Denuncian que la defensa mintió sobre el avión de la subasta pública en Santa Fe

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, anticipó este martes que insistirán en la subasta de un avión secuestrado en una causa contra el empresario Daniel Casanovas. Ante la solicitud de la suspensión del remate, advirtió que los defensores "habían mentido con la información" de la aeronave.

Los representantes legales del financista imputado por estafas argumentaron que el Cessna 402A no debe ser vendido por el Estado, ya que pertenece a Cereales del Sur SA y no a su cliente. La sindicatura de la firma hizo un planteo similar ante la Justicia y señaló que el vehículo debe permanecer disponible para cancelar deudas con los acreedores en el concurso preventivo.

El funcionario que oficia como vocero de la subasta desestimó estos argumentos y recordó que los asesores del agente bursátil no colaboraron a la hora de rastrear el avión de seis plazas. "Habían aportado datos falsos y no certeros", enfatizó en cuanto a la supuesta ubicación en San Nicolás.

El reclamo de Daniel Casanovas

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) había empezado a buscar la aeronave en el norte bonaerense, pero el registro era erróneo. En octubre de 2025 fue hallada en un campo de María Grande, provincia de Entre Ríos, donde el organismo tomó posesión tras un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) y las fuerzas de seguridad locales.

"Detectamos que estaba a la intemperie, retenida por un mecánico que había sido también estafado por esta persona", comentó Figueroa Escauriza respecto de aquel procedimiento. Según su explicación, el propietario no le había pagado una reparación y el Cessna había quedado "tirado" en ese lugar.

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El secretario de Gestión de Registros Provinciales añadió que el Estado se hizo cargo de un traslado "muy costoso". A la hora de hacer un cálculo sobre los fondos utilizados, apuntó: "Hemos invertido casi 30 millones de pesos para el recupero". Mientras tanto, el precio de base en la subasta pública del 16 de abril es de $50.000.000, un 66% más.

"Mover estas aeronaves sale mucho dinero. Hay que desarmarlas, sacarles las alas. Cada mes que pasa y el avión no vuela, se le van venciendo las piezas", precisó el funcionario. Luego recordó que el espacio para guardarlo cuesta entre 1.000 y 5.000 dólares mensuales y la provincia decidió utilizar un hangar propio, aunque eso también genera un gasto.

A la hora de analizar la situación del Cessna en la causa sobre estafas atribuidas al agente de bolsa, Figueroa Escauriza concluyó: "Definimos venderlo rápidamente". De inmediato argumentó que si estos vehículos quedan tirados "no valen nada el día de mañana", incluso si tienen hélices nuevas.

Qué dijo el abogado de Daniel Casanovas

Uno de los representantes del financista no sólo cuestionó la convocatoria a la subasta, sino también la acción de la Fiscalía en la causa penal. Emiliano Díaz enfatizó que el avión fue recibido por la empresa "con anterioridad a los hechos atribuidos al señor Casanovas".

"Es una aeronave que nueva puede estar en 250.000 dólares", estimó el abogado. No obstante, recordó que ya tuvo un accidente registrado por la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) y "no está en condiciones de volar".

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Por su parte, Figueroa Escauriza sostuvo que el remate puede ser un buen negocio: "La gente que está en el tema y que le interesa la compra de este avión saben cuánto tienen que invertir". En cambio, el defensor del agente bursátil está convencido de que el vehículo solo vale "como chatarra o repuesto" y aseguró que acondicionarlo cuesta "más dinero que el que tienen que pagar" en el remate.

La resolución del conflicto recayó en manos del juez Alejandro Negroni. El destino de la aeronave se definirá durante una audiencia programada para este miércoles a las 11 de la mañana en el Centro de Justicia Penal. Para el debate no sólo citaron a integrantes de Aprad y la Fiscalía de Estado de Santa Fe, sino también a querellantes y víctimas registradas en la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).