Los abogados especializados en temas laborales expusieron ayer en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados los alcances que tendrá la llamada ley ómnibus y el decreto de necesidad y urgencia que el gobierno nacional impulsa con profundas desregulaciones en el mercado laboral. Sebastián Serrano Alou, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, integró el grupo de profesionales que participó en ese cónclave y fue tajante: “Lo que se pretende hacer es contrario a lo que establece la Constitución Nacional. Se quiere modificar algo que dispone la Carta Magna, por más que, como han dicho integrantes del gobierno, en época de emergencia está vigente”, destacó.
En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el representante de los abogados laboralistas señaló que “entre el 70 y 80 por ciento de quienes expusieron ayer en la Cámara de Diputados lo hicieron en contra de estas reformas y sobre todo lo hicieron con base en las personas. Quienes hablaron a favor, lo hicieron de negocios, de dinero, de números, pero no de cómo afecta la vida de las personas”.
“Lamentablemente, el tiempo de exposición fue muy corto. En siete minutos no se puede analizar todo lo que menciona el proyecto de ley y el decreto. El gobierno pretende que se apruebe rápido algo que va a modificar la vida del 99 por ciento de la población de nuestro país de manera negativa. Y pretende que uno tenga solo 7 minutos para exponer porqué está o no de acuerdo”, agregó Serrano Alou.
El especialista en Derecho Laboral remarcó que “habrá que ver qué disputado prestó atención a los expositores en la comisión, porque si se prestó atención es imposible negar lo perjudicial que serán las modificaciones” a las leyes laborales que impulsa el gobierno.
Y, como ejemplo, citó: “Ayer vinieron al estudio tres trabajadores que fueron despedidos a poco de salir el DNU. Esas personas tienen antigüedad laboral de entre 6 y 9 años y venían siendo amenazadas porque reclamaron a la ART por sus dolencias. Salió el DNU y los despidieron. Los echaron y no les pagaron la indemnización cuando la ley dice que en los cuatro días hábiles les deben depositar esos fondos en las cuentas sueldos porque lo despidieron sin alegar causa”.
“El DNU hace desaparecer las sanciones por despidos injustificados y también se modifica el cálculo de los montos de indemnizaciones. Hay un montón de empleadores que especulan con el DNU si alguna vez entrará en vigencia. Creo que no debería entrar nunca en vigencia porque va en contra de la Constitución. Tanto es así que la Cámara Nacional del Trabajo lo ha suspendido hasta tanto se defina si es constitucional o no. Si entra en vigencia esta normativa, la gente estará mucho peor”, agregó.
“Con esto se ingresa en una nebulosa por la actitud del gobierno actual. Con esta idea de que el Estado no debe intervenir, quieren un Estado represivo que asegure un negocios financieros o agronegocios para unos pocos. Este gobierno genera incertidumbre para quienes necesitan la protección del Estado, que es la mayoría del pueblo”, subrayó.
