"La emergencia en discapacidad continúa por eso necesitamos la extensión y aplicación plena de la ley", alertó la presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), Mariel Chapero, en relación a la norma que vence a fin de año, pero que recién se reglamentó en febrero de este año tras un fallo de la Justicia federal. Pese a eso, desde este sector advirtieron que la ley "se implementó con cuentagotas y de forma discrecional". Transportistas del sector también realizaron duras críticas al gobierno nacional al tiempo que reclamaron a prórroga de la emergencia en discapacidad, que se presentó la semana pasada en el Congreso nacional.
En declaraciones a La Capital, Chapero reclamó: "Solicitamos que los legisladores puedan impulsar los proyectos de alivio fiscal, de transporte y de prórroga de ley de emergencia en discapacidad porque precisamente dicha emergencia continua, se está en absoluta crisis y los espacios con riesgo".
Discapacidad: emergencia y extensión de la ley
La referente de Apridis y Casa Azul señaló que "hay tanta irregularidad y suspensiones en los pagos, que no solamente obedece a una situación de precarización sino que, directamente, no cobran por la prestación que brindan. Por eso creemos que el transporte viene a sostener un servicio que garantiza un derecho, cuestión que venimos impulsando y trabajando desde hace dos años sin poder resolverlo".
A modo de ejemplo concreto, señaló que los honorarios de un prestador de salud oscilan la mitad del mínimo sugerido por el Colegio de Psicólogos, cuya última actualización se ubica en los 40 mil pesos.
"Este año tienen una actualización por IPC, pero estuvieron un año congelados, entonces así es imposible, en un escenario con espacios vaciados y otros, directamente cerrados después de años de trabajo", cuestionó.
En ese contexto, mencionó que ese nomenclador incluye capacitación, familia, escuela, equipo interdisciplinario, informes, renovación de certificados, entre otros requerimientos que hacen a esa profesión.
Es por este motivo que los bloques opositores al oficialismo presentaron un nuevo proyecto para prorrogar la vigencia de la emergencia hasta diciembre de 2027.
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A su vez, el Concejo Municipal reunió a concejales, diputados y senadores provinciales y nacionales para motorizar distintas acciones al respecto. Se trató de una mesa de trabajo en la que se convocó, especialmente, al diputado nacional Juan Marino, vicepresidente de la comisión de Discapacidad del la Cámara baja.
"Es fundamental que la ley sea prorrogada para seguir luchando por su implementación a pesar de que fue sancionada y resistió vetos presidenciales hasta que terminó judicializada. Este tipo de reuniones ayuda a visibilizar que la emergencia en discapacidad continúa y la ley sigue sin ser implementada", sostuvo.
Por eso Chapero remarcó la importancia de que los Ejecutivos, municipal, provincial y nacional puedan comprender que es necesario que haya un acompañamiento de un alivio fiscal de los espacios que están en una situación crítica.
En tanto, el referente de la Asociación de Transportistas Especiales (Atraes), Pablo Bolego, sostuvo que "el reconocimiento la actualización por IPC debía aplicarse desde enero de 2025. Sin embargo, los aumentos comenzaron a publicarse expresamente en el Boletín Oficial acompañando el IPC recién en febrero de 2026".
Tristeza por los casos de corrupción
A su vez, remarcó que "de ninguna manera alcanza para hablar de una solución o de un alivio real frente a la emergencia que sigue atravesando todo el sistema. Por eso, cuando leemos las últimas noticias de Cerimedo y el entramado de corrupcion en Andis, pasamos del dolor y tristeza, por ver el cierre de instituciones y personas con discapacidad, en situación de pobreza, a la bronca y la indignación".
Por otra parte, señaló que el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas no está realizando ni reconociendo adecuadamente los estudios de costos que la ley de emergencia en discapacidad establece como necesarios para determinar el desfasaje real que atraviesa el sistema.
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"Sólo basta con imaginarse en nuestra prestación cómo impacta el combustible en el estudio de costos. Como consecuencia, hoy seguimos con aranceles que se encuentran aproximadamente un 40% por debajo de los costos reales. Desde julio de este año nos devuelven 881,50 pesos por kilómetro cuando un taxi o remise representa un costo de 1.100 pesos, aproximadamente, para ese mismo recorrido. A eso tenemos que sumar la adaptación de las unidades, capacitar chóferes y esperar más de tres meses para cobrar las prestaciones ya brindadas", cuestionó.
Asimismo, remarcó: "Tampoco podemos hablar de un alivio integral cuando hay más de 200 mil personas esperando acceder a una pensión por discapacidad, aun teniendo sus trámites iniciados y la documentación presentada, mientras prácticamente no se están otorgando nuevas pensiones".
