En medio de la marcha universitaria, el gobierno volvió a reclamar auditorías. Qué organismos controlan a las universidades y por qué hay una disputa con Milei
Foto: Marcelo Bustamante / La Capital
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En la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria, el gobierno de Javier Milei y sus militantes volvieron a instalar uno de los principales argumentos que utilizan frente al conflicto presupuestario con las universidades públicas: las auditorías. Hay una idea que se repite en redes sociales y discursos libertarios que argumenta las universidades nacionales “no se dejan auditar”.
Pero ¿cómo funcionan realmente los controles sobre las universidades? ¿Quién las audita? ¿Qué organismos intervienen? ¿Y qué es lo que discuten el Gobierno y las casas de estudio?
La ley de Educación Superior establece que las universidades nacionales deben tener mecanismos de control y auditoría interna. Además, el artículo 59 bis de esa norma determina que el control administrativo externo corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo que depende del Congreso y no del Poder Ejecutivo. Es decir: las universidades nacionales sí están sujetas a auditorías.
La discusión actual no pasa por la existencia o no de controles, sino por quién debe realizarlos, con qué alcance, con qué frecuencia y si el gobierno nacional puede intervenir directamente.
La AGN es el organismo encargado del control externo de las universidades públicas y de distintos sectores del Estado. Sus auditorías son “ex post”, es decir, posteriores al período analizado. Por ejemplo, una auditoría realizada en 2024 puede revisar ejercicios presupuestarios correspondientes a años anteriores.
Las universidades no son auditadas todas juntas ni todos los años. La AGN selecciona organismos y áreas según criterios de materialidad y riesgo, dentro de un plan anual que luego debe aprobar una comisión parlamentaria mixta integrada por diputados y senadores.
En 2025, por ejemplo, la AGN auditó tres facultades de la UBA: Medicina, Derecho y Ciencias Económicas. Los resultados se publicaron durante 2026.
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El gobierno nacional sostiene que las auditorías existentes son insuficientes y que hay demoras en la rendición de cuentas. En 2024, Capital Humano afirmó que “el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no habían sido rendidos” y cuestionó especialmente a la Universidad de Buenos Aires.
Además, el oficialismo sostiene que la cantidad de auditorías realizadas por la AGN sobre universidades es baja en relación con el volumen de fondos públicos que manejan.
Ese argumento se convirtió en uno de los ejes políticos utilizados para responder a las movilizaciones universitarias y justificar pedidos de mayor control estatal.
Uno de los principales puntos de disputa es el rol de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo de control interno que depende directamente del Poder Ejecutivo.
Durante años, la interpretación legal dominante sostuvo que la SIGEN no podía auditar universidades nacionales porque eso afectaría la autonomía universitaria garantizada por la Constitución.
De hecho, un dictamen firmado en 2022 por la Procuración del Tesoro, durante el gobierno de Alberto Fernández, ratificó ese criterio.
Sin embargo, en octubre de 2024, la Procuración, ya bajo el gobierno de Milei—, cambió esa interpretación y sostuvo que la SIGEN sí puede intervenir en controles sobre universidades nacionales.
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Las universidades rechazaron esa postura. La UBA respondió públicamente que las universidades son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo, por lo que la SIGEN “no tiene competencias para controlarlas”.
Además de los controles externos, las universidades tienen sus propios sistemas de auditoría interna. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires cuenta con la AGUBA (Auditoría General de la UBA), que produce informes sobre facultades, hospitales universitarios y dependencias administrativas.
Estos equipos utilizan normas similares a las de la SIGEN, aunque sus autoridades son designadas por rectorados y consejos superiores universitarios.
La discusión sobre auditorías se da en paralelo al conflicto por el financiamiento universitario, los salarios docentes y el presupuesto de las casas de estudio.
El gobierno de Milei vetó la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso y sostiene que el sistema necesita “más eficiencia”.
Del otro lado, rectores, docentes y estudiantes denuncian que el debate sobre auditorías se utiliza políticamente para desacreditar el reclamo presupuestario y justificar el ajuste sobre las universidades públicas.
En ese escenario, el término “auditoría” terminó convirtiéndose en una de las palabras más repetidas del conflicto universitario, aunque muchas veces sin explicar cómo funcionan realmente esos controles.
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