No hay dudas de que la seguridad es el principal desafío de la ciudad y en ese marco, en los últimos 30 años, el transporte urbano, los ataques a las unidades, y los robos a choferes y pasajeros van marcando un termómetro de la situación que atraviesa el mapa entero de Rosario y cada uno de sus barrios. Sin dudas, esta semana, el homicidio de César Roldán, el chofer de colectivo que fue baleado mientras trabajaba el último sábado en la línea 116, marca un clima de época: una víctima al azar, que como ya hubo otras, es blanco de un sicario para dejar un mensaje. El último chofer asesinado había sido en marzo de 1997 Gabriel Albornoz, un joven de 30 años, que fue baleado en ocasión de robo en un hecho que terminó apurando el proceso de implementación de la tarjeta magnética para el pago de boletos que ya por entonces choferes y familiares venían reclamando.
Desvíos de recorridos, barrios "calientes" a los cuales los colectivos dejan de ingresar durante la noche, las propuestas de instalar cámaras de seguridad en las mismas unidades y hasta el acompañamiento policial para realizar el recorrido en determinados sectores de la ciudad fueron y son debates que la ciudad viene dando desde hace ya varias décadas para poder garantizar la seguridad en las unidades del transporte.
Sin embargo, más allá de las denuncias de piedrazos, el crimen de Roldán por primera vez marca una situación donde el ataque se da fuera de un escenario de robo. Los asaltos, ya sea para quedarse con la recaudación de los boletos hasta el año 97 o con los efectos personales de los propios pasajeros, como así también algún conflicto que terminó resolviéndose en forma violenta, marcaron los hechos de inseguridad en el transporte en las últimas décadas.
Incluso el pico de violencia y el incremento de la tasa de homicidios que tuvo la ciudad en 2013, tuvo su correlato y en las unidades del transporte que volvieron a ser blanco de los ataques. Y si bien no hubo víctimas fatales ese año, se produjeron tres paros en el sector ese año por situaciones de inseguridad.
Final de década
La última mitad de la década del 90 estuvo marcada por los reclamos tanto de los propios choferes como de sus familiares de mayor seguridad en las unidades, sobre todo teniendo en cuenta que por entonces los coches circulaban por la ciudad con la recaudación de los boletos, lo que los hacía un botín en sí mismo.
El 96 fue un año movido. En octubre de ese año, las madres, esposas e hijos de los conductores de las entonces empresas privadas Las Delicias, Roque Sáenz Peña y Halcón -como detallan las crónicas- se concentraron en varias oportunidades no sólo reclamando mayor seguridad, sino además la aceleración de un proceso que estaba en marca, que era la implementación del cobro de los boletos a través de la tarjeta magnética (en su primera versión de cartón emitida por el Banco Municipal).
La urgencia, justamente era que los choferes dejaran "de una vez por todas de manejar dinero en las unidades", e indicaban la zona sur, como uno de los sectores donde se producían la mayor cantidad de robos. La Capital en un relevamiento realizado entre enero y noviembre de ese año informó unos 500 robos a colectivos al año, con un promedio de 40 hechos mensuales.
El crimen de Albornoz
Sin embargo, fue el crimen de Gabriel Albornoz, un joven de 30 años, chofer de la unidad 16 línea 125, el jueves 27 de marzo de 1997 el que apuró el proceso. Hubo un paro que se extendió durante varios días y que obligó a la entonces intendente Hermes Binner apurar las modificaciones que estaban en marcha.
El robo se produjo a las 20.30, en Matienzo y Deán Funes, y si bien el hombre entregó a los dos ladrones toda la recaudación del día, fue ultimado cuando se negó a darles una cartera con su documentación y sus efectos personales.
En la unidad, un policía que viajaba de civil, respondió también a tiros al ataque, lo que le produjo la muerte a uno de los asaltantes e hirió al segundo, pero Albornoz falleció en el lugar.
A partir del mismo hecho y como parte de las negociaciones para levantar la medida de fuerza que inmediatamente había decretado la Unión Tranviaria Automotor (UTA), se firmó un acta acuerdo entre la Municipalidad, el gremio, el Concejo Municipal y el Ministerio de Gobierno de la provincia, por entonces a cargo de Roberto Rosúa, donde se estableció que a partir del 10 de abril de ese mismo año sólo se aceptaría la tarjeta magnética como forma de pago del boleto entre las 21 y 6; que el 12 de mayo sería la fecha límite para su implementación las 24 horas y que el Banco Municipal debería difundir su funcionamiento.
Un 2013 con tres paros
Cuando en 2013 la violencia comenzó a multiplicarse y la tasa de homicidios se disparó en la ciudad, los colectivos no quedaron fuera de ese escenario. La UTA arrancó el año marcando a los barrios Tablada, Tío Rolo, Las Flores, Santa Lucía, Toba y La Cerámica como "los más calientes" y en abril de ese año, en la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal, se discutían unos 30 pedidos de cambios de recorridos por cuestiones de seguridad.
Es más, en ese debate se hizo público que para ese momento casi el 10 por ciento de los servicios de transporte de la ciudad circulaba con custodia policial para ingresar a determinados barrios.
En mayo de ese año, la brutal agresión que sufrió Jorge Brex, un chofer de 57 años de la línea 113, provocó el primer paro. El hombre fue atacado a golpes de puño en la zona de Génova y Leguizamón cuando se negó a trasladar gratuitamente a un grupo de jóvenes alcoholizados y terminó internado en la terapia intensiva del Sanatorio Laprida.
Brex, padre de tres hijos, pasó más de 20 días internado y sufrió secuelas severas tras el hecho, como lagunas mentales, pérdida parcial de la memoria y del lenguaje y momentos de divagación, por lo que tuvo que llevar adelante un largo tratamiento de rehabilitación.
Ese mismo año, se propuso instalar cámaras de videovigilancia sobre los coches. Hubo ataques a piedrazos, robos a mano armada y varios asaltos "en pandilla", como lo describieron los choferes. En agosto se produjo un segundo paro de 24 horas tras una nueva agresión a un conductor, que sufrió un corte de arma blanca en la cara.
Para septiembre de 2013, la UTA había denunciado más de un centenar de robos en el año y a razón de un robo por día.
En noviembre se dio la tercera medida de fuerza y fue ante una nueva agresión: Luciano Acutaín, un chofer del interno 287 de la línea 141, recibió un puntazo en el cuello tras una discusión con un pasajero cuando circulaba por Entre Ríos y Garay.
Al día de hoy, los cambios de recorridos por razones de seguridad se siguen produciendo. Si bien desde el municipio, aclaran que son "modificaciones esporádicas y no permanentes", se producen en diferentes sectores. Mientras tanto, no son sólo los choferes quienes tienen sus demandas y son blanco de las situaciones de inseguridad. Los usuarios reclaman caminar menos para llegar a las paradas, donde también suelen ser blanco de robos y arrebatos.
