En dos años, el monto máximo pasó de $15.000 a casi $3.500.000 y en sólo tres meses, se incautó del tráfico casi la misma cantidad de animales que en todo 2025
Las tortugas son uno de los animales más traficados junto a los loros habladores.
El gobierno provincial estableció, a través de la resolución 36/2026 del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, un incremento en las sanciones por delitos contra la fauna en Santa Fe. Las multas no se actualizaban desde 2013 por cuestiones burocráticas y el monto mínimo, hacia 2023, era de apenas 188 pesos.
Las actualizaciones en este tipo de sanciones comenzaron a darse en 2024 tras once años sin modificaciones en los montos. Así, la multa mínima, fijada en apenas $188,9, pasó a $32.948,3 y, ahora, a $41.485. En tanto, el monto máximo, fijado en 2013 en $15.738,7, se incrementó a $2.745.177,8 primero y a $3.456.434,8 ahora.
Los nuevos montos se dan en un marco en el que los delitos contra la fauna no cesan en Santa Fe. Datos del Ministerio de Ambiente aportados a La Capital indican que en apenas tres meses, se incautó casi la misma cantidad de animales provenientes del tráfico que en todo 2025: van 552 en lo que va del 2026, con un gran decomiso de loros habladores por parte de Gendarmería en la ruta 34, contra 677 durante todo el año pasado a lo largo de 91 procedimientos.
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Las multas, anteriormente, debían actualizarse con un decreto del gobernador. Desde 2023, las mismas se modifican a través de una resolución ministerial y se basa en indicadores del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), aunque la idea es, a futuro, establecer unidades fijas (UF) como ocurre, por ejemplo, con las multas e infracciones de tránsito. Cada UF equivale a un litro de nafta súper de YPF.
Los principales delitos contra la fauna en la provincia, explicó a La Capital el secretario de Biodiversidad provincial, Alejandro Luciani, son diversos incumplimientos en temporadas de caza habilitada y tráfico de especies desde otras provincias, entre otros.
A los montos máximos se puede llegar ante una sumatoria de infracciones distintas porque las variables para determinar las multas son diversas. Pero sí hay casos, como los decomisos de fauna en situación de tráfico ilegal, que se llevan las sanciones más severas y que pueden ser acompañadas por una causa penal. El funcionario expresó que el pago de este tipo de infracciones permite afrontar, posterior a a la incautación, el proceso para reinsertar a los ejemplares en sus hábitats.
"Las infracciones más comunes son cazar sin carnet, fuera de temporada, en campos que no están habilitados y por encima de la cantidad permitida (de ejemplares por persona)", explicó Luciani, para agregar que la caza está prohibida en Santa Fe, con excepción de ciertas especies en detereminados períodos del año.
Por ejemplo, está permitida la caza de palomas y cotorras durante todo el año, excepto enero y febrero. En mayo comienza la temporada de caza de patos, para la que, actualmente, hay en marcha un relevamiento desde el Ministerio de Ambiente para determinar si se habilitará y en caso de hacerlo, bajo qué condiciones y para qué especies. Mayormente, indicó, son entre 3 y 4 cuatro ejemplares como máximo por persona.
Las situaciones que generan las multas más elevadas son las vinculadas al tráfico de fauna. Santa Fe, por su conexión con el norte del país, es un nexo directo entre el hábitat de las tortugas y los loros habladores (los animales más traficados, especificó Luciani), y Buenos Aires.
"En cuestiones de tráfico, las multas son mucho más grandes. Hace poco, detectamos varios camiones que iban con un montón de fauna silvestre para su comercialización, que está prohibida", explicó.
Ante casos así en los que el tráfico proviene de otra provincia, cada jurisdicción puede intervenir amparándose en la ley nacional Nº 22.421 de conservación de la fauna. Y particularmente Santa Fe puede encarar procesos de rehabilitación de animales decomisados en el Centro de Rescate La Esmeralda, que es público.
Tras un período de varios análisis tanto clínicos como de comportamiento, se evalúa la manera y el lugar para la reinserción de los animales decomisados en sus hábitats naturales previo contacto con las provincias en las que, eventualmente, pueden liberarse los ejemplares. De todos modos, no todos los animales pueden volver a sus hábitats.
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Las denuncias de particulares son parte de las maneras que tienen las autoridades para dar con quienes crían, acopian y comercializan fauna sin permiso, aunque también son frecuentes los controles en rutas, en los que se encuentran animales silvestres en situación de tráfico. Desde el Ministerio de Ambiente señalaron que sólo el 10% de los animales traficados sobrevive por las pésimas condiciones en las que son trasladados.
La audiencia había sido postergada a pedido de su defensa por problemas de salud. La mujer, de 88 años, debe declarar ante la Justicia federal en la causa por sustracción de identidad
Por Elbio Evangeliste
