Tras un incidente confuso y una trama en la que se entremezclan problemáticas institucionales, un acompañante terapéutico de 50 años que trabaja en un hogar que depende de la Subsecretaría de Niñez provincial fue detenido el sábado a la noche. Ayer atravesó una audiencia donde le imputaron el delito de abuso sexual de un adolescente de 17 años con retraso madurativo, por lo que deberá cumplir “medidas alternativas a la prisión preventiva”. La denuncia, que según fuentes del caso presenta incongruencias, la hizo una joven que egresó de ese espacio, pero aún mantiene un vínculo problemático con los operadores del espacio.
En medio de la confusión generalizada, el sábado por la noche hubo un despliegue policial inusitado en el alojamiento transitorio Bujía, una casa ubicada sobre Junín al 6660 donde viven 9 chicos menores de edad vulnerados y derivados por Niñez.
Ese día una joven que residió durante varios años en el lugar, llegó junto a su novio y su pequeño hijo con la intención de festejar su cumpleaños con su hermano. El coordinador le indicó que no le podía permitir el ingreso, y la respuesta generó una discusión.
En ese contexto, surgió que la chica había denunciado al celador de turno, un hombre de 50 años, por el supuesto abuso de un adolescente de 17 años que tiene un retraso madurativo leve, y está alojado en la casa hace dos años y medio.
Según elementos preliminares, el fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, Ramiro González Raggio, ordenó la detención del hombre denunciado. El procedimiento policial de los agentes de la comisaría Nº 12 y del Comando Radioeléctrico terminó con otras dos personas tras las rejas, que nada tenían que ver con el hechos.
Se trata de dos jóvenes operadoras que habían sido convocadas de urgencia por el coordinador de la ONG Presente y Futuro, Esteban Mariño, quien lo consensuó previamente con Dirección Provincial de Niñez. Sin embargo, cuando las mujeres llegaron al lugar una abogada del organismo les dijo que se retiraran.
Mientras las trabajadores caminaban hacia la esquina, un patrullero las interceptó, las detuvo y las esposó sin motivo. Estuvieron alojadas hasta el domingo a la mañana en la comisaría 12ª. Ese capítulo del caso movilizó una denuncia (ver aparte) en la Dirección de Asuntos Internos de la Unidad Regional Nº 2 y en la Unidad de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Complicada
En relación a la denuncia de abuso, allegados al caso la tomaron con cautela, y esperan una serie de medidas que ordenó el fiscal, entre ellas el testimonio en Cámara Gesell de la supuesta víctima, de testigos, informes psicológicos de Niñez, relevamientos y posibles testigos para cotejar y corroborar la denuncia.
“Esta joven tiene un vínculo problemático con el hogar. Ella egresó porque es mayor de edad, pero siempre vuelve porque visita a un hermano. Cuando ingresa a la casa suceden algunas cuestiones que modifican la dinámica de los chicos, y no son buenas. El sábado quiso festejar su cumpleaños y no la dejaron. Luego apareció la denuncia”, indicaron sobre la joven que impulsó la acusación de abuso.
Desde el MPA también aportaron que hay algunas “inconsistencias” en el relato de la denunciante. No obstante, el fiscal González Raggio solicitó la audiencia imputativa contra el celador, pero sin tratamiento de medida cautelar de prisión preventiva, mientras espera los resultados de informes que solicitó. Otro dato que llama la atención de los investigadores es que la joven se quedó en la casa tras el incidente del sábado. “Tenemos entendido que la gente de la ONG va a presentar una denuncia por usurpación. No puede estar en el lugar”, sumaron fuentes con acceso las actuaciones.
Si bien la audiencia imputativa estaba programada para las 14 de ayer, se postergó varias horas. El fiscal González Raggio dictó para E. F. 90 días de “medidas alternativas” a la prisión preventiva (como fijar domicilio y presentarse cada 15 día ante la Oficina de Gestión Judicial), con vencimiento el 2 de marzo de 2022. Mientras tanto, se van a profundizar las tareas de investigación.
El acompañante terapéutico , según pudo saber La Capital, declaró que iba al alojamiento los días sábados y domingos, de 8 a 20, y que no hacía horario nocturno, a diferencia de lo que los testigos indicaron respecto de lo sucedido.
