La frase pasó casi desapercibida pero fue premonitoria. La dijo días atrás a LT8 el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, cuando celebró con cautela la decisión del gobierno nacional de incrementar en un 270% las partidas para gastos de funcionamiento de las universidades públicas.
"Después de seis meses empezamos a caminar hacia el entendimiento", dijo el rector de la Universidad Nacional de San Luis. Pero al instante pidió hacer foco en la recomposición salarial de docentes y no docentes, "porque sino podríamos caer en la situación triste de tener para pagar la luz y gas, pero no tener trabajadores".
Este escenario es el que se vivirá este martes y miércoles en las doce facultades de la UNR. Porque si bien la universidad rosarina logró, al igual que las demás, un ajuste "que aporta previsibilidad y un escenario distinto" —al decir de su rector, Franco Bartolacci— el aumento anunciado apenas cubre un porcentaje mínimo del presupuesto universitario.
Las dos caras del presupuesto
Para que se entienda: de cada 100 pesos que reciben las universidades, 92 se destinan a salarios. Solo los 8 restantes son para gastos de funcionamiento: mantenimiento de edificios, pago de luz, agua y gas, obras de infraestructura y extensión universitaria, entre otros puntos. Los porcentajes varían año a año según la política de financiamiento nacional. Desde la UNR confirman que hubo ejercicios donde la distribución dio 90-10 y en otros 95-5.
El incremento para gastos de funcionamiento, como dijo el rector Bartolacci, da oxígeno suficiente para llegar a fin de año sin lesionar ninguna de las actividades básicas. Pero ahora resta que el gobierno nacional logre dar respuesta a la demanda salarial.
Porque mientras la Casa Rosada decidió otorgar un necesario 270% de aumento en la cuota de gastos de funcionamiento, para los salarios docentes ofreció un 9% de incremento para el mes de mayo, monto que fue rechazado de forma unánime por los gremios docentes. Tras un cuarto intermedio, a fines de mayo hubo una nueva reunión donde el gobierno no realizó ninguna nueva propuesta.
A principios de mayo un informe del Instituto de Estudios y Capacitación de la Conadu advirtió que en las universidades estaba pasando algo que no sucedía desde hace más de 20 años: "Hay docentes por debajo de la línea de pobreza. Por ejemplo: la categoría ayudante con dedicación semiexclusiva (20 horas) queda por debajo de la media canasta básica. Los salarios de bolsillo de más de la mitad de los cargos docentes universitarios no superan hoy la canasta que define la línea de pobreza". Los sindicatos advierten que la pérdida salarial de diciembre a la fecha es superior al 50%.
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El incremento para gastos de funcionamiento llegó tras una larga pelea que tuvo su pico en la masiva movilización nacional del 23 de abril en la Plaza del Congreso. Hasta entonces, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez negaba que las universidades corran riesgo para el segundo cuatrimestre y las acusaba de "hacer terrorismo" y "sembrar pánico" en los estudiantes. Y mientras la consultora Zuban Córdoba advertía en un informe que el 86% de los encuestados coincidía que la educación pública era un derecho que debía ser defendido, el presidente Javier Milei acusaba a las universidades de ser centros de adoctrinamiento y compartía memes en sus redes sociales. El ataque contra la universidad pública por parte del ejecutivo fue sin tregua, pero al final la batalla se ganó en la calle.
Entre martes y miércoles de esta semana los profesores de la UNR realizarán un paro de 48 horas y montarán una carpa en la plaza San Martín. "No estamos dispuestos a ser la variable de ajuste de un gobierno que no solo ataca los salarios, sino que plantea una ofensiva contra toda la universidad pública y gratuita", señalan desde la Coad. La consigna lanzada para la huelga por la Conadu, la federación nacional de docentes, es contundente: "Sin sueldos dignos no hay universidad posible".