La Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario (Aehgar) expresó su preocupación por la medida cautelar impuesta por la Justicia Civil y Comercial de Rosario, que hizo lugar a un amparo presentado por los vecinos del barrio Pichincha para frenar la habilitación de locales gastronómicos en esa zona.
De esta manera, la asociación civil se suma al repudio de los comerciantes de Pichincha quienes calificaron como "una locura" la medida cautelar interpuesta por el juez Pedro Boasso a través de la "ley 10 mil de intereses difusos". Esa decisión judicial impide la habilitación de locales gastronómicos en un barrio que se ha transformado en el epicentro de la movida rosarina en los últimos años.
"La Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario Asociación Civil, con motivo de los hechos de público conocimiento relativos a la aplicación de la Ley Provincial de Intereses Difusos (Ley N° 10.000) en el "Barrio de Pichincha", expresa su preocupación en relación a medidas cautelares dispuestas judicialmente, en la posibilidad que las mismas afecten o restrinjan infundadamente la actividad empresarial, como así también los aspectos de preservación cultural o comercialización, que precisamente tutela la norma indicada", reza el comunicado presentado por Aehgar.
En tal sentido, agrega que "lo expuesto, de ninguna manera desconoce las facultades de control que posee la Municipalidad de Rosario ni pretende soslayar las funciones jurisdiccionales que legítimamente corresponden al Poder Judicial; sino que resguarda el sano equilibrio que sus resoluciones deben preservar".
El pasado 5 de julio, un grupo de vecinos de Pichincha recurrieron a Tribunales para canalizar sus reclamos argumentando que los ruidos que molestos que origina la movida de locales en esa zona les impide descansar durante la noche en el radio comprendido entre las calles Jujuy, Oroño, Alvear y Salta. A su vez, también manifestaron su descontento con la Municipalidad por la "falta de respuesta".
"Presentamos un recurso de amparo en el marco de la ley 10.000, (de intereses difusos), para pedirle a la Justicia que intime a la Municipalidad que bajo apercibimiento al funcionario que corresponda, haga cumplir las normativas vigentes", había indicado a La Ocho en aquella oportunidad Guilermo Kramp, vocero de los vecinos del barrio.