Durante esta semana los rosarinos escucharon impávidos discursos altisonantes en los que se repitió hasta el hartazgo la palabra "estigma". El vocablo, que de acuerdo a la definición de la Real Academia Española significa "desdoro, afrenta y mala fama", surgió a los pocos minutos de una irrupción policial en la zona oeste, más precisamente en barrio Toba. Volvió a escucharse a mitad de semana, cuando un carrero amenazó con quemarse vivo en la puerta del Concejo si le sacaban el caballo, y sobrevoló luego de que dos policías fueron a una escuela de Villa Gobernador Gálvez para recabar datos previo a la implementación de corredores seguros.
Se impone ahora, pasada una semana de alocuciones plagadas de prosa ampulosa e inquisitiva, algunas hasta trazando paralelismos con las épocas más tristes y dolorosas del país, volver sobre los sucesos que ameritaron esos enérgicos discursos desde distintos sectores políticos.
La primera reacción a la que se hizo referencia surgió el domingo pasado luego de que la policía irrumpiera en barrio Toba y detuviera a 14 personas. ¿Qué hacía la policía en ese barrio? ¿Estaba estigmatizando al pueblo Qom, como se sugirió desde el primer momento?
Veamos. Desde el 1 de enero de este año hasta el martes pasado se recibieron en la línea 911 de emergencias 236 denuncias de vecinos alertando por disparos en la zona oeste. Con esos datos, en el Ministerio de Seguridad se arma lo que se denomina un "mapa de calor", un croquis en el que se vuelcan las denuncias y se identifican los sectores potencialmente más peligrosos. Es decir, más que estigmatizar a un determinado lugar, se lo identifica y se asigna allí más patrullaje para prevenir situaciones delictivas.
En el radio delimitado por Provincias Unidas, Calle 1821, bulevar Avellaneda, 27 de Febrero y Presidente Perón, se identificaron unos 18 "puntos calientes". Se trata de sectores en los que suele haber enfrentamientos armados. Con esa información se asignaron consignas policiales. Una de esas, integrada por dos efectivos, intentó identificar el domingo pasado a un grupo de gente que se negó y comenzó a arrojarles piedras y palos. Minutos más tarde eran más de 30 los vecinos enardecidos contra los dos policías, como se observó en las cámaras de seguridad de la zona. Llegaron los refuerzos, hubo 14 detenidos y tres heridos leves (dos civiles y un policía), y la Justicia debe determinar si se incurrió en apremios ilegales.
De los 14 detenidos, 10 no tenían antecedentes. De los otros cuatro restantes, uno exhibía en su prontuario desobediencia judicial y lesiones leves, y una mujer tenía un antecedente por haber sido aprehendida en octubre de 2016 con portación de arma blanca.
Los dos restantes eran un doble homicida que había gozado de una salida transitoria de Coronda y nunca más regresó, por lo que tenía pedido de captura activo, y otro que contaba en su foja de antecedentes con causas por tentativa de homicidio y tenencia de arma de guerra. ¿Estas detenciones suponen estigmatizar a un barrio?
Tanto los que no tenían antecedentes como los de frondoso prontuario fueron liberados por la Fiscalía antes de que terminara ese domingo. Ahora el Estado gasta recursos, humanos y monetarios, para encontrar al prófugo.
Carreros
El otro discurso que hizo eje en la estigmatización de la pobreza surgió cuando un carrero amenazó con prenderse fuego si le sacaban el caballo. Desde hace dos años el municipio está llevando adelante un plan que tiene por objetivo reconvertir la actividad de los cartoneros. En ese lapso, más de 1.300 dejaron la actividad, formaron cooperativas, se sumaron a talleres en los que aprendieron oficios y muchos pudieron aprender a leer y escribir.
Obviamente que hay un grupo que se resiste al cambio, pero decir que porque se avanza en la implementación de una ordenanza que data del año 2010 y que prohíbe la tracción a sangre se pretende "invisibilizar la pobreza" y "estigmatizarla", es cuanto menos desacertado. Más si se tiene en cuenta el plan de inclusión socio-laboral que se viene llevando adelante.
El tercer tema que habló de estigmas y prácticas regresivas de la policía surgió desde el gremio docente. Esta semana un móvil policial llegó hasta una escuela de Villa Gobernador Gálvez y pidió hablar con los maestros.
El objetivo, según se explicó desde el Ministerio de Seguridad, era recabar datos de la comunidad educativa que pudieran trazar un cuadro de situación para montar corredores seguros. Allí los vecinos se quejan de robos y arrebatos a alumnos y docentes a la salida y entrada del establecimiento. El gremio vio en la presencia de esos policías prácticas intimidantes.
La pregunta surge desde el sentido común. Si la policía no dialoga con la comunidad educativa, ¿cómo hace para conocer en detalle los problemas de inseguridad que padecen?
En fin, parece que se transita por días de discursos altisonantes. Hoy realizar patrullajes y detener a un asesino es estigmatizar a un barrio y pretender incluir a quienes cirujean con sus carros es esconder la pobreza. No se olvide un pequeño detalle: estamos en un año electoral.
