La ciudad

Dejan sin efecto la cautelar que impedía habilitar nuevos comercios en Pichincha

Tras una audiencia esta mañana, se dejó sin efecto la resolución que tomó el juez Civil y Comercial, Pedro Boasso, el mes pasado. En la resolución se ordenó al municipio dar cumplimiento a la normativa vigente.

Viernes 23 de Agosto de 2019

La Justicia dejó si efecto hoy la medida cautelar otorgada a principios de julio pasado por el juez en lo Civil y Comercial 16 Pedro Boasso, donde se ordenaba a la Municipalidad de Rosario que se abstuviera de otorgar nuevas habilitaciones comerciales en el radio urbano comprendido entre las calles Balcarce, Francia, Jujuy y Rivadavia.

A raíz de la presentación de numerosos comerciantes afectados, patrocinados por los abogados Marcos Peyrano y Froilán Ravena, este viernes se celebró una audiencia de conciliación con la participación de los vecinos demandantes y de la propia Municipalidad.

En dicha audiencia se acordó dejar sin efecto la medida cautelar que suspendiera en general el otorgamiento de nuevas habilitaciones y en su lugar solo se ordenó al municipio dar estricto cumplimiento a la normativa vigente, lo cual incluye la emisión de un dictamen por parte de una Comisión Centralizada de Análisis previsto en el decreto 250/19 que ya funciona desde febrero de este año.

Esta resolución descomprime la situación y lleva alivio no sólo a los comerciantes afectados, sino también al Sindicato de Empleados Gastronómicos y a la Asociación Empresaria de Rosario quienes se habían manifestado fuertemente en contra de la resolución que quedó sin efecto.

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Las partes destacaron que lo resuelto es el fruto de un acuerdo entre los vecinos demandantes, la Municipalidad y los comerciantes afectados, quienes habían comparecido como terceros en el juicio iniciado, todo ello con la aprobación del magistrado interviniente.

Todas las partes coincidieron en que la medida originaria había sido dictada en forma muy general por lo que debía ser dejada sin efecto, opinión que también había expresado el fiscal interviniente en el proceso.

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La resolución implica que quienes tenían su habilitación en trámite podrán continuar con ese proceso apegándose a la normativa y requisitos vigentes sin que exista prohibición o suspensión judicial alguna con respecto a una zona comercial específica de la ciudad como es el barrio de Pichincha.

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