El Tribunal Constitucional de España anuló ayer la prohibición de las corridas de toros en la región de Cataluña, decisión que adoptó hace seis años el Parlamento local y que ayer se invalidó porque, según el alto tribunal, invadió competencias estatales. Sin embargo, el fallo del tribunal no ha sido por unanimidad. Ocho de los magistrados han votado a favor de levantar la prohibición frente a otros tres favorables a mantenerlo.
La decisión del Gobierno catalán de prohibir estos festejos se produjo en el año 2010 pero fue recurrida por el conservador Grupo del Partido Popular (PP) en el Senado. El alto tribunal sentenció ayer, por mayoría, que el Gobierno local fue más allá de las atribuciones que le conceden las transferencias de gestión que ejerce en la materia.
Y es que, recuerda el tribunal, aunque Cataluña tiene competencia para regular los espectáculos públicos y también para proteger a los animales, la tauromaquia ha sido declarada por el Estado patrimonio cultural y, por lo tanto, la prohibición invade competencias estatales.
Esta prohibición estaba dentro de la ley catalana de protección de los animales, que prohibía las "peleas de animales y otras actividades", así como "las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque".
La prohibición de las corridas de toros en Cataluña entró en vigor el 1 de enero de 2012. Esta región del noreste español se convertía así en la segunda comunidad autónoma en suprimir la lidia, tras Canarias, donde estos festejos quedaron suspendidos en 1991 por una Ley de Protección de los Animales. En esta comunidad, sin embargo, no se recurrió la sentencia ya que la tauromaquia no era una tradición arraigada.
Las reacciones contra esta suspensión no se han hecho esperar en un país donde la polarización entre los taurinos y los antitaurinos crece y donde las corridas de toros cada vez tienen menos espectadores. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recordó a través de la red social twitter que "Barcelona es una ciudad antitaurina desde 2004" y amenazó con que "diga lo que diga el TC, haremos cumplir las normativas que impidan el maltrato de los animales".
En el año 2004, Barcelona se convirtió en el primer municipio de España en proclamarse ciudad antitaurina gracias a una declaración institucional que aprobó el ayuntamiento, aunque la última corrida en la plaza Monumental de Barcelona se celebró en septiembre de 2011.
Desde la dirección de Podemos también hubo críticas a la decisión y se acusó al alto tribunal de mostrar animadversión cuando debe pronunciarse sobre cuestiones catalanas. El portavoz parlamentario, Iñigo Errejón, dijo que "parece" que el Constitucional "sólo trabaja para Cataluña".
La comunidad se encuentra inmersa en un proceso unilateral de declaración de independencia llevado a cabo por su presidente, Carles Puigdemont, lo que ha sido recurrido ante los tribunales por el Gobierno central del conservador Mariano Rajoy.
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Por Facundo Borrego
