El mensaje del intendente Pablo Javkin proponía adherir a la ley provincial recientemente sancionada por la Legislatura santafesina en la que se prohíbe cuidar autos en la vía pública y se establece como contravención en el Código de Faltas provincial. La norma santafesina pide que los municipios adhieran explícitamente a través de una ordenanza para recién allí ponerla en práctica. Y Rosario comenzó el debate en el Palacio Vasallo del proyecto oficialista que plante sanciones progresivas a quienes infrinjan la ley pero a su vez habilita un programa de reinserción laboral y de contención a quienes están en situación de calle y se dedican a ser trapitos.
Ahora, el edil libertario dobla la apuesta con iniciativa propia. El concejal de La Libertad Avanza, que vienen batallando desde diciembre de 2025 con la prohibición, busca garantizar el cumplimiento de la restricción con herramientas concretas de intervención y sanción.
El concejal propone una serie de modificaciones para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley provincial.
Los principales puntos de la propuesta son la intervención policial y desplazamiento inmediato de los cuidacoches. El procedimiento de flagrancia con juzgamiento en un plazo máximo de 48 horas. Un arresto efectivo de 10 a 20 días por reincidencia, no sustituible por multas. También detención de hasta 80 días para los organizadores de la actividad. Y lo más polémico: la creación de alcaidías municipales.
Según sostuvo en un comunicado de prensa, la propuesta de Aleart también contempla una realidad que "no puede ignorarse: el sistema penitenciario se encuentra sobrecargado y tiene dificultades para absorber nuevas detenciones". En tal sentido, el libertario sostuvo: “Frente a esta situación, Rosario debe involucrarse y asumir su responsabilidad en la búsqueda de soluciones. El municipio no puede mirar para otro lado ni limitarse a dictar prohibiciones que después no puede hacer cumplir”. Por eso, Aleart plantea avanzar en un esquema de cooperación con la provincia y en la creación de infraestructura municipal de detención transitoria, con las garantías legales correspondientes.
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En cuanto a la detención en penales municipales, el concejal ahondó: "Todo ello garantizando el derecho a defensa, sin incrementar la planta de empleados municipales ni crear nuevos cargos políticos".
“No alcanza con prohibir una actividad si no existen los mecanismos para hacer cumplir la ley. Ponerle una multa a un trapito que nunca la va a pagar no resuelve absolutamente nada”, sostuvo Aleart.
“Queremos recuperar el orden y la autoridad. Los rosarinos tienen derecho a estacionar sus vehículos sin miedo y sin que nadie les exija dinero. La calle es de todos y la ley se tiene que cumplir”, concluyó.
La iniciativa también contempla un abordaje social para aquellas personas que manifiesten su voluntad de abandonar la actividad. En esos casos, se propone articular herramientas de asistencia, capacitación e inserción laboral que les permitan encontrar alternativas de trabajo legales y sostenibles.