Denuncian la venta irregular de inmueble de una entidad para personas con discapacidad

El gobierno de la provincia realizó una presentación ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investigue si se cometieron irregularidades en una operación inmobiliaria que involucra a una cooperativa de trabajo para personas con discapacidad. Dicha operación se llevó adelante en el marco de las acciones que se desarrollan para prevenir maniobras inmobiliarias irregulares con el fin de proteger a las instituciones intermedias.

La presentación ante el Fiscal del MPA de la 2da. Circunscripción solicitó que se determine si hubo un ilícito del que habría sido víctima la cooperativa. Desde el Ministerio tomaron contacto con quien fue el vicepresidente de la institución, y advirtió que el inmueble estaba en venta sin que conste la participación de ninguna de las autoridades legalmente constituidas de la cooperativa.

Ante esta información, autoridades del gobierno provincial se acercaron al establecimiento para conocer los detalles del hecho y pudieron detectar que la propiedad había sido vendida. Además, quienes firmaban en representación de la cooperativa no eran autoridades inscriptas en el Registro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Santa Fe.

Detalles de la denuncia

La denuncia describe una operación de compra de un lote de terreno ubicado en calle Riccheri (ex Pichincha) al 100, entre Salta y Jujuy, en Rosario, y solicita que se determine a los autores o coautores de las presuntas irregularidades que se detallan en la presentación.

Además, se sustentó en la necesidad de determinar si se habrían llevado a cabo conductas que afectarían la administración pública, la fe pública registral, el derecho de propiedad y el orden socioeconómico. Entre los motivos de la presentación de la provincia se menciona “la presunta comisión de delitos de acción pública perseguibles de oficio” conforme al Código Procesal Penal.

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Protección ante estafas

Proteger a los clubes de barrio y a las vecinales de estafas inmobiliarias es el principal objetivo de dos disposiciones emitidas por el gobierno de la Provincia, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) y el Registro de la Propiedad Inmueble. En este sentido, se establece un trámite obligatorio para las instituciones intermedias para quienes quieran vender alguna propiedad de la entidad. Esto se debe a que se detectaron maniobras de este tipo, que actualmente están siendo investigadas por la Justicia.

El secretario de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, se refirió a las acciones del gobierno provincial ante este tipo de delitos: “Tenemos instrucciones del gobernador, Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, para que desde las áreas del Estado se detecte cualquier maniobra irregular que esté persiguiendo la realización de alguna estafa inmobiliaria en cualquier punto de la provincia”. Asimismo el funcionario enfatizó: “Vamos a ir contra quienes también cometen delitos de guante blanco. Muchas veces a quien realiza un arrebato en la vía pública le cae todo el peso de la ley, pero quienes roban millones de pesos, y en este caso inmuebles valuados en grandes sumas de dinero, también tienen que ser juzgados y tendrán que cumplir la condena que les corresponda”.

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En primera persona

Juan Enrique Riz, que se desempañó como vicepresidente de la cooperativa de trabajo, brindó una descripción de los hechos y denunció la irregular venta del predio ante la Provincia. En este sentido, explicó: “La entidad se dedicaba a la venta de insumos de limpieza, tenía una canchita de césped sintético y aparatos de gimnasia para los chicos. Todos recibían un salario por el trabajo que realizaban. Hasta antes de la pandemia funcionó bien, pero luego se cambió la comisión directiva, sin mi conocimiento, en forma irregular. Concurrí a la inmobiliaria a denunciar la situación, me mostraron papeles firmados y me dijeron que estaban en regla. Luego denuncié el hecho en la Dirección de Cooperativas, donde también me mostraron documentos firmados por integrantes de la cooperativa, y finalmente hice una denuncia penal”.