Amenazas en escuelas de Santa Fe: cómo les cobrarán los operativos a los acusados

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe confirmó nuevas medidas para frenar la ola de amenazas de ataques a tiros en escuelas. De acuerdo a lo que habían anunciado fuentes oficiales, este martes se publicó un protocolo para cobrarles los gastos de los operativos a estudiantes u otras personas denunciadas por estos delitos.

Según el titular de la cartera, Pablo Cococcioni, un procedimiento básico para abordar este tipo de situaciones en establecimientos educativos tiene un costo que oscila entre 5 y 6 millones de pesos. Dado el aumento de las pintadas y mensajes de Whatsapp en la última semana, la provincia apuesta a desalentar las falsas acciones intimidatorias mediante una intimación extrajudicial para recuperar ese dinero.

La resolución 1.201/26 no sólo plantea la necesidad de evitar las amenazas. También define un mecanismo que apunta a garantizar la trazabilidad, previsibilidad y eficacia de las medidas para cubrir el dinero que utiliza el Poder Ejecutivo desde que ingresa una llamada al 911 hasta que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) identifica a los responsables.

¿Cómo es el protocolo para cobrar por los operativos?

A partir del análisis de la situación en diferentes instituciones educativas, el gobierno santafesino armó un protocolo de recupero y resarcimiento de gastos y daños ocasionados al Estado provincial. La normativa se refiere específicamente a los hechos de violencia, amenazas y conductas de riesgo en ámbitos escolares y espacios de socialización juvenil.

La resolución establece siete pasos para el cobro a quienes afrontan denuncias de intimidación pública u otros delitos similares. En primer lugar, el Ministerio Públlico de la Acusación (MPA) debe identificar a los autores, partícipes y adultos responsables en cada causa penal.

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Una vez que la provincia recibe las direcciones y números de teléfono de las personas involucradas, la Secretaría de Coodinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad se ocupa del cálculo de los costos operativos del servicio. Esto implica armar un legajo o expediente para cada hecho. Allí se incluyen los informes técnicos, constancias de intervención de las fuerzas de seguridad y cartas de incidencias del 911, entre otros elementos que además pueden ser empleados como prueba judicial.

Para completar el registro, el Departamento de Operaciones (D-3) de la Policía de Santa Fe determina cuáles fueron los recursos humanos y materiales afectados a cada procedimiento. Entre otras cuestiones, esta división se encarga de señalar si el operativo fue de baja, media o alta intensidad. También varía el resultado final si interviene la Brigada de Explosivos, la Policía de Investigaciones (PDI), los bomberos o cualquier otra fuerza especial.

Por último, la Subsecretaría de Legal y Técnica de la cartera de Justicia y Seguridad confecciona una intimación de pago con un plazo improrrogable de cinco días. En ese plazo, los autores o sus adultos responsables deben pagar el costo de los procedimientos mediante un depósito o transferencia bancaria. Asimismo, la provincia se reserva el derecho de hacer un reclamo posterior por mayores gastos o daños ocasionados.

En cuanto a la vía del reclamo, el protocolo indica que la propia Policía es la encargada de notificar a los acusados. Si el gobierno no cobra, la Fiscalía de Estado queda habilitada para iniciar acciones judiciales por el incumplimiento.

Santa Fe registró 78 denuncias de amenazas en escuelas

Según el relevamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad, la cantidad de amenazas en escuelas santafesinas sigue creciendo a pesar de las advertencias de funcionarios públicos. Este martes, se registraron 78 llamadas al 911 en toda la provincia por distintos tipos de mensajes intimidatorios.

Fuentes oficiales añadieron que la Policía de Santa Fe hizo 158 intervenciones desde el 16 de abril en establecimientos educativos. La lista abarca grandes ciudades como Rosario y la capital, pero también incluye pequeñas localidades donde el despliegue operativo tiene un costo menor.

Si bien el problema de las falsas amenazas es nacional, la provincia está en el centro de la escena por el antecedente del ataque a tiros en la Escuela Normal Superior 40 Mariano Moreno de San Cristóbal. El episodio ocurrió el último 30 de marzo, cuando un alumno de 15 años mató a Ian Cabrera (13) e hirió a dos estudiantes más con una escopeta antes del inicio de clases.

Desde entonces, no se registraron nuevos episodios de este tipo en establecimientos escolares, pero crecieron exponencialmente las denuncias sobre mensajes intimidatorios que anunciaban agresiones con armas de fuego. Funcionarios del gobierno santafesino remarcaron que cada caso será investigado judicialmente por más que alguien haya intentado hacer una broma, ya que las pintadas o avisos por Whatsapp pueden derivar en una condena por intimidación pública.

Una de las primeras denuncias esclarecidas en este marco se registró el último 15 de abril en el Colegio 1198 Nuestra Señora del Luján de Pérez. La policía fue vigilar el lugar al día siguiente porque un alumno avisó que iba a ir armado, algo que finalmente no ocurrió. Después de este operativo, las fuerzas de seguridad arrestaron a un joven de 16 años por la amenaza.