo e integridad psicofísica” de la víctima.