La jueza de Instrucción de la 1ª Nominación, Roxana Bernardelli, abrió una
investigación de oficio y solicitó ayer a la policía la remisión de elementos de prueba vinculados
con los graves incidentes registrados el jueves pasado en el Concejo Municipal a raíz de la
aprobación del aumento del boleto a 1,60 peso. En tanto, el intendente Miguel Lifschitz repudió los
disturbios internos y externos con epicentro en 1º de Mayo y Córdoba, a los que consideró
"premeditados". También aclaró que el precio del pasaje "no se volverá a tocar" en lo que resta del
año (ver aparte).
Buscando identificar a los responsables de la revuelta, la magistrada pidió a la
comisaría 1ª reunir pruebas sobre lo ocurrido adentro y en inmediaciones del Palacio Vasallo,
incluyendo las filmaciones de la accidentada sesión y otros registros de distintos medios de
comunicación.
La investigación es por daño agravado, según determina el Código Penal, figura
que contempla penas a aquellos que destruyan la propiedad pública (en este caso un edificio de
valor histórico y patrimonial) con el objeto de impedir el desempeño de la autoridad.
Arreglos. El presidente del Concejo, Miguel Zamarini, explicó a La Capital que
la restauración del añejo portal de madera que da a 1º de Mayo, quemado por un neumático encendido,
demandará casi un año. También se rompieron vidrios y mobiliario urbano.
Zamarini confirmó que varios ediles ya se pusieron a disposición de Bernardelli.
Pero la labor de la jueza podría abarcar las lesiones sufridas por cuatro policías durante el
tumultuoso desalojo de los palcos.
El ministro de Seguridad provincial, Daniel Cuenca, ratificó que no hubo orden
de reprimir. "Respondimos con instrumentos legales", graficó. Militantes del Polo Obrero y de la
Agrupación de Lucha por los Derechos de los Estudiantes (Alde) habían denunciado agresiones de
"policías de civil y concejales".
Lifschitz, a su turno, aclaró que los incidentes "no fueron funcionales a la
Municipalidad" y estimó que "el 99 por ciento de los rosarinos rechaza estas expresiones de
intolerancia". Sobre la investigación en marcha, alertó que "se vio con nitidez a los que alentaron
los hechos de violencia".
Entonces aludió a un accionar premeditado: "Dirigentes de estos grupos políticos
identificados habían advertido que iban a tratar de impedir la sesión y llevaron elementos para
hacerlo. No sé si atrás de esto existen otros personajes".
Sin embargo, el jefe del Palacio de los Leones tomó distancia de lo ocurrido el
miércoles en Córdoba, donde la reacción de manifestantes contra la modificación de las leyes
jubilatorias y la represión dejaron varios heridos.
El concejal oficialista Juan Rivero, tildado de "traidor" por las barras al dar
quórum y optar por la abstención, no se guardó nada. Y les enrostró a los detractores su
irreprochable historial en defensa de los derechos humanos (pasó por el centro clandestino de
detención que funcionó en la ex Fábrica de Armas Domingo Matheu).
"A las agresividades de niños muy niños y jóvenes muy jóvenes que planteaban la
traición a los desaparecidos les respondo que mi abstención nada tiene que ver con un tema tan
profundo y delicado para mí", destacó. Asimismo, en declaraciones a LT8, relativizó la
representatividad de esos grupos universitarios: "Tal vez nunca tomaron un ómnibus. Sería bueno que
vayan a los barrios".
Voceros del Movimiento Evita, en tanto, desligaron al justicialismo del final
abrupto de la sesión al sostener que "los que saltaron al recinto están claramente identificados
con otras fuerzas, en todo caso funcionales al oficialismo municipal".
