A fines de abril de 2016 una orden judicial exigió desalojar un asentamiento precario en un lote privado de una hectárea en la zona suroeste de la ciudad. Lo ocupaban siete familias que decían no poseer vivienda ni lugar donde estar y que se habían asentado porque ese terreno estaba desocupado. Tras un proceso penal de un año las familias fueron obligadas a irse. La medida se ejecutó una helada mañana de invierno en ese terreno de pasaje 1717 y Larraín. Estaban presentes los encargados provinciales de Vivienda y de Niñez, los municipales de Promoción Social y los funcionarios judiciales. A cuatro años de los hechos, el momento en que las máquinas viales se pusieron en marcha para derribar las casas precarias aún retiembla en los recuerdos de todos ellos.
“Fue algo tan desgarrador que no puedo acordarme sin volver a conmoverme”, dice Juliana González, fiscal de Investigación y Juicio, la misma que por su rol había impulsado el desalojo. “Chicos descalzos llorando porque una topadora les tiraba abajo la casita. Se les había explicado a los adultos que se tenían que ir porque estaban en un predio privado y el plazo que se les había dado estaba vencido. Pero algunos habían asistido a las audiencias, habían entendido lo resuelto por la jueza y no se iban. Fue un episodio violento y horrible. Me acuerdo de una chica con sus dos hijitos que lloraba porque no tenía donde ir. Se abrazó a la chapa de su casilla y no quería salir. Y los nenitos llorando por la madre”.
La ocupación de tierras en Rosario es uno de los problemas más agudos de carácter social de un fenómeno más diverso que es el de las usurpaciones. A diferencia de la apropiación de viviendas, distinguidos muchas veces por la acción de grupos criminales que acuden a la amenaza y a la violencia directa, estos otros hechos están marcados por una situación de carencia estructural: personas con hijos que literalmente no tienen dónde vivir.
En lo que va de 2020 la unidad fiscal de Salidas Alternativas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que interviene mayormente en estos graves conflictos urbanos registran un estimativo de 280 incidentes de esta compleja variedad. La mayoría son domicilios. De ese número algunos casos son conflictos civiles, por ejemplo, personas que ingresaron a una vivienda de manera consentida pero que luego no se retiran.
En la actualidad son ocho tomas de tierras colectivas que implican a importantes grupos familiares. El MPA alista uno en la calle Magaldi al 8800, en barrio Tango, detrás del Mercado de Fisherton. Otra en alrededores del Club Olympia de Baigorria al 2800 en la zona norte. Una tercera en el camino nuevo a Soldini y una más en zona suroeste en Ovidio Lagos y 5 de Agosto. Más duradero en el tiempo hay otro asentamiento en conflicto, en el del barrio Madres de Plaza de Mayo en Empalme Graneros, en Juan José Paso y Formosa. La Municipalidad de Rosario agrega tres más: en Estudiante Aguilar y Misiones en Santa Lucía; en Seguí y Solís y en Colectora de Circunvalación y Pasaje 513 en zona sur.
El fenómeno de las tomas masivas de tierras es un segmento de un problema mucho mayor donde el denominador de fondo es la imposibilidad del acceso a la vivienda de sectores populares. Pero junto con la necesidad está el incentivo a las ocupaciones de parte de organizaciones delictivas que están vinculados al narcotráfico, como pasa en las adyacencias del club Olympia, o de loteadores informales que hacen un gran negocio de esto desde hace años.
También se mezcla con la modalidad extorsiva de personas que irrumpen en casas para exigir a sus moradores que las abandonen. Algo que fue muy común en el Complejo Municipal de avenida Grandoli con causas llevadas en juzgados de Instrucción hacia 2013 y que siguieron en 2018 con la intervención del MPA en la misma zona. O algo que se da muy seguido en los turnos de la Fiscalía Rosario. “Es común recibir denuncias de personas a las que les dejan un cartel dando detalles de sus familias para dejarles en claro que siguen sus movimientos e indicándoles que si no abandonan sus viviendas al día siguiente los van a balear. O directamente que primero los balean para dejar en claro que la amenaza va en serio”, explica Andrea Vega, fiscal jefa de la Unidad de Flagrancia.
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Los casos que se dan en Rosario casi siempre se inician con un ingreso que implica una denuncia de los vecinos o de los dueños. Si es un domicilio es con un forzado de puerta o cerradura. El relevamiento inicial se hace en un oficio modelo donde se deja constancia de la gente que participa de la usurpación, la forma de ingreso, los daños que puedan haberse ocasionado en la propiedad, las voces de testigos. También se suele imponer custodia policial para que evitar que se establezcan más personas.
Ante la denuncia los fiscales intervienen y citan al ocupante. Inicialmente se busca que el ocupante desista voluntariamente y llegue a una conciliación con el propietario. Lo que suele ser más sencillo en domicilios particulares. Si no hay acuerdo los fiscales piden el cese de estado antijurídico que se comunica al juez. En las audiencias se imputa al ocupante y suele estar presente el poseedor del inmueble.
