Desde una organización pionera local aseguraron que la desregulación barrerá con la agricultura familiar, pero podría ordenar ciertos parámetros industriales
Por Matías Petisce
Cannabis medicinal: el gobierno modificó los requisitos de inscripción de los cultivadores.
Desamparo, por un lado, escepticismo por otro. Así consideraron desde la Asociación de Usuaries y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (Aupac) de Rosario a la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), organismo que el gobierno nacional considera que poseía una "sobredimensión jerárquica y funcional, con fuerte impronta política, territorial y presupuestaria".
Con ese argumento el gobierno nacional le asignó al competencia de la Ariccame a la administración pública, de modo que el Ministerio de Economía se ocupará del cáñamo industrial y sus derivados, mientras que la Anmat regulará los productos con fines medicinales.
"Es un baldazo de agua fría que tiene un impacto directo sobre el rol de las ONG en el sector canábico. Que se disuelva Ariccame, que es el único organismo público especializado, era el único donde se podía dialogar, pese a que ya estaba intervenido en el último año por este mismo gobierno y las funciones estaban muy acotadas", sostuvo en declaraciones a La Capital la presidenta de Aupac, Maricruz Moyano Eleonoris respecto a la resolución que tomó el gobierno para el destino del tratamiento del cannabis en el país.
En ese sentido lamentó que el gobierno de Javier Milei pretenda "desplazar el enfoque social y productivo que tenían los gobiernos anteriores por uno con un fin industrial y corporativo, en el cual muchos actores se quedan afuera y fueron quienes siempre estuvieron presentes en la agenda pública y vienen sosteniendo el acceso seguro para las personas".
A su vez, consideró que esta nueva reglamentación que impone el gobierno nacional "invisibiliza muchísimo la figura de la agricultura familiar y, a su vez, refuerza el modelo biomédico en salud, con lo cual consideramos que al estar, en un parte, bajo la órbita de la Anmat, va a tener un mayor sesgo farmacéutico, lejos de la experiencia comunitaria en salud y con un acceso seguro y democrático al cannabis".
En ese sentido, apuntó que hay una "fragmentación muy grande del Estado", con muy poca posibilidad de dialogar con los actores involucrados en la materia.
"Es un poco lo que intuíamos desde nuestro lugar porque ya veníamos con condiciones bastante precarias, dentro de un marco de adecuación y readecuación de nuestro trabajo y de las ONG para poder trabajar de manera legal en aquello que rozaba con la ilegalidad ilegal. Hay mucha gente que tiene muchas ganas de trabajar legamente y que invierten tiempo y dinero en esto", lamentó.
Para el secretario de la cooperativa Planverde y responsable de cultivo y producción de Aupac, Lisandro Rosso y Ferro, de experiencia en Estados Unidos y quien formó parte del Consejo Consultivo de la Ariccame, las idas y vueltas entre las distintas gestiones y la falta de conocimiento frondoso en la materia llevó al ámbito del cannabis al "mal manejo del desarrollo y extensión de licencias sin criterio adecuado".
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"Todo esto nos lleva a un lugar de desamparo, pero no comenzó con esta gestión. Había un gran desconocimiento de lo que es esta supuesta industria, de la cual creían que iban a llover dólares por todos lados, pero la gran mayoría de las grandes cabezas y el directorio del Ariccame no tenían muy en claro de que se trataba todo esto. Y quedó claro que tuvo consecuencias para todo lo que invertimos tiempo, dinero y corazón en esto", reflexionó Rosso y Ferro.
Por otra parte, reconoció que Ignacio Ferrari, el médico que encabezó la reestructuración del Ariccame a fines de 2024 luego de la gestión de Fernando Echarren, "estaba bastante bien parado, tenía muy en claro cómo desarrollar esto, pero estaba agarrando una papa caliente de una agencia que no tenía presupuesto ni oficina y que recibía una cantidad enorme de mails en busca de respuestas".
Y bien consideró que el nuevo esquema que plantea a priori el Estado nacional es "lógico" y "coherente" en cuanto a la reestructuración con "alcance de mercado", capaz de favorecer y darle entidad a las cooperativas y cultivadores que trabajan desde hace años en el cannabis. Sin embargo, fue esceptico en cuanto a la política que llevará a cabo la Anmat en materia medicinal.
"Ocurre que Anmat va a trabajar con dos o tres laboratorios aprobados por esa entidad y los intereses que pueden existir en esa órbita de Salud", señaló.
En ese marco, apuntó que "el Reprocann (Registro del Programa de Cannabis) está demostrando que es una herramienta de salud real, pero hay que ver qué va a pasar, porque Anmat va a regular los fitopreparados que las ONG están distribuyendo, pero lo único que demostró Anmat en estos años es que no se hace cargo, bloquea y no permitirá aprobar un preparado elaborado por un laboratorio de la ONG".
Entre las funciones asignadas al referido organismo se encontraban, entre otras, la de promover el desarrollo de la cadena productiva de la planta de cannabis, cáñamo, sus semillas y derivados y la de regular la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de los productos involucrados, a través de la emisión de autorizaciones administrativas.
La Anmat, organismo descentralizado del Ministerio de Salud, será competente en todo lo referido a los productos con destino medicinal derivados de la especie cannabis sativa, que comprende el cáñamo para flor, biomasa de cáñamo para flor, cannabis para flor y biomasa de cannabis para flor.
En tanto, la Secretaría de Industria y Comercio tendrá competencia en lo referente al cáñamo industrial y a la biomasa de cáñamo industrial, excluyendo expresamente a la flor.
Mientras tanto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca regulará las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de esta especie, tendrá la competencia sobre las semillas.
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