El principal objetivo de La Libertad Avanza (LLA) será convertir en ley el Súper Rigi, con media sanción de Diputados. La batalla por el Presupuesto
Foto: Senado de la Nación
El gobierno libertario deberá coordinar bien las negociaciones con los bloques aliados en el Senado para evitar otros sobresaltos, como con la ley de Tierras.
La Libertad Avanza debió reconfigurar su estrategia parlamentaria en el Senado y decidió concentrar sus esfuerzos en un paquete de iniciativas consideradas clave para el gobierno, después del traspié que sufrió con el proyecto de Propiedad Privada, que tuvo que eliminar capítulos centrales ante la resistencia de sus aliados.
Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo asumió que será más difícil construir mayorías para avanzar con reformas de fondo y busca evitar nuevas derrotas en el recinto.
Por eso, en el último tramo del año concentrará su agenda en los proyectos económicos que considera indispensables para consolidar el programa de Javier Milei.
La prioridad estará puesta en Super RIGI, Inocencia Fiscal, la reforma del Banco Central y el Presupuesto 2027, que ingresará a la Cámara de Diputados el próximo 15 de septiembre.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, ya tomó nota de que las condiciones políticas en el Senado cambiaron y que será cada vez más complejo conseguir el respaldo de los gobernadores peronistas y provinciales a medida que se acerque la campaña electoral de 2027.
Los bloques dialoguistas reclaman modificaciones en los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, y pretenden que el oficialismo habilite iniciativas promovidas por senadores vinculados con los gobernadores y proyectos que consideran de impacto directo sobre la población, entre ellos, propuestas para abordar el creciente endeudamiento de las familias.
Fuentes parlamentarias señalaron que los senadores dialoguistas no están dispuestos a concurrir al recinto únicamente para votar la denominada Ley Hojarasca o los pliegos de jueces y otros funcionarios.
Por el contrario, reclaman incorporar al temario proyectos impulsados por legisladores de las provincias.
El antecedente de la ley de Propiedad Privada encendió las alarmas dentro del oficialismo. La resistencia de los aliados obligó a retirar capítulos centrales de la iniciativa y dejó en evidencia que La Libertad Avanza no cuenta con una mayoría propia y necesita negociar cada proyecto.
En ese escenario, la estrategia pasó a ser priorizar pocas iniciativas, negociar antes de llegar al recinto y evitar que los proyectos que generan mayores diferencias se conviertan en nuevas derrotas parlamentarias.
Una muestra de esa nueva lógica será el tratamiento del proyecto impulsado por la senadora salteña Flavia Royón y los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que establece un marco regulatorio para el mercado voluntario de carbono.
El oficialismo buscará emitir dictamen esta semana sobre la iniciativa, que apunta a crear un sistema legal y transparente para certificar, registrar y comercializar créditos derivados de la reducción o captura de gases de efecto invernadero, con el objetivo de atraer inversiones vinculadas a la denominada economía verde.
El proyecto funciona, además, como una señal hacia los gobernadores dialoguistas: la Casa Rosada necesita mostrar que está dispuesta a incorporar iniciativas de las provincias si pretende mantener el respaldo parlamentario para sus propias reformas.
El principal objetivo de La Libertad Avanza en el Senado será convertir en ley el Super RIGI, aprobado por la Cámara de Diputados, una iniciativa con la que el Gobierno busca captar inversiones millonarias en nuevas industrias vinculadas con la inteligencia artificial, la energía y los minerales críticos.
El proyecto ya fue discutido con funcionarios la semana pasada y la próxima continuará el período de consultas con especialistas y representantes de la oposición.
Está prevista además la participación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
En el oficialismo estiman que el dictamen podría quedar firmado el 20 de agosto, con la intención de llevar el proyecto al recinto en la sesión prevista para el 27 de agosto.
Ese día también se prevé incluir alrededor de 60 pliegos, entre ellos los de los candidatos a ocupar la estratégica Sala I de la Cámara Federal porteña, un tribunal que tiene bajo su jurisdicción causas de alta sensibilidad política para el Gobierno nacional.
La estrategia será diferente con los proyectos promovidos por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
En ese sentido, el proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades, que tendrá un trámite más prolongado debido a las resistencias que genera entre los bloques aliados y a la necesidad de introducir modificaciones para alcanzar un consenso.
El debate se reanudará esta semana con nuevos especialistas propuestos tanto por el oficialismo como por la oposición.
Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es la creación de la “Sociedad Automatizada”, concebida para funcionar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento ordinario.
La propuesta genera fuertes cuestionamientos de sectores opositores y especialistas, que advierten que la posibilidad de crear compañías operadas mediante inteligencia artificial o algoritmos podría facilitar la elusión de responsabilidades laborales, tributarias y penales.
Por ese motivo, el oficialismo deberá negociar cambios antes de intentar avanzar hacia un dictamen.
Mientras concentra sus esfuerzos en el paquete económico, el gobierno mantiene frenados otros proyectos de fuerte impacto político.
Entre ellos figuran la reforma electoral para eliminar las Paso, el régimen de Zonas Frías, la reforma de la Ley de Salud Mental y las iniciativas vinculadas con discapacidad.
La reforma electoral es particularmente compleja porque involucra directamente a los gobernadores y al armado político de cara a 2027.
En el oficialismo reconocen que será difícil conseguir los votos necesarios si los mandatarios provinciales comienzan a tomar distancia de la Casa Rosada para concentrarse en sus propias elecciones.
Así, el Senado se encamina hacia una segunda mitad del año marcada por una lógica diferente a la que pretendía inicialmente el gobierno: menos reformas estructurales y más negociación proyecto por proyecto.
La batalla parlamentaria por el Presupuesto 2027 será, en ese escenario, la prueba de fuego de la nueva estrategia oficialista.
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