Ponen más requisitos de retiro del corralón

El Concejo realizó ayer su sesión quincenal. En primer lugar, se endurecieron las condiciones para las remisiónes de vehículos al corralón municipal, se le pidió al Ejecutivo conocer cuáles son las condiciones de seguridad de la flota de coches de Control Urbano, se aprobó montar un memorial en homenaje a las víctimas de la inseguridad en Plaza San Martín y se produjo una polémica en torno al acto que recordó las víctimas del terrorismo, promovida por La Libertad Avanza.

El debate se abrió por la iniciativa de Norma López, del Frente de Todos-PJ y concejalas del interbloque, que manifiesta “preocupación” por la actividad realizada semanas atrás en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires bajo el titulo: “Homenaje a Víctimas del Terrorismo”. En ese caso, el expediente se aprobó con los votos negativos del bloque Unión Pro-Juntos por el Cambio, y Volver a Rosario.

Además se aprobó una solicitud para crear en el Parque Scalabrini Ortiz, la “Plaza de la Donación”, y un pedido de informes sobre el estado de los cascos de agentes motorizados de Control Urbano y las condiciones de seguridad de sus vehículos.

También se avaló que para alquilar una embarcación a pedal y botes en el laguito del Parque Independencia se cobren 3 mil pesos la media hora.

De Miguel Tessandori y Valeria Schvartz, de Arriba Rosario, y Julia Irigoitia, de Todos Hacemos Rosario, se votó una modificación del Código de Tránsito que incorpora la remisión de vehículos en espacios de ascenso y descenso de rampas para personas de movilidad reducida. Los participantes de picadas sólo podrán ser liberados tras presentar un certificado de seguridad vial emitido por un ingeniero mecánico matriculado y a cargo del infractor.

El nuevo presupuesto 2024, deberá esperar. El Ejecutivo justificó el pedido de prórroga en un contexto donde no hay precisiones de variables económicas. Y otro reflejo de la crisis: se aprobó un mensaje de la Intendencia que prorroga por 180 días una norma que autoriza al Ejecutivo “a proceder a la contratación directa que fueran necesarios para la contención social y sanitaria de la población”.