La justicia profundiza la investigación sobre lavado de activos en el que habría incurrido el líder de la barra brava canalla Andrés “Pillín” Bracamonte y ahora posó la lupa en un informe oficial que reveló que su entorno íntimo administra en Rosario media docena de chapas de taxis. Es más, en las últimas horas ingresó al Concejo un oficio en el que solicitó que se le remita copia de ese informe para anexarlo a la causa que busca desentrañar si Bracamonte realiza presuntas maniobras “dirigidas a dar apariencia lícita a bienes de origen ilícito”.
El oficio lleva la firma del fiscal Miguel Moreno, integrante del Area de Delitos Complejos de la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y fue dirigido a la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck.
Moreno está llevando adelante una investigación penal sobre lavado de activos en el que habría incurrido el barrabrava canalla y considera que la información sobre las licencias de taxis que actualmente están en manos de su círculo íntimo puede ser vital para profundizar la pesquisa.
Esa información integra un dossier de 68 páginas que el Ejecutivo Municipal envió al Concejo hace no más de 15 días como respuesta a un pedido de informes que había presentado seis meses atrás el concejal de Cambiemos, Roy López Molina.
Los ediles habían requerido esa información luego de que la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) allanara en abril de 2020 la vivienda de Bracamonte en el selecto country Los Alamos Club de Campo, de la localidad de Ibarlucea, en el marco de una investigación que buscaba esclarecer el asesinato del policía Cristian Ezequiel Ibarra, el 22 de julio de 2019, en barrio Godoy, por el que fue condenado Ariel “Chanchón” Cantero, uno de los hijos del fundador de la banda de Los Monos. Y dentro de las llamadas intervenidas por la Justicia realizadas a Cantero, figuraba una serie de contactos con “Pillín”.
En ese allanamiento los policías se toparon en la vivienda de Bracamonte con unos 2,5 millones de pesos y 1.700 dólares que el abogado del líder barrabrava, Carlos Varela, adjudicó a la explotación de cuatro taxis.
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Esa declaración fue la que encendió el alerta de López Molina. “Fue imposible dejarla pasar. En el medio de un allanamiento dijo que el dinero hallado es producto de la explotación de un servicio púbico, lo cual nos llevó a realizar el pedido de informes”, indicó el edil.
Es más, señaló que la situación puso en evidencia que “el delito y la criminalidad avanzan y exceden la competencia provincial y federal. Lo estamos viendo en este caso, donde una investigación sobre delitos complejos tiene su derivación en un servicio público. Sin dudas, en materia de inseguridad y criminalidad organizada, el municipio también tiene mucho para decir”, remarcó.
En detalle
De acuerdo a los datos oficiales, las seis chapas que están en manos de familiares de Bracamonte se adquirieron entre el 18 de junio de 2003 y el 31 de enero de 2020, todas bajo la modalidad transferencia. Se trata de la práctica por la cual un titular vende su licencia y luego el comprador abona la transferencia ante la Municipalidad pagando un sellado que en la actualidad cuesta 382.725 pesos.
Las seis se rigen por la antigua ordenanza que fija una explotación de las mismas por tiempo indeterminado. Cuatro están en manos de la ex mujer del líder de la barra brava canalla y dos en las de su hijo.
En el informe que llegó al Concejo también se pedían registros de GPS de las licencias bajo la lupa, pero las áreas competentes pidieron especificar mejor bajo qué rango de fechas para poder determinar los recorridos.
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Por otro lado, se detalló que la mayoría de las licencias tiene sanciones en su haber y en el caso de una de las chapas que figura a nombre de la ex mujer de Pillín, tuvo una suspensión el 14 de octubre de 2015 luego de que el chofer relevante diera positivo a un test de alcoholemia.
“Hay que pasar del Estado bobo al inteligente”
El concejal de Cambiemos, Roy López Molina, quien solicitó la información sobre las licencias de taxis que reveló que media docena de chapas están administradas por el entorno íntimo del líder de la barra brava canalla, Andrés Pillín Bracamonte, consideró que “es clave el trabajo coordinado entre los diferentes estamentos del Estado para terminar con la criminalidad organizada”.
“Tenemos que pasar del Estado bobo al inteligente, que trabaje coordinado; y lo que sucedió con este tema de las licencias de taxis es un ejemplo: el Concejo solicitó una información, el Ejecutivo municipal la suministró y ahora un fiscal será quien deberá profundizarla para desentrañar con qué dinero se compraron esas chapas y si esos fondos tienen un origen lícito”.
No obstante, el edil fue más allá y reflexionó: “Es muy importante empezar a pensar qué pasó en Rosario para que un servicio público, como lo es en este caso el de los taxis, esté administrado por entornos de barrabravas. Es un muy mal mensaje el que se está dando a la sociedad”.