Silvana Valero, jefa de la Unidad de Salidas Alternativas, observa que de manera muy mayoritaria las personas que producen las ocupaciones carecen de antecedentes penales. Que en muchos casos buscan viviendas desocupadas porque no tienen dónde vivir lo que implica una causa social neta como motivante. En general son personas con hijos chicos en una situación notoria de desamparo. Si la conciliación no funciona sigue el proceso penal que puede terminar con una condena en general en suspenso y con el seguro desalojo.
Es un problema donde suele haber fragilidad a ambos lados del conflicto porque los propietarios a menudo son personas que precisan disponer del inmueble o el terreno para vivir. “Lo que intentamos en esta unidad al menos es recuperar la vivienda. Porque en la mayoría de los casos del otro lado hay gente que necesita de ese recurso para residir o para alquilar para generar un ingreso”, sostiene Valero.
Para que exista usurpación tiene que haber un medio comisivo que en general implica violencia para la irrupción. Un inquilino que no se retira de la vivienda alquilada no es legalmente un usurpador y el trámite para que el propietario recupere su inmueble es civil. Pero hay casos extorsivos ligados a economías delictivas, como sacar las casas para poner un bunker, implica investigaciones más complejas.
Pese a la enorme dimensión social de muchas tomas estas terminan en trámites penales. Como se está viendo en la ocupación del predio en Guernica en el conurbano bonaerense.
“Las primeras tomas organizadas en el conurbano tuvieron la participación de la Iglesia Católica y comunidades de base en terrenos fiscales. Eso permitió en gran medida que tras un proceso fueran regularizables los terrenos. La participación de entidades sociales fortalece que se den de manera organizada, donde se abren calles, lotes y manzanas de manera regular”, indica Lucas Jordán Dombrowski, urbanista e investigador del Conicet.
Dombrowski indica que con el conflicto de fondo de familias de muy bajos recursos, mujeres con niños y sin salida laboral, en las situaciones de tomas de tierra la participación de asociaciones civiles u organizaciones políticas tiene un aspecto positivo. “Las organizaciones políticas frenan la llegada de las mafias en los barrios que en general están vinculadas al narcotráfico, o de loteadores informales que hacen un gran negocio de esto desde hace años”, refiere.
Los loteos informales
Hay distintas formas de loteos informales, indica Dombrowski. “Está el caso de una persona que ocupa un predio y lotea todo y lo vende a precios bajos a vecinos que luego ocupan la tierra. Hay otros loteos informales de dueños del predio que no logran la aprobación del loteo de manera formal porque están en áreas rurales”. Pero también se mueven grupos delictivos que imponen la violencia de su fuerza, lo que se ha visto en causas penales de Rosario, en barrio Tablada, en el corredor de Grandoli y en Las Flores.
Algo de estos rasgos está insinuado en los alrededores del Club Olympia donde la Municipalidad de Rosario tiene constancia de que bajo las tomas de tierras adyacentes, pertenecientes al grupo Fundar, hay dos organizaciones de micromenudeo de drogas en disputa.
En las tomas masivas está impregnado el derrumbe económico que en el Gran Rosario se refleja con una pobreza que según marcó el Indec el miércoles último llegó al 41,8% de la población, 552 mil personas, y a 13.1% de indigencia, que abarca a 176 mil que no cubren necesidades alimentarias básicas. Estas que son técnicamente usurpaciones se recortan de otras en las que palpitan motivos de índole asociadas a grupos criminales. Porque aquí se cruzan contextos muy distintos a los que tienen fines delictivos: el del déficit habitacional crónico que castiga como a nadie a los estratos sin ingresos formales.
Es aquí donde, aceptan algunos fiscales, hacer cesar lo que la ley marca como un delito deja a los que litigan con una piedra en la garganta. “En un importante número de casos se trata de gente que no tiene a dónde ir. Es muy difícil. La semana pasada tuve que imputar a una mujer que había entrado a una casa con un nene. Los denunciantes son dos hermanos que necesitan la propiedad para vivir”, contó Valero. “Muchas veces nos exponemos a esta situación cruel. De un lado gente que no tiene nada. Pero del otro también personas vulnerables, no ricos, sino que requieren el inmueble para su vida diaria”, afirma Valero.
Memorias que persiguen como un mal sueño incluso a los que por su trabajo debieron ordenar el fin de las tomas. La fiscal Juliana González estaba esa mañana glacial en Larraín y 1717 cuando la fuerza pública llegó para concretar el desalojo de esa manzana, que había sido una huerta y que era propiedad de dos hermanas. Durante el trámite había visto gente que acudía sin calzado a las audiencias larguísimas, madres con sus nenes, que llegaban al Centro de Justicia donde se gestionaba el cese de la usurpación ante la jueza Marcela Canavesio.
“Se armó todo el operativo a las cinco de la mañana. Muchísimos móviles policiales, gente de la GUM, asistentes sociales, asesores de menores”, recuerda la fiscal. “A las seis empezó el desmantelamiento del lugar. Se les ofreció retirar sus cosas voluntariamente. Algunos accedieron pero otros no se iban. Hasta que avanzaron las topadoras. A la noche por detalles del trámite recibí llamados de funcionarios municipales que seguían llorando. Fue lo peor que me pasó hasta ahora”.
