Aunque no se definirán cuestiones penales, como ocurre en otros puntos del país, los ciudadanos podrán establecer la inocencia o culpabilidad de acusados de cometer faltas urbanas graves como siniestros viales, daño al ambiente o al patrimonio de los rosarinos. En el juicio-ejemplo montado en el edificio de la ex Aduana, el personaje María Pía López fue acusado de "ejercer actos de crueldad contra animales por haber comercializado perros sin contar con la habilitación municipal correspondiente, por no mantenerlos en un lugar limpio y aireado con alimento y agua en forma permanente y por no aplicarle las vacunas y controles sanitarios correspondientes".
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La audiencia
Tras ingresar al recinto y realizar el juramento pertinente, los integrantes del jurado tomaron lugar en sus sillas y el juez de faltas dio inicio al juicio presentando las partes. Luego, las invitó a presentar el caso y dirigió el debate. Para estos procedimientos el procurador de faltas deberá designar a un fiscal, que actuará en la audiencia de juicio llevando adelante la acusación. La persona acusada podrá elegir si requiere los servicios de un abogado o no. En el simulacro, López contó con una defensora particular.
El jurado estuvo conformado por dos periodistas, el coordinador general de Gabinete del municipio Rogelio Biazzi, la subsecretaria de Gestión Ciudadana Débora Marzioni y la vecina de zona norte. Según la normativa, el cuerpo debe tener como mínimo cinco miembros, salvo que el juzgado estime que por la importancia del caso corresponda mayor participación, que nunca podrá ser superior a siete. Todos debieron escuchar la audiencia con atención y sin posibilidad de hablar entre ellos.
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En primer término, la fiscal expuso el caso y citó que se enmarcaba en el artículo 324 del Nuevo Código de Convivencia que establece que quienes ejerzan actos de crueldad contra animales serán sancionados una multa de 500 a 700 unidades fijas (UF). Además, explicó al jurado qué se entiende por crueldad animal.
En la supuesta causa, la protectora de animales "Patitas" denunció en el municipio a María Pía López por comercializar cachorros de perros raza salchicha y chihuahua sin la habilitación correspondiente. José Pastor fue quien inició el trámite tras contactar a la acusada a través de la reda social Instagram y acordar con ella la venta de un cachorro por 120 mil pesos. Cuando fue a su domicilio para realizar la supuesta transacción, descubrió además que la mujer "tenía varios perros para vender de manera ilegal y en malas condiciones".
Tanto la fiscal como la abogada defensora le hicieron a Pastor las preguntas que consideraron pertinentes y presentaron sus pruebas. Mientras tanto, los jurados tomaban nota y escuchaban con atención. Antes de iniciar el simulacro, el juez de faltas les pidió que no se formaran una opinión definitiva hasta no haber escuchado la totalidad de las pruebas, los alegatos de las partes y sus instrucciones.
Luego fue el turno de Walter Justo. Los inspectores municipales se encargan de constantar la infracción o contravención. Al ser citados como testigos, los miembros del jurado son advertidos de que deben tomar todas sus palabras como ciertas. En tanto, la credibilidad del resto de los testigos debe ser evaluada por cada uno de forma individual.
El inspector se acercó al domicilio de López tras la denuncia de la protectora. López negó vender cachorros y aseguró que eran sus mascotas y "los tenía por amor". El agente municipal ingresó al domicilio, donde tomó fotos y se encontró con un cuarto cerrado con candado en el que había dos jaulas de perros, una de salchichas y otra de chihuahuas, y un pitbull encadenado. También comprobó que las jaulas estaban sucias, que no había recipientes con comida y agua, ni una ventana que garantizara la ventilación adecuada, entre otras cosas. Las imágenes fueron suministradas al jurado, que pudo observarlas tanto a través de una pantalla como en formato físico. Los cachorros fueron decomisados hasta que se resolviera el caso y quedaron bajo la guarda de la protectora Patitas.
También declararon en calidad de testigos Carlos Perrino, veterinario del municipio, y Ramón Petrucceli, veterinario particular. Cada uno dio su versión de los hechos y fue interrogado por las partes para ampliar sus declaraciones. También tomó la palabra la acusada, María Pía López, quien se defendió y argumentó que los cachorros eran parte de su familia y precisó por qué fueron encontrados en ese estado.
