Encuesta: menos del 9 por ciento de los rosarinos señalaron al impacto ambiental como el principal criterio a la hora de comprar.
¿Qué tienen en cuenta los rosarinos en sus hábitos de consumo? ¿Pagarían más por un producto de menor impacto ambiental, o el criterio prioritario pasa por el bolsillo y lo que define es el precio? Esas fueron algunas de las preguntas que durante finales de 2022 y principios de 2023, en el trajín de las compras navideñas y de Reyes, se le plantearon a más de 400 vecinos de diferentes distritos de la ciudad.
El resultado es que si bien un 34 por ciento de los consultados afirmó haber comprado productos de mejor impacto ambiental, sobre todo en lo referido a iluminación led y electrodomésticos de mejor rendimiento energético (e incluso algunos refirieron que podrían pagar más por algo que genere un menor impacto en el ambiente), un 64 por ciento dejó en claro que a la hora de elegir manda el bolsillo y el menor precio.
La consulta fue diseñada y llevada adelante por la diputada provincial por el GEN Mónica Peralda y sus equipos con el objetivo de "conocer cuáles fueron los comportamientos sociales frente al consumo” durante las fiestas de fin de año.
En el análisis, indicó la legisladora, se tomaron en cuenta los comportamientos, desde "la cercanía o la forma de traslado para llegar a los lugares donde se obtienen los productos que se quieren comprar, el tiempo que se demora en llegar a los negocios, los medios de traslado, las valoraciones a la hora de elegir y cuánto incide la situación socioeconómica en las decisiones que se toman al momento de adquirir lo que se busca".
Los resultados de la encuesta, que respondieron mayoritariamente mujeres de entre 26 y 59 años, muestran que casi un 34 por ciento de los consultados consumió en ese período productos de bajo impacto ambiental y otro 48 por ciento respondió que lo hace "a veces".
Entre ellos, mayoritariamente, refirieron compras de productos de Iluminación de bajo consumo o de sistemas led, así como productos de fabricación artesanal y electrodomésticos con alta eficiencia energética.
En relación a estas mismas preguntas, se los consultó sobre si pagarían más por un producto de menor impacto ambiental, a lo cual un 45 por ciento respondió que sí; sin embargo, a la pregunta siguiente sobre cuál es el criterio prioritarios a la hora de definir una compra el 63,8 por ciento respondió "el precio", el 24,6 por ciento dijo "calidad" y solo el 8,7 por ciento apuntó al "menor impacto ambiental".
"Si bien gran parte de la ciudadanía tiene la intención de comprar pensando en el cuidado del ambiente, también existe el limitante económico, que reduce dichas posibilidades”, explicó Peralta a la hora de analizar las respuestas de las rosarinos.
Además, la legisladora señaló que así como "es de gran relevancia concientizar a los consumidores sobre sus acciones y consecuencias", dejó en claro que "también, y sobre todo en el sector productivo, es necesario concientizar sobre su responsabilidad extendida a lo que produce”.
Aunque casi el 40 por ciento dice tomarse el trabajo de leer las etiquetas a la hora de comprar un producto, la encuesta reveló que cerca del 32 por ciento de quienes participaron no conocen la ley de etiquetado frontal, fundamental para conocer si el producto es o no amigable con el ambiente mediante sellos o etiquetas indicados en los envases.
En Argentina, la ley de etiquetado frontal Nº 27.642, que promueve la alimentación saludable, fue sancionada en 2021 y reglamentada en 2022.
La normativa busca garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, dar información nutricional comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas para resguardar los derechos de los consumidores; así como también advertir sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías para prevenir la malnutrición.
“La ley es un gran avance en el acceso a la información de aquello que consumimos, pero no tiene que conformarnos, tenemos que exigir que se cumplan los plazos estipulados para su progresiva implementación”, señaló Peralta.
La querella de la familia del niño que se ahogó en una de las piletas de la institución insiste en el pedido para imputar a tres directivos. Sostienen que se usaron "pruebas inventadas" para protegerlos
