La Municipalidad de Rosario dispondrá una eximición de seis meses para dos tributos y extenderá el plazo de autorización de los servicios
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Personas con discapacidad y sus familiares se manifestaron este jueves en la plaza San Martín.
La confirmación de la declaración de emergencia nacional en discapacidad no fue la única buena noticia del día para quienes buscan soluciones a la crisis en salud y otros problemas. El Concejo aprobó este jueves un plan de alivio fiscal para transportistas y también habilitó una extensión de los permisos correspondientes para esta actividad.
El cuerpo deliberativo sancionó un decreto con una eximición por seis meses para el pago de dos impuestos a un servicio que es fundamental para garantizar otros derechos como la educación. La medida entrará en vigencia una vez que el intendente Pablo Javkin la promulgue.
Por otra parte, la sesión en el Palacio Vasallo concluyó con la aprobación de otro proyecto del oficialismo que amplía el plazo de autorización de transportes especiales. En este caso, la iniciativa tiene un alcance más amplio, ya que incluye a las unidades para actividades recreativas y los vehículos que realizan traslados para empresas o fábricas.
El proyecto presentado por la concejala Anahí Schibelbein determina que los transportistas tendrán 180 días adicionales para pagar la revisión integral técnica y mecánica. El mismo plazo se fijó en el caso del derecho de oficina, otro tributo definido dentro de la ordenanza general impositiva 4.064.
La edila de la Unión Cívica Radical (UCR) impulsó la eximición con una crítica a la política nacional actual. En este sentido sostuvo que el gobierno del presidente Javier Milei "atenta contra los derechos adquiridos de las personas con discapacidad" con su plan de ajuste fiscal.
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La funcionaria recordó que el sistema de asistencia pública está desfinanciado por la falta de actualización de los aranceles que les paga el Estado a instituciones y profesionales del área. "El transporte especial está al borde del colapso, siendo un servicio esencial para garantizar derechos básicos", consideró la autora del proyecto junto con Marisol Bracco y María Fernanda Rey. Así se refirieron también a los aumentos en combustible, seguros y repuestos, entre otros factores que vuelven inviables las prestaciones.
"Este alivio no es una solución", remarcó Schibelbein durante la sesión. A continuación explicó: "Simplemente viene a colaborar y a mirar lo que están atravesando las personas con discapacidad". La propuesta finamente fue aprobada y la Municipalidad quedó facultada para dictar una prórroga por otros 180 días sin tener que pasar por el Palacio Vasallo.
Además de los cambios temporales en materia tributaria, el Concejo le encomendó al Poder Ejecutivo una modificación del artículo 13 del decreto reglamentario 1.741. En éste se definen los tipos de transportes especiales y los requisitos que debe cumplir cada uno.
La iniciativa de la edila Verónica Irizar consiste en fijar un plazo de seis años de validez de las autorizaciones para realizar esta actividad. Actualmente la normativa establece un límite de un año de duración de los permisos precarios (PP) que brinda la Municipalidad.
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El decreto establece tres categorías distintas para ingresar al registro de la Dirección General de Transporte (DGT). En la última aparecen los servicios especiales para personas con movilidad reducida, entre otros. En este caso es necesario acreditar que la prestación se lleva a cabo por un contrato formal con un efector de salud u obra social.
La edila socialista propuso la ampliación de la duración de los PP con el acompañamiento de Schibelbein, Alicia Pino y Manuel Sciutto. Los representantes del oficialismo consideraron que la duración anual de las autorizaciones no sólo desincentiva la permanencia en el sistema, sino también el ingreso de nuevos prestadores. Además la consideraron una traba para la compra de vehículos nuevos en un contexto económico que se vuelve cada vez más difícil.
Por Juan Iturrez