Una vez finalizada la etapa de las pruebas, las partes hicieron sus alegatos de clausura y dieron su versión del hecho. La Fiscalía consideró que la acusada vendía perros de manera ilegal e incumplía con el decreto de crueldad animal, mientras que la abogada destacó el amor que le profesa su defensora a los animales y subrayó que, además de la protectora, no hubo denuncias de vecinos ni por maltrato, ni por venta o hacinamiento. En esa línea, reconoció que las condiciones en las que estaban los perros no eran óptimas y que eso era prueba de que no estaban a la venta.
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Cabe destacar que durante las distintas etapas de la audiencia el jurado no puede hacer preguntas. Su tarea se limita a escuchar con atención y seguir los argumentos de las partes.
En el tramo final, el juez le pidió a los integrantes que se retiraran a una sala a deliberar el veredicto. No sin antes recordar que "el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones del juez, del gobierno, de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones". En la misma línea, agregó: "Ninguno de ustedes podrá ser jamás sujeto a consecuencia alguna por los veredictos que rindan, a mens que aparezca que lo decidieron en contra de su conciencia, o de que fueron corrompidos por vía de soborno".
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El veredicto
La deliberación del jurado tardó más de lo previsto y evidenció que dictaminar la responsabilidad o no de una persona en torno a una falta no es tarea sencilla. En un acalorado debate, algunos integrantes argumentaron que las capturas de pantalla suministradas por la protectora de animales, pese a estar certificadas, no eran pruebas suficientes para comprobar que la acusada vendía animales. En un ida y vuelta muy interesante, los cinco miembros expusieron sus puntos de vista entre café y facturas y en más de una ocasión el debate subió de tono.
El veredicto debe ser sí o sí unánime. Finalmente, todos coincidieron con que había habido maltrato animal aunque quedaron algunas dudas sobre si la mujer comercializaba o no perros. Giacobbe, la vecina de zona norte, fue elegida por sus compañeros como presidenta del jurado y quién le comunicó la decisión final al juez de faltas.
Si el jurado no alcanza la unanimidad, el juzgado deberá darle nuevas instrucciones y si en la segunda deliberación tampoco alcanza la unanimidad, el juzgado deberá resolver por sí mismo de acuerdo al sistema legal vigente. Salvo que el caso sea complejo, el juzgado dictará la sentencia en forma oral y en la misma audiencia, quedando todas las partes notificadas en el mismo momento.
Una vez finalizado el simulacro, el jurado aprovechó para hacer un balance de la experiencia y realizar sus sugerencias para mejorar el proceso. Propusieron que alguien del área técnica estuviera presente en el debate para responder las inquietudes legales que puedan surgir. También valoraron la experiencia y resaltaron la importancia de la participación ciudadana en estos procesos.
El intendente Pablo Javkin abrió la prueba piloto y destacó que de esta manera se garantiza que "la Justicia no sea un bien cerrado a la participación popular" y consideró que esta herramienta es "necesaria para recomponer el vínculo entre la Justicia y la sociedad, que se eencuentra aún más dañado que el de la política y la sociedad".
Por último, resaltó que muchas veces la ciudadanía tiene "más sabiduría que los técnicos" y que la participación de los vecinos no implica necesariamente "más punitivismo", como creen algunos.
¿Cómo ser jurado?
La actuación como miembro del jurado vecinal es voluntaria y gratuita. Para inscribirse en el registro de jurados se requiere: haber cumplido 21 años, gozar del pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, saber leer y escribir, y residir en la ciudad de Rosario.
Además, no se puede ser agente de la planta de personal permanente, transitorio o contratado o funcionario del Estado Municipal. Tampoco se deben poseer deudas alimentarias, ni condena por violencia de género. Del mismo modo, el interesado no debe haber sido condenado por delitos dolosos a una pena privativa de la libertad o inhabilitación absoluta o especial para ejercer cargos públicos, o crímenes de lesa humanidad.
Quienes quieran participar se deben inscribir en la web oficial a través del perfil digital o enviar un correo electrónico a [email protected].
