Pandemia

La muerte por Covid de una detenida enciende alertas en los penales

Una interna de 51 años que estaba alojada en la Cárcel de Mujeres falleció el lunes. Allí hay otras 30 contagiadas y dos pabellones aislados.

Viernes 25 de Junio de 2021

La muerte por Covid de una mujer que estaba alojada en la cárcel de mujeres de Rosario expuso una situación sanitaria que ya fue planteada a través de un hábeas corpus del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp) para que el Estado incluya en el plan de vacunación a la población carcelaria. En ese sentido, la ONG Mujeres Tras la Rejas advierte que de no avanzar con la inoculación, la situación se podría agravar. “Estas personas están privadas de su libertad ambulatoria, pero no del derecho a la salud. Las políticas públicas deben llegar a todos”, remarcaron. La provincia anunció que el lunes comenzará a vacunar a la población carcelaria.

El fallecimiento por Covid-19 de Mónica Romero, una mujer correntina de 51 años que estaba alojada en la Unidad de Detención Nº 5 de Rosario (27 de Febrero al 7800) sacó a la luz una problemática que se fue solapando en el contexto de la crisis sanitaria que desató la pandemia. En estos días se dio un rebrote de contagios y lo concreto es que las autoridades no incluyeron en el plan de vacunación a la población carcelaria.

En ese sentido, la semana pasada la Defensa Pública hizo un llamado de atención institucional. La titular del organismo, Jaquelina Balangione, en conjunto con el defensor Regional, Gustavo Franceschetti, presentaron un hábeas corpus colectivo y correctivo para que las personas privadas de su libertad comprendidas en las categorías de grupo de riesgo, con edades requeridas, con o sin comorbilidades, sean incluidas en el plan de vacunación.

Es más, se argumentó “como una omisión discriminatoria” la decisión de la autoridad sanitaria provincial por no instrumentar los mecanismos para inocular a la población carcelaria que reúne las condiciones exigidas por el plan general, teniéndose en cuenta que muchas personas podrían estarlo si se encontrasen en libertad.

Sin embargo, y a pesar de la urgencia que plantea la acción, no se realizó la audiencia para tratar el hábeas corpus. La jueza Eleonora Verón emitió un dictamen pero no convocó a las partes para decidir sobre la viabilidad o no del planteo, y en su caso para que las autoridades del Ministerio de Salud provincial o del Servicio Penitenciario hicieran su descargo.

Mover los prejuicios

Para la ONG Mujeres Tras las Rejas el tema es grave, no sólo por la salud, sino por los prejuicios de la sociedad sobre las personas detenidas. “Esto se puede agravar si no se vacuna. Además, hay que mover los prejuicios de la sociedad sobre los estereotipos de personas privadas de la libertad, se trata de ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a la salud”, recalcó la referente del la entidad, Graciela Rojas.

“Hay una necesidad de políticas públicas indispensables para hacer frente los derechos de estas personas, no se pide ninguna excepción, sino que se los incluya en el plan de vacunación. Ya tenemos una estructura sanitaria negativa en la cárcel de mujeres, asentada sobre un basural, donde no hay ventilación como recomiendan los expertos, a veces se corta el agua, y hay que ver cómo es la provisión de jabón, lavandina y alcohol”.

Según Rojas, la vacunación sobre esa población “es un derecho ciudadano a la salud. Es una obligación del Estado que las políticas públicas lleguen a todos. Están privadas de su libertad ambulatoria, no de sus derechos a la salud. El virus circula mucho en la cárcel de mujeres. Hay celdas para tres o cuatro en pabellones donde hay 80 mujeres. Se puede poner peor si no comienzan a vacunar”.

Dos pabellones aislados

En la Cárcel de Mujeres de 27 de Febrero al 7800 hay cuatro pabellones con capacidad para 150 plazas, pero está superpoblado con 183 detenidas. En el pabellón Nº1 de madres, una tuvo síntomas y todas las internas, 12 en total, debieron ser aisladas. A ellas hay que sumarle las 30 que dieron resultado positivo en el pabellón Nº2. El Nº3 y Nº4 hasta el momento no registran contagios.

Otro dato elocuente al que pudo acceder este diario es que el Servicio Penitenciario (SP) tuvo que realizar un pedido formal a las autoridades sanitarias para que se avance con los hisopados, algo que no se había concretado en los últimos meses, una medida preventiva indispensable.

Balangione confirmó que “hasta ahora son dos pabellones aislados. Este panorama se puede agravar y multiplicar los contagios. Sabemos que decidieron tomar medidas para ventilar los espacios, y sacan a las internas de los pabellones durante una hora e intensificaron los controles médicos. También solicitamos que avancen con los hisopados”, describió ante algunas complicaciones en los operativos de testeo.

La titular del Sppdp valoró que tras el hábeas corpus que impulsó el organismo el gobierno tuvo cierta reacción. Y según le comunicaron oficialmente, el lunes 28 de junio comenzarán a vacunar a unos 500 internos sobre una población carcelaria total de 7.500 reclusos en toda la provincia.

Sin audiencia y expectativa por el amparo

La titular Sppdp Jaquelina Balangione explicó a La Capital que a las 48 horas de presentado el hábeas corpus colectivo para que se incluya en el plan de vacunación a la población carcelaria, la jueza Eleonora Verón “en vez de llamar a una audiencia y convocar a la autoridades provinciales para que expongan la política sanitaria, sacó un decreto donde solicitaba que nosotros acreditemos que las personas no estaban vacunadas”.

“No estuvimos de acuerdo con esa resolución porque precisamente el recurso es por una medida urgente. Pero como el gobierno anunció que el lunes comenzarían con el operativo, decidimos no apelar. Igualmente estamos a la espera de cual será la respuesta a la vacunación, porque de lo contrario vamos a impulsar el recurso a la espera de una sentencia”, indicó Balangione.

La funcionaria se refirió a la situación carcelaria de la provincia en general y al impacto que tuvo la pandemia. "Hoy tenemos 188 presos cada cien mil habitantes, cuando en 2010 teníamos 79 presos cada cien mil habitantes. Esto implica que en Santa Fe hay un alto número de población encarcelada. En Coronda hay 1.400 internos y hasta el momento hubo 45 casos confirmados, 43 recuperados y dos fallecidos. En Piñero hubo 22 casos confirmados, dos activos, 19 recuperados y un fallecido. Es bajo el nivel de Covid en las cárceles por lo que podría haber sido. Esto obedece a un buen plan y al esfuerzo mancomunado de todos los sectores involucrados”, añadió.

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