Al poco tiempo de asumir el obispo Eduardo Martín al frente de la arquidiócesis de Rosario, docentes y directivos del Colegio San Antonio (Maipú 3356) les manifestaron su preocupación por las atribuciones que se toma el párroco de la iglesia San Antonio, Angel Di Benedetto, en la vida de la escuela. Aunque su labor es en la parroquia, el sacerdote interviene directamente en la designación de docentes y en las cuestiones pedagógicas. El cura también es capellán de la Unidad Regional II de Policía.
Una serie de notas muestra que tanto el obispo como la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (Jaec) están al tanto de lo que pasa en esta institución. Estas denuncias se suman a la movilización que el sábado pasado hicieron estudiantes de la escuela de Maipú 3356 para recuperar la “educación inclusiva, de diálogo y cristiana” que tenían.
Docentes y directivos del colegio de la zona sur describieron el malestar que viven a través de distintas notas enviadas al obispo Eduardo Martín entre agosto de 2014 y abril pasado.
“Estimado padre, debemos decir que desde hace tres o cuatro años la mayoría de las dificultades devienen de una no saludable relación con nuestro párroco Angel Di Benedetto. Una superposición de roles y funciones que el P. Angel sostiene junto a dos colaboradoras suyas, las señoritas Mónica Boggio y Alejandra Kovacevic, quienes desconocen el orden orgánico institucional, reportan directamente al párroco, y provocan malestar, marchas y contramarchas, invasión de espacios propios de la dirección de las escuelas o de aquellos que son inherentes al represente legal...”, se lee en una de las notas presentadas al obispo el 23 de noviembre pasado y a la que accedió La Capital.
Entre otros datos, le hacen conocer que las colaboradoras mencionadas “tienen una particular relación de confianza y cercanía con el párroco y han establecido una suerte de conducción paralela de la institución” con reuniones diarias y los fines de semana “tanto en la casa parroquial, como en la quinta del padre en Pueblo Esther”.
Reuniones donde discuten “la marcha de las escuelas (tiene distintos niveles), la designación de personal, la situación económica, la convocatoria de reemplazantes, los criterios para la utilización de los recursos, el manejo del dinero de las contribuciones que aportan las familias”, entre otras cuestiones.
Precisan que el padre Di Benedetto “actúa como propietario de la parroquia y de la escuela, se rige como dador de trabajo y por tanto de quien lo quita. Opera fuertemente para la designación de personas de su proximidad y explícitamente indica a quienes no se debe convocar para reemplazos ni suplencias”.
Auditoría. Estas situaciones fueron expuestas a la Jaec (nuclea a las escuelas católicas). En 2012, este organismo auditó la escuela, realizó una serie de correcciones administrativas y advirtió sobre esta superposición de roles del párroco y sus colaboradoras con las propias de la institución escolar. “Todas esas situaciones no sólo no se han resuelto sino que se han profundizado”, se lamentan en la nota y aclaran que toda la documentación probatoria correspondiente fue elevada oportunamente al presidente de la Jaec, Walter Van Meegroot.
En otra carta, fechada el 29 de agosto de 2014, un grupo de docentes y maestras de la San Antonio alertan a monseñor Martín sobre estos atropellos e injusticias que quiebran “el espíritu de familia” que siempre había caracterizado a la escuela. También se excusan por no firmar esa nota argumentando que están en un “permanente estado de sospecha, control, autoritarismo y prepotencia”, algo que pone en riesgo sus trabajos: “Muchas somos único sostén de nuestras familias, sabemos que el párroco tiene mucho poder y como costumbre castigar a quienes no se someten a sus órdenes”. El 12 de abril pasado, las docentes reiteraron este pedido al obispo, les reclaman que “haga algo” y se lamentan por la falta de escucha.
Polémico. Fuentes confiables para este medio recordaron además que Angel Di Benedetto propuso echar el año pasado a una maestra “por haber quedado embarazada sin estar casada”; también a un portero “a quien humilló” y luego pidió que se lo despida porque se defendió de la discriminación.
Cuestionó no sólo el funcionamiento del centro de estudiantes sino el nombre con el que lo bautizaron: Julio Mas, en homenaje a un ex combatiente de Malvinas, a quien los chicos votaron por considerarlo un referente para los jóvenes.
El sacerdote es también capellán de la Unidad Regional II de policía. Otras fuentes señalaron a este medio “que rara vez se lo encuentra cumpliendo esa función, a pesar de cobrar el sueldo, por lo general va cuando hay algún acto oficial”.
En la nota que los estudiantes le presentaron al obispo el sábado pasado, tras movilizarse hasta la puerta de la parroquia, le expresan el deseo de “recuperar la escuela inclusiva y de diálogo” que tenían.
Entre otros datos inquietantes, le cuentan que se han instalado cámaras de seguridad en el interior de la escuela, algo que está prohibido; que se ha reivindicado el genocidio perpetuado por la dictadura en el acto escolar del 24 de marzo y que son amonestados por cualquier motivo.
Al conocer este pedido de los adolescentes, el Ministerio de Educación de la provincia decidió convocarlos para un encuentro y escuchar sus reclamos, y en caso de considerarlo necesario “iniciar un seguimiento y monitoreo de la escuela”. Esa reunión se llevará adelante hoy.
