La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) solicitó al gobierno provincial que convoque a la comisión paritaria a los fines de abordar la problemática económica y financiera de los municipios y comunas, "y discutir la política salarial 2020 sin deteriorar, más aún, el poder adquisitivo del salario de nuestro sector laboral".
La entidad sindical, en noviembre del año pasado, ofreció a los intendentes y presidentes comunales un conjunto de propuestas que permiten reducir los costos laborales sin alterar el poder adquisitivo del salario y reordenar el sistema de seguridad social en su conjunto. Oportunamente se pusieron a consideración diversas alternativas de tipo fiscal, coparticipación y medidas de carácter financieros para proteger a las administraciones locales de la crisis inducida por las políticas del gobierno de (Mauricio) Macri.
El titular de Festram, Claudio Leoni, recordó que el gremio convocó a un acuerdo social responsable y entiende que el único ámbito institucional que reúne a los representantes de los municipios y comunas, gobierno provincial y trabajadores, es la comisión paritaria. Asimismo el dirigente gremial sostuvo que "de la crisis se sale con diálogo o no se sale y cuando no se sale de las crisis se entra en conflicto".
El incremento salarial correspondiente a noviembre (4,1 por ciento) ya se abonó con los salarios de diciembre y su proporcional de aguinaldo. Por ello Festram ratifica que, con la liquidación del 3,8 por ciento de aumento a aplicar en los haberes de enero, se finaliza con el cumplimiento del acuerdo salarial de 2019.
El incremento del 3, 8 por ciento a abonarse con la política salarial del mes en curso, surge de la variación del índice del precio al consumidor, correspondiente a diciembre de 2019, porcentaje elaborado y publicado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, que arrojó un 53,1 por ciento de inflación acumulada en el período de enero a diciembre de 2019.
Este procedimiento se aplica en cumplimiento al punto 4º, del acta paritaria firmada del 09 de abril del año pasado. Cualquier modificación resulta ilegal e inconstitucional, dado el componente jurídico de la Ley 9.996.
El municipio envió al Concejo el proyecto para adherir a la ley provincial que prohíbe la actividad de los trapitos. Contempla multas de hasta $907.600, tareas comunitarias e intervención policial para retirar a los trapitos de las calles.
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