El próximo 5 de septiembre debe implementarse la baja de imputabilidad de 16 a 14 años. El juez Alejandro Cardinales dijo que por el momento es "terraplanismo punitivista"
Por Claudio Berón
Las instalaciones del antiguo Irar para alojar adolescente en conflicto.
Alejandro Cardinale es juez de Menores en Rosario, tiene casi 50 años y fue designado en 2018. En su momento se expresó con cierta desconfianza hacia la ley 27.801 que regula el nuevo Régimen Penal Juvenil. A días de que comience a regir en todo el país, el magistrado planteó que hasta el momento no existe información oficial suficiente acerca de cómo se implementará concretamente en la provincia. "Todo está dispuesto, pero no está clara la implementación", dijo.
El Régimen Penal Juvenil nacional comenzará a regir el próximo 5 de septiembre. Esta normativa reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un sistema procesal y penal especializado para los adolescentes. Los adolescentes de 14 a 17 años podrán ser investigados y sometidos a un proceso penal. Las penas de prisión tendrán un máximo de 15 años y se prohíbe la prisión perpetua. Para los de 14 años, la escala penal se reduce a la mitad. "Si la pena prevista es de hasta tres años, no se aplica prisión; se priorizan medidas como amonestaciones, trabajos comunitarios o monitoreo electrónico" establece la ley. En cuanto a las garantías y asistencia se prohíbe alojar a menores en establecimientos de adultos y se exige asistencia médica, psicológica, educativa y equipos interdisciplinarios.
El juez sostuvo que hay falta de definiciones institucionales para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil. “Son oficinas, personas, cargos, plata...”. Destacó que "no hay en el fuero penal juvenil una sección juvenil especial y tampoco se implementó el cargo de asesor tutelar para la reinserción de los menores imputados". El magistrado acuño una frase que grafica su postura: calificó como “terraplanismo punitivista” la consigna que equipara automáticamente el delito cometido por un adolescente con la pena de un adulto.
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La ley estableció una extensa estructura de intervención especializada, seguimiento interdisciplinario, educación, salud, tratamiento de adicciones, supervisores y establecimientos específicos para menores de edad. "Hay un aparente sistema de designaciones. En el viejo sistema los jueces teníamos un entorno del contexto del niño, su problemática y la forma en que se actuaba para proteger, a partir de que la ley mejorara la seguridad del niño y el entorno".
Si bien existe una Unidad Fiscal especializada, a cargo del fiscal Luis Schiappa Pietra, para Cardinale no hay delimitada de momento una complementación entre la secretaría de la Niñez y otras áreas que hacen a la Justicia. "Los chicos con esta situación están atravesados por consumo, entorno familiar problemático y situaciones de salud mental y por el momento no existe una situación de diálogo como en el sistema anterior. Lo interesante es que quedó expuesta la incidencia de estas causas de menores como actores del delito, y es ínfima en las audiencias imputativas. La idea inicial no es hacer un 'penalito' para chicos".
“Pasado el debate, pasados los titulares de los diarios, de los medios de comunicación, viene el momento de la verdad: la implementación”, señaló Cardinale, y se explayó sobre sus dudas sobre cómo se llevarán adelante las causas a partir de los primeros días de septiembre: "¿Qué ocurre con un adolescente con problemas de consumo? ¿Quién realizará su seguimiento? ¿Qué profesionales integrarán esos equipos? ¿Existen actualmente los institutos especializados necesarios? Y, por último, ¿cómo se financiará toda esa estructura?".
Cardinale sostiene que no cuenta con información que permita saber de qué manera estarán disponibles esas herramientas cuando comiencen a presentarse adolescentes de 14 y 15 años alcanzados por el nuevo régimen.
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Durante el debate que llevó adelante la sociedad por la baja de la edad de imputabilidad el juez había señalado que "el sistema penal es selectivo y que esta reforma no aborda las causas estructurales del delito. Cardinale detalló que Argentina incumplía compromisos internacionales y observaciones de organismos como el Comité de los Derechos del Niño, que instan a los Estados a no reducir la edad de punibilidad. Asimismo, había denunciado que la respuesta estatal actual en los lugares de encierro suele ser “aberrante y cruel” lo que, lejos de solucionar el problema, termina por reforzar las trayectorias delictivas al no ofrecer alternativas pedagógicas ni de futuro para los jóvenes.
“Es mínima la población de adolescentes que se vincula con alguna actividad delictiva y se reduce aún mucho más cuando el delito es grave o gravísimo con daño irreparable. Ahora, traducir eso en una finalidad de seguridad pública, o decir que es un factor por el cual la sociedad vive situaciones agravantes en términos de seguridad ciudadana, es una falacia. Además no se condice con las estadísticas oficiales”, había afirmado el magistrado durante el debate social.
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