Por Claudio González
Foto: Silvina Salinas / La Capital
La casa en donde se alojaba a niños en situación de vulnerabilidad fue escrachada por los vecinos de la zona.
El caso de los tres niños en situación de vulnerabilidad bajo resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia que se escaparon de un hogar del organismo en barrio Hospitales porque presuntamente fueron maltratados, obligó al cierre definitivo de la institución, el traslado de los 14 chicos que vivían allí y la apertura de dos investigaciones judiciales paralelas donde se busca determinar si existió abuso y situaciones de violencia.
En ese hogar también ocurrió el caso de una niña abusada en 2019. La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes alertó que el sistema de protección de las infancias vulneradas “no está preparado para dar respuestas a las problemáticas actuales”.
La actuación en un Dispositivo de Alojamiento Transitorio (DAT) que dependía de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia sigue bajo la mirada judicial en relación a lo ocurrido hace dos semanas, cuando tres chicos de entre 8 y 10 años que debían estar a resguardo en ese lugar, fueron hallados por vecinos deambulando en cercanías del parque Independencia.
Esos chicos estaban alojados en el inmueble ubicado en Virasoro al 1900 conocido como Mi Lugar, que funcionó durante al menos ocho años como dispositivo de alojamiento para las infancias vulneradas bajo medidas excepcionales tendientes a resguardar su integridad.
No es la primera irregularidad que se detecta en esa institución. Allí ocurrió el caso de la niña abusada por un cocinero entre enero y febrero de 2019. Gracias a la denuncia de los empleados, el agresor fue investigado, llegó a juicio y en 2022 lo condenaron a 9 años de prisión.
El episodio con los tres niños ahora está bajo investigación judicial, pero demuestra una vez más la ausencia de políticas públicas acordes para abordar a una franja de la población víctima del desmembramiento familiar, abusos, violencia y adicciones.
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Como ejemplo vale mencionar que en Mi Lugar trabajaban 35 personas, pero solamente 2 de ellas estaban en planta permanente y el resto cobra menos de 84 mil pesos por mes. Solo 4 pertenecían a los equipos técnicos, y los demás eran acompañantes convivenciales. Una estructura por demás de insuficiente para la complejidad de las demandas que se deben atender.
Aunque no se anunció oficialmente, Niñez decidió cerrar definitivamente el DAT de calle Virasoro y trasladar a los 14 niños, niñas y adolescentes que estaban allí a otros espacios institucionales. A la par, y a partir de los informes y entrevistas, el área legal del Ministerio de Desarrollo Social abrió un expediente administrativo.
En un contexto de crecientes problemáticas, el cierre de ese espacio deriva en una limitación, porque era el único que atendía situaciones de emergencia en Rosario. No obstante, desde Niñez expresaron que la demanda será cubierta con las plazas (dos por cada institución) disponibles en los centros residencias.
En relación a las posibles responsabilidades penales de los hechos en base al testimonio judicializado de los tres chicos encontrados en la vía pública, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) abrió dos investigaciones paralelas.
Uno de los legajos está relacionado a los supuestos actos de maltrato infantil, donde interviene el fiscal Fernando Dalmau, de la unidad de Investigación y Juicio; y otro por las referencias de acoso o abuso, donde interviene la fiscal Noelia Riccardi, de la Unidad de Delitos Sexuales.
En ambos casos, según manifestaron desde la Fiscalía, hay medidas investigativas en curso, y se tomaron testimonios y entrevistas, pero las actuaciones se mantienen en reserva.
Desde la Defensoría del Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe, hace tiempo que se observa con preocupación las irregularidades en las áreas de Niñez, sobre todo a partir de denuncias de malos tratos y precarización laboral.
“La situación puntual del DAT de calle Virasoro es un detonante, porque viene siendo cuestionado desde hace tiempo. Elevamos pedidos de informes por denuncias contra operadores por maltrato, o peleas entre niños que no fueron abordados debidamente”, alertó el abogado Gustavo Lorenzo, director de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.
El funcionario advirtió que hay muchos chicos resguardos por Niñez “que hace meses están alojados en una institución que se piensa como un lugar transitorio. Es una situación crítica, muy complicada en casi todos los centros residenciales, tanto en los estatales como en los privados”.
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Para Lorenzo, las causas que desembocan en este panorama se entrecruzan y son complejas. “En el DAT de Virasoro se advirtió una situación de precarización laboral también con los acompañantes personalizados, que es un trabajo más específico”.
Según los informes preliminares a los que tuvo acceso la Defensoría, el lugar fue cerrado y los niños derivados a otros centros o con familias ampliadas. “Tratamos de hacer seguimientos de cada caso. Pero se debe abrir otro centro transitorio, porque ese era el único para atender urgencias”, remarcó.
La observación de Lorenzo sobre la evidente crisis en la atención de las infancias vulneradas en Santa Fe apunta a “lo presupuestario, a la precarización laboral, a la situación comunitaria y social, con la connotación del consumo de estupefacientes que deriva en maltratos, abusos y abandonos. Es un combo complejo al que no se le puede dar respuesta desde hace 20 años. El sistema de protección no está adaptado a la realidad actual”.
El abogado recordó que desde 2005, con la sanción de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y en 2009, cuando Santa Fe adhirió a la normativa, “el sistema está tratando de legitimarse, pero es demasiado larga la transición. Tenemos que ver cuál es el problema, porque cuando se terminó el patronato no se reemplazó por un sistema superador, y ya hay varias generaciones a las que no se les dio respuestas”.
