En noviembre de 2022 los médicos del Hospital de Niños Zona Norte advertían "tres situaciones de salud mental pediátricas" en el efector a las cuales la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia no atendía. "Hace meses que los chicos están internados", señalaban. Se trataba de tres niños que llevaban entre 40 y 68 días de internación, uno de los cuales directamente no tenía institución que lo alojara. En marzo de este año, cuatro meses después, consultados los médicos, la situación era exactamente la misma. "No dan respuesta". Recién la alta demanda de los cuadros respiratorios y la necesidad de "desalojar las camas", empujó la llegada de una respuesta para los chicos, cinco meses más tarde. Todo eso, pese a que la ley de salud mental aprobada hace más de una década señala que “la internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios".
La escena es parte de las "irregularidades" que los trabajadores de la salud pública, tanto provincial como municipal, implicados en la atención de niñeces y adolescencias denunciaron en un documento que comenzó a circular en las últimas horas y que va dirigido no solo al gobernador, Omar Perotti, sino también a las autoridades de la Legislatura, la Defensoría del Pueblo y los colegios profesionales , y que en pocas horas recabó varios centenares de firmas.
La crítica situación y atención de las infancias y adolescencias en la provincia y en Rosario hace tiempo que está bajo la lupa. Hubo renuncias en enero de 2022 (la entonces directora Alejandra Fedele se fue tras presentar una fuerte carta de denuncias), los trabajadores del área lo señalan en forma sistemática y días atrás la Defensoría del Pueblo de Santa Fe le volvió a plantear a la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo, preocupaciones por las prácticas de cuidados de las infancias vulneradas.
Ahora son los médicos los que hicieron el planteo ante la falta de respuestas y las dificultades que señalan no solo obstaculizan el trabajo de los equipos en los efectores de salud, sino que es más grave aún: generan "la consecuente revulneración de derechos por parte de quienes deberían garantizarlos y resguardarlos".
Una decena de planteos
El punteo alcanza una decena de señalamientos y comienza con las "demoras e intervenciones a destiempo respecto de la efectivización de acciones que restauren derechos".
Las desestimación reiterada de las solicitudes de medidas de protección excepcionales provocan que no se garantice el resguardo niños y adolescentes, pese a que "se informan y detallan situaciones graves de vulneración de derechos, deviniendo en medidas de protección a destiempo que nos colocan como testigos de estas vulneraciones de derechos durante el proceso", suscriben.
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Otros de los puntos son las internaciones prolongadas de pacientes con medidas de protección ya tomadas por falta de espacios institucionales de alojamiento "acordes a las necesidades de cuidados integrales" y los déficits de los centros residenciales para alojar a los chicos.
"Es habitual que se presenten en la guardia de los hospitales situaciones desencadenadas en los centros residenciales que no logran ser contenidas y finalizan en hospitalizaciones reiteradas del mismo paciente, desconociendo que la internación es una medida restrictiva a considerar como último recurso en salud", detalla el documento y agrega un agravante: "Durante estas internaciones, los centros residenciales dejan de sostener el vínculo con el paciente (visitas, comunicaciones telefónicas, acercamiento de elementos personales, el lavado y recambio de ropa, entre otros), no articulándose, en ocasiones, con el equipo de salud".
También se remarca la falta de comunicación entre los equipos de los centros residenciales y los equipos técnicos interdisciplinarios, y lo mismo por parte de los profesionales referentes con los niños y niñas que están bajo medidas de protección excepcional.
En tanto, en relación al Programa de Acompañantes Personalizados, puntualizaron la necesidad de "fortalecimiento", así como también "las dificultades para el sostenimiento de las coberturas durante las 24 horas", el perfil inadecuado de los trabajadores para su función y un "insuficiente seguimiento de las situaciones por parte del Organismo de Protección de Derechos", sobre todo, una vez que niños y adolescentes son externados y se requiere el acompañamiento para garantizar la continuidad del proyecto terapéutico de manera ambulatoria.
Todo eso, sumado a "las serias dificultades para articular el trabajo con la gestión de la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, lo que dificulta la posibilidad de sostener intervenciones en forma conjunta".
Crecimiento exponencial
Entre las conclusiones del documento, apuntan al cumplimiento de la ley Nº26.657 de salud mental que explicita que "en ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda" y citan además la Convención sobre los Derechos del Niño.
"La incertidumbre con respecto a su porvenir ocasiona en los niños, niñas y adolescentes diversos impactos como la recurrencia de crisis subjetivas, reproduciendo violencia institucional y vulnerándose doblemente sus derechos. El alojamiento de les niñes no es solamente un lugar físico, se trata de alojar a un sujeto infantil que ha padecido una separación temprana, situaciones traumáticas, que ha perdido sus vínculos", se indica.
A esos escenarios se suma "el contexto actual caracterizado por un alarmante índice de pobreza en la región, por la creciente violencia territorial ligada a la narcocriminalidad en Rosario, con el consecuente aumento de la cantidad de niñas, niños y adolescentes víctimas de las balaceras", lo que viene provocando "el incremento exponencial de las consultas e internaciones por padecimientos sociosubjetivos".
