Crece la deuda entre repartidores de apps: denuncian préstamos con tasas de hasta 700%

Los repartidores que trabajan para aplicaciones de delivery encendieron una nueva alarma sobre las condiciones laborales del sector. Esta vez, la preocupación no pasa solamente por los bajos ingresos o la falta de derechos laborales, sino por el crecimiento del endeudamiento a través de créditos ofrecidos por las mismas plataformas para las que trabajan.

Desde el Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa) denunciaron que algunos de esos préstamos aplican tasas de interés que pueden llegar al 700% anual y advirtieron que el sistema genera una relación de dependencia económica que obliga a muchos trabajadores a extender sus jornadas para poder afrontar las cuotas.

"La situación es gravísima y alarmante. Nosotros trabajamos sin ningún tipo de derecho laboral, cobramos por pedido entregado y tenemos que hacernos cargo de todas las herramientas de trabajo. Las empresas no ponen un peso", afirmó en diálogo con LT8 el secretario de Juventud del gremio, Ezequiel Rodríguez.

Cada vez más deuda entre los repartidores

La preocupación sindical encuentra respaldo en los datos del Banco Central. Según un informe del organismo, a fines de 2025 el saldo promedio de deuda de los monotributistas que trabajan en plataformas rondaba los 900.000 pesos por persona.

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Además, el crecimiento fue acelerado: la cantidad de trabajadores endeudados aumentó un 177% entre 2023 y 2024 y volvió a crecer otro 122% durante 2025.

Para el sindicato, el fenómeno está directamente relacionado con el deterioro del mercado laboral y la necesidad de financiar las propias herramientas con las que trabajan.

Motos, bicicletas y celulares, todo sale del bolsillo del repartidor

Rodríguez explicó que los créditos suelen destinarse a comprar o reparar motocicletas, bicicletas, celulares, cascos, mochilas térmicas e indumentaria para lluvia.

"Todo sale de nuestros bolsillos. A medida que trabajamos más horas también aumenta el desgaste de esas herramientas y necesitamos volver a invertir", señaló.

El problema, según denuncian, es que muchas veces esas herramientas son financiadas por las propias aplicaciones mediante préstamos que luego descuentan directamente de los ingresos generados por cada entrega.

"Nos atan a trabajar por migajas"

Desde Sitrarepa cuestionan que las empresas administren simultáneamente el trabajo y el financiamiento de quienes prestan servicios a través de sus plataformas.

"Generan una situación de dependencia porque terminamos atados a trabajar cada vez más horas para pagar las herramientas con las que trabajamos para esas mismas empresas", sostuvo Rodríguez.

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El dirigente aseguró que existen casos de trabajadores que solicitaron préstamos para comprar una moto por entre un millón y un millón y medio de pesos y terminaron devolviendo cerca de cuatro millones. "Las tasas son súper usurarias y, además, las cuotas se pagan semanalmente", afirmó.

Más repartidores, menos ingresos

Desde el gremio sostienen que la crisis económica también impactó sobre el sector. "Cada vez somos más repartidores en la calle debido a los despidos y los bajos salarios. Eso hace que las empresas paguen menos por pedido, nos hagan recorrer mayores distancias y aumenten las exigencias para acceder a mejores ingresos", explicó Rodríguez.

Según detalló, actualmente un viaje puede pagarse entre 1.000 y 3.000 pesos, dependiendo de la demanda, la distancia y el horario.

El sindicato también denunció que los mismos algoritmos que determinan el ranking de desempeño de cada repartidor son utilizados para definir quién puede acceder a un crédito, por qué monto y con qué tasa de interés.

El reclamo por una regulación

Desde Sitrarepa rechazaron que este sistema pueda presentarse como una herramienta de inclusión financiera. "Hay una relación muy perversa entre el aumento de los ritmos de trabajo y estos créditos. Las empresas aprovechan la precariedad laboral para atarnos a trabajar por migajas", sostuvo Rodríguez.

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En ese marco, el sindicato reclamó una regulación estatal que establezca límites a las condiciones de estos préstamos y a las tasas de interés aplicadas, al considerar que la falta de controles profundiza la vulnerabilidad económica de miles de trabajadores que dependen de las aplicaciones para generar ingresos.