Un comunicado de la junta interna de trabajadores de la sede local de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe señala que fueron “criminalizados” por el tratamiento mediático del caso de los tres niños que denunciaron haber sido víctimas de malos tratos dentro de un Dispositivo de Alojamiento Transitorio (DAT), situaciones que ellos mismos vienen alertando y denunciando en un marco de precariedad laboral y escaso presupuesto, lo cual limita la restitución de derechos de las infancias vulneradas.
“En vistas de la mediatización de supuestos hechos de maltrato, vulneración y abuso a las niñeces y adolescencias que resguardamos, contenemos y acompañamos cotidianamente, es hora que la posición de las y los trabajadores sea parte de la construcción de los hechos”, expresa un comunicado de la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Niñez.
Se refiere a lo ocurrido el viernes 28 de julio, cuando tres niños alojados en el DAT de calle Virasoro al 1900 fueron hallados deambulando en la vía pública y denunciaron haber sido maltratados y abusados en ese lugar. Y que tras un escrache vecinal, se puso en foco “el actuar de las y los trabajadores”.
“La información llegó de mano de vecinos que frente al relato de los chicos resolvieron acudir a los medios de comunicación para que no se naturalice una situación de tal tipo. Celebramos la sensibilidad social ante un hecho tan perverso y arrasador como un abuso sexual en la niñez”, coincidieron los trabajadores.
Sin embargo, entienden que “el tratamiento de las situaciones tiene un protocolo de actuación, donde se prioriza el resguardo de las niñas, niños y adolescentes que han sido potenciales víctimas, seguido del proceso judicial en el cual se corroboran testimonios, hechos y elementos que den o no consistencia a la denuncia”.
Según los trabajadores, “es terrible que los medios hayan tenido un tratamiento adverso a lo que los protocolos y marcos normativos manifiestan, estimulando la criminalización de las y los trabajadores con adjetivaciones que aludían a abuso, maltrato o vulneración, sin corroborar los hechos, sino haciendo de las percepciones de los vecinos una realidad concreta”.
Citan que esas coberturas pusieron “en el centro de la escena el desempeño integral de todo un dispositivo de trabajadores y trabajadoras capacitados, con vocación por el cuidado de la niñez y adolescencia, lo cual se refleja en que continúan realizando esa labor a pesar de que los salarios están por debajo de la línea de la pobreza”.
Criminalización
Es más, expresaron que “no solo se trató de una criminalización del colectivo de trabajadores, sino que se expusieron masivamente sus nombres, haciendo pública su imagen y la de niños que, por su condición excepcional bajo tutela del Estado provincial, se les debe garantizar pleno resguardo de su identidad”.
Aclaran que ante una situación de vulneración que pone en riesgo la integridad de los chicos, fueron ellos quienes lo denunciaron, “demostrando el firme arraigo a una ética del derecho y la integridad con la cual concebimos nuestro trabajo, de cómo se deben hacer las cosas que ponen por encima de nuestras percepciones el imperativo categórico del resguardo de la vida de niños, niñas y adolescentes".
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Y recordaron hechos de público conocimiento ocurridos entre 2019 y 2021, cuando a partir de un reclamo a las autoridades, visibilizaron el caso de abuso en el mismo DAT de calle Virasoro, que derivó en la condena a 8 años de prisión de un cocinero que avasalló a una nena menor de edad.
“Esa denuncia en 2021 permitió la intervención del Poder Judicial, ámbito por excelencia encargado de impartir justicia”, remarcan sobre los protocolos y caminos institucionales que se deben tomar para abordar esas situaciones.
Esa experiencia permitió que los trabajadores y las autoridades tomaran conciencia de la falta de conocimiento de los protocolos, “lo cual derivó en capacitaciones para que los hechos se aborden por los canales correspondientes y tengan tratamiento transparente y claro”.
“Dos años después, y con todo este aprendizaje, no es menor que la mediatización de una situación genere malestar entre el personal”, remarcan sobre ciertos aspectos sensibles relacionados con la denuncia vecinal.
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Trabajo precarizado
Es que ante la difusión de las imágenes del hogar durante los escraches vecinales, los trabajadores entienden que debió existir un “resguardo público para garantizar la integridad de niños, niñas y adolescentes, siendo que la identidad es el principal derecho a resguardar para no ser víctimas de situaciones riesgosas frente a quienes han sido autores de sus vulneraciones, muchas veces ocurridas en el núcleo familiar”.
“Insistimos, hemos sido las y los trabajadores quienes dimos cuenta de situaciones de este tipo. Quienes cotidianamente ejercemos este trabajo sabemos concretamente qué cosas que están mal, que son potencial posibilidad de vulneración, y somos críticos en que deberían modificarse para mejorar la capacidad institucional”.
Así, advirtieron que algunos medios, en lugar de abarcar esas cuestiones, se limitaron al hecho aparentemente perpetrado por los empleados del alojamiento, “metiendo a todos en la misma bolsa, arrasando subjetivamente a quienes diariamente ponen el cuerpo en condiciones edilicias desfavorables, presupuestos desfasados, con condiciones laborales y salariales de pobreza que limitan la capacidad de acción para que niñas, niños y adolescentes tengan no solo una reparación, sino proyectos de vida saludables y cuidados”.
