Critican la difusión del análisis a un médico santafesino

La defensa de Fernando Alarcón, el médico del Sanatorio Mayo de la ciudad de Santa Fe acusado de mala praxis en perjuicio de una mujer fallecida el pasado 24 de enero, solicitó a la fiscal de la causa que cite a declarar al abogado de la familia de la víctima tras una serie de afirmaciones difundidas por medios de comunicación.

La solicitud, que lleva la firma de los abogados Ignacio Alfonso Garrone y Romeo Díaz Duarte, pidió a la fiscal Milagros Parodi que el letrado Matías Lassaga sea citado para que preste declaración en torno a cómo tuvo acceso a la evidencia del caso. Vale recordar que el letrado difundió a través de la prensa que el examen de orina que le fue realizado al médico Alarcón, en momentos en que se encontraba detenido, dio que tenía rastro de cocaína.

Ese peritaje fue el que principalmente cuestionó la defensa a lo largo de su detención ya que el mismo, según explicaron Díaz Duarte y Alfonso Garrone, se llevó a cabo en la comisaría 12 de Santo Tomé, a la medianoche, y sin la participación de la defensa, lo cual creen los defensores invalidaría todo el procedimiento.

"Atento a las expresiones realizadas por el profesional confirmando la presencia de cocaína en sangre de nuestro defendido, solicitamos que sea citado a sede fiscal con el objeto de brindar testimonio acerca de su acceso a dicha evidencia", sostiene el escrito presentado en la mañana del miércoles en Fiscalía.

El planteo de los letrados penalistas surge en razón de que ninguno logró tener acceso al legajo de la investigación ya que el mismo Alarcón nunca fue imputado por el primer fiscal de la causa, Roberto Apullán, que fue el que ordenó su detención horas después del suceso en el sanatorio.

"Existiendo la posibilidad de que fuerzas policiales divulguen de manera ilegítima la información —lo que podría significar un delito—, estando vedado asimismo el acceso a las evidencias de quienes suscriben, solicitamos sea citado en forma urgente con objeto de brindar explicaciones correspondientes", agrega el escrito.

"La gravedad del asunto está enmarcada en que de no conocerse intervención en el resultado final de muerte de la pretensa víctima por parte de Alarcón (en base a los testimonios y la autopsia), el Ministerio Público Fiscal o el personal policial estaría investigando y coadyuvando en la difusión de supuestas conductas personales de un ciudadano, lo cual vulnera el estado de derecho", cuestionaron los abogados.

Por último, los abogados pidieron a la fiscal Parodi poder tener "acceso a las actuaciones con el objeto de poder controlar la información que circula en los medios periodísticos".

El caso fue remitido desde el lunes a la fiscal de Investigación y Juicio, Milagros Parodi. Anteriormente, el expediente estuvo en manos del fiscal de flagrancia, Apullán, quien el pasado 24 de enero dispuso que el médico sea detenido para que se le lleven a cabo los correspondientes exámenes.

Aquella mañana, Alarcón fue filmado por el hijo de la mujer fallecida por medio de un teléfono celular, lo cual rápidamente se viralizó por las redes sociales y causó un gran impacto en la opinión pública.