La causa judicial que tiene como imputado a Andrés “Pillín” Bracamonte por haber lavado activos por unos 38 millones de pesos provenientes de presuntos ilícitos, los que habría cometido durante dos décadas como jefe de la barra brava de Rosario Central, tuvo la mañana de ayer un nuevo capítulo. Por disposición del fiscal de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos Miguel Moreno se realizaron nueve allanamientos en los que se secuestraron celulares, dispositivos electrónicos de almacenamiento, contratos de futbolistas y documentación relacionada a sociedades comerciales y empresas a las que estaría ligado el acusado. Además, en el departamento de un empresario en Puerto Norte, los pesquisas hallaron 500 mil dólares de dudosa procedencia.
Bracamonte, de 49 años, fue detenido la mañana del 22 de junio en su finca del barrio cerrado Los Álamos, en Ybarlucea, en el marco de un operativo que incluyó otros 15 allanamientos. Aquel día en la casa de Pillín los pesquisas de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) encontraron dos millones y medio de pesos cuyo origen no pudo ser explicado por el líder de la barra canalla. Además, en los otros procedimientos se secuestraron celulares, computadoras, electrónicos, dos taxis, un cuatriciclo, cuatro motos, cuatro autos de alta gama, dos camionetas 4x4, una moto de agua, un arma de fuego y 200 chips de telefonía celular nuevos.
La investigación del fiscal Moreno apunta a los negocios de los que sería partícipe Pillín mediante el armado de empresas constituidas en los últimos años dedicadas a rubros varios bajo los nombres de fantasía Vanefra SRL, Ruffino SAS, Ser-Eco SRL y Kabrasi SRL, algunas de las cuales habrían prestado servicios a Rosario Central según documentación hallada en la sede canalla de Mitre al 800.
Como derivación de aquellos allanamientos, ayer el fiscal Moreno ordenó nuevos procedimientos que se llevaron adelante en bulevar Rondeau al 1800 (donde reside el entrenador de las inferiores canallas Fernando Lanzidei); en una torre de avenida Caseros al 100 bis (donde habita el representante de futbolistas Roberto San Juan); en Néstor Fernández al 1000; en Los Cardales al 500 de Pérez; en una propiedad del barrio privado San Marino (Funes Hills); un local de indumentarias de Gorriti al 500; una empresa de acopio de cereales en la localidad de Zavalla; una casa de Valparaíso y La Paz; y un departamento del piso 37 de las torres Maui, en Estanislao López al 2600, donde vive el empresario Roberto Dutra, donde se hallaron 500 mil dólares.
En junio pasado, cuando el fiscal Moreno acusó a Bracamonte, sostuvo su imputación en dos instancias. Una posible de probar, que son las maniobras que le endilga para blanquear el patrimonio que le atribuye haber forjado como líder de la barra brava. La otra, demostrable por indicios, tiene que ver con cómo hizo Pillín para ganar ese dinero. En ambas instancias expuso a Bracamonte al frente de negocios de todo tipo relacionados con Central: ya sea cobrando por estacionar cerca del estadio los días de partidos, participando de la venta de jugadores o creando empresas para facturarle servicios al club.
En la reseña que hizo del líder de la barra, Moreno recordó una condena de 2007 por intimidar a personal del club antes de una asamblea, presuntos aprietes a padres de jugadores juveniles para que firmaran con su socio Juan Carlos Silvetti y el conflicto que éste tuvo con el ex presidente Horacio Usandizaga. También exhibió un cheque por más de 600 mil pesos hallado en la casa de Pillín, uno de los diez que Central le había entregado a Juan Andrés Bilicic por la venta de Gastón Ávila a Boca. “Que este cheque esté en la casa de Bracamonte a pocos días del cobro es para nosotros una prueba clara de que está vinculado a ese negocio”, dijo el fiscal.
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Moreno también expuso qué hizo Pillín con el dinero acumulado. Y dijo que “utilizó personas de su confianza como prestanombres y administradores” para “crear, comprar y utilizar empresas a través de las cuales puso en circulación en el mercado” los bienes adquiridos desde su sitio de poder. “En una primera etapa se sirvió de su ex mujer para adquirir bienes y registrarlos a su nombre y consiguió desviar la atención respecto de un inexplicable aumento patrimonial”, agregó.
También remarcó las empresas que creó o adquirió para “darle un aspecto lícito a ese patrimonio”. Y objetó que no funcionaban según lo declarado. “Vanefra SRL es una pantalla que pretende demostrar una actividad y un giro comercial que en la realidad no se advierte”, acusó. Sobre Ser-Eco, firma destinada al alquiler de baños químicos, “no existe rastro de la actividad declarada sino que hay un gimnasio que pertenecería a uno de sus socios”.
De todas esas maniobras, hay una que lo conecta con Rosario Central y es la firma Ruffino SRL en la que está asociado con el intendente del Gigante de Arroyito, Sergio Daniel Quiroga. Más allá de no encontrar nada vinculado a lo que supuestamente es esa empresa al allanar su sede, a dos cuadras del Gigante, el fiscal remarcó que “el 87% de las ventas de esa firma fueron facturadas a nombre de Rosario Central”. Al respecto, el fiscal sostuvo que “Quiroga es investigado para ver si cometió algún delito o si se limita a un accionar antiético por ser comprador y vendedor al mismo tiempo”. En caso de ser hallado culpable por ese delito, la expectativa de pena para Pillín prevé un mínimo de 4 años y medio y un máximo de hasta 13 años y medio.
