En los primeros seis meses del año la Fiscalía de Rosario recibió 189 denuncias por usurpaciones, la mayoría cometidas por bandas narco en zonas periféricas de la ciudad. Las víctimas de esta modalidad delictiva abandonan sus viviendas porque grupos criminales los amenazan. Las intimidaciones comienzan con advertencias verbales o notas en la puerta de las casas y luego pueden escalar a incendios intencionales en los frentes y balaceras con el objetivo de tomar propiedades como "aguantaderos" o establecer un punto de venta de droga en el lugar.
El dato fue aportado por el Ministerio Público de la Acusación en una reunión que mantuvo ayer el fiscal regional Patricio Serjal con el vicepresidente primero del Concejo, Roy López Molina, e incluye las usurpaciones tradicionales, del espacio público y por narcos, pero se cree que las relacionadas a bandas criminales son la mayoría. Además, estiman que por la naturaleza del delito, hay una importante cifra en negro, no denunciada.
En el encuentro avanzaron con la implementación de un programa de asesoramiento y asistencia a los que sufrieron ese despojo, cuya creación en el ámbito municipal fue aprobada en junio para abordar la problemática. También participaron funcionarios de la Secretaría de Género y Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo, para fijar pautas de trabajo transversales entre todos los organismos y niveles.
Desde Fiscalía aseguraron que de un tiempo a esta parte empezaron a notar que hubo un cambio en el paradigma de la conflictividad de la usurpación, donde ya no se trataba de una pelea entre vecinos o la ocupación del espacio público como modalidades mas conocidas, sino que tenía que ver con una modalidad violenta.
Un cambio interesante que se va a implementar en torno a la generación de las denuncias es empezar a articularlas sobre tres ejes: las comunes, las de terrenos públicos, y las que refieren a amenazas, coacciones o daños a la vivienda producto de una banda o el crimen organizado. "Hay que dejar de entender que los delitos previos a la usurpación son individuales, sino que la amenaza a través de una nota, el daño de prender fuego la puerta o balear el frente es una alarma para que el Estado llegue temprano", consideró López Molina, autor del proyecto del programa de asistencia.
Es que cuando el abordaje es tardío, en muchos casos la víctima por el temor que le genera la proximidad de la banda que vive en ese barrio, desiste del derecho o el interés de recuperar su vivienda. "Si actuamos previamente, la víctima sí se quiere quedar, pero una vez que se va no quiere volver", apuntó el edil de Cambiemos. Por todo esto, la intervención requiere de otros niveles, como el Servicio Público de la Vivienda, Atención a la Víctima y el Ministerio de Desarrollo Social. El asesoramiento previo permite también tratar de dilucidar si la víctima que fue sacada de su casa quiere volver, o el miedo puede más y pretende una salida rápida al problema, e irse a otro lado.
"Fiscalía dejó de investigar a todas las usurpaciones como parte de lo mismo, y se entendió que en Rosario, con la trama compleja del nacrocrimen, podía involucrar a bandas", destacó el concejal. Al principio empezaron a ver esta modalidad en Santa Lucía y barrio Municipal. Hoy los puntos mas calientes son Nuevo Alberdi, Zona Cero y barrio Plata. La idea es empezar a mapearlas, para ver si el aumento es focalizado en algunas zonas o es parejo en todo el territorio periférico.
El programa consiste en un acompañamiento y asesoramiento legal gratuito al ciudadano que haya sufrido una usurpación, para que no quede en soledad frente a un proceso judicial que aún sigue siendo lejano para muchas personas, y peleándose contra bandas que en su territorio tienen alto control y poder de fuego. La ordenanza esta aprobada y vigente y falta que se la ponga en marcha a través de la reglamentación de la norma.
