La joven quedó bajo monitoreo judicial mientras avanza la investigación por un episodio racista ocurrido en un bar de Ipanema. Denunció haber recibido amenazas, le retuvieron el pasaporte y no puede salir de Brasil
Captura de video. Los gestos racistas de la turista argentina se viralizaron rápidamente.
La turista argentina Agostina Páez, de 29 años, investigada por delitos racistas, presentó una denuncia policial por amenazas. Declaró que, desde que se hizo público el caso de racismo, ha recibido numerosos mensajes con insultos y amenazas a través de redes sociales y mensajes privados. Páez también declaró a la policía que tres personas desconocidas ingresaron al departamento que alquila y que teme por su integridad física.
El caso cobró notoriedad tras la difusión de un video en redes sociales que muestra a la turista argentina, que es abogada e influencer, haciendo gestos racistas hacia un mozo de un bar en Ipanema, en la zona sur de Río de Janeiro. Declaró que desconocía que el gesto constituyera un delito en el país y que se trataba de una broma dirigida a sus amigos.
Durante la investigación, se le incautó el pasaporte a la turista y el tribunal ordenó el uso de un tobillero electrónico. El dispositivo le fue colocado este miércoles por la tarde.
El abogado de Agostina Páez denunció que un grupo de personas que se hicieron pasar por policías irrumpió en el departamento de Agostina. Según Sebastián Robles, tres personas entraron al departamento haciéndose pasar por policías, pero "todo era muy confuso".
En un comunicado, la Policía Civil afirmó que no se realizaron investigaciones en el lugar y que "la institución no se dejará intimidar por declaraciones falsas ni por intentos de los sospechosos de desacreditar la labor seria, técnica y comprometida de sus agentes".
El padre de la turista argentina, en tanto, reveló que su hija teme por su vida y que le han pedido que abandone el edificio donde se encuentra alojada.
“Los administradores del edificio le pidieron a Agostina que se fuera, y ella lo hizo. Ahora va a alquilar otro apartamento. Está aterrorizada”, dijo Mariano Páez, padre de Agostina.
Agostina consideró que la medida dispuesta por la Justicia brasilera “es muy estricta y nos parece una medida excesivamente severa. Esta es una investigación en la que aún no se ha determinado claramente el hecho, y se debe analizar el contexto general de lo ocurrido en el video”.
El detective Diego Salarini, jefe de la Comisaría 11 de Río de Janeiro, anunció que la investigación se encuentra en su tramo final y las pruebas serán remitidas al Ministerio Público en la semana. También confirmó que se aguardan nuevas declaraciones tanto de la presunta víctima como de testigos directos, entre ellos el gerente del local involucrado en el episodio inicial.
La situación de Páez se complicó luego de que una discusión en un boliche de la zona sur de Río de Janeiro, el 14 de enero, derivara en una denuncia penal. De acuerdo con el expediente, una revisión de las cámaras de seguridad mostró a la joven realizando gestos y sonidos comparables a los de un mono y utilizando el término de manera discriminatoria, lo que motivó la acusación de injuria racial. En Brasil, este delito está equiparado al racismo, con penas que oscilan entre dos y cinco años de prisión y que no admiten el beneficio de la excarcelación bajo fianza.
“Vamos a solicitar el secuestro de los videos del incidente del 14 de enero, ya que el contexto es diferente al que enfrentamos con nuestra cliente”, sostuvo Robles al mencionado medio.
El letrado anunció además la inminente presentación de un recurso de habeas corpus para lograr que Páez pueda retornar a Argentina, considerando que permanece “casi detenida en circunstancias adversas y confusas”.
La joven fue recibida por funcionarios del consulado argentino en Río de Janeiro, que le ofrecieron asistencia legal. No obstante, aclararon que no intervendrán en el procedimiento judicial. La estrategia de defensa cuenta también con el respaldo del estudio jurídico Roitman, de un abogado argentino con residencia en Brasil.
El proceso judicial avanza bajo la supervisión del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de la capital carioca. Robles subrayó la rigidez de las restricciones ordenadas por la Justicia brasileña: “Con la familia nos parece muy severa la medida”, expresó.
Originaria de la provincia de Santiago del Estero, Agostina Páez es abogada e influencer digital. Tiene miles de seguidores en sus redes sociales, que actualmente están privadas o desactivadas. Tiene hasta 40.000 seguidores en Instagram y casi 80.000 en TikTok.
Sin embargo, su nombre ha ganado notoriedad pública en los últimos meses en Argentina no sólo por su presencia en las redes sociales, sino también por un conflicto legal vinculado a su entorno familiar: es hija de Mariano Páez, un empresario del sector del transporte involucrado en casos de violencia de género, según el sitio Info del Estero.
El empresario fue arrestado el 10 de noviembre, acusado de agredir físicamente y amenazar a su expareja, la abogada Estefanía Budan. El 15 de diciembre, el tribunal ordenó su liberación bajo estrictas condiciones, que incluyen el uso de un tobillero electrónico, la prohibición de contacto con la denunciante y normas de conducta cuyo cumplimiento se supervisa permanentemente. El proceso judicial continúa en fase de investigación.
Por su parte, Agostina Páez presentó una denuncia contra Estefanía, a quien acusó de acoso, difamación y violencia digital, tanto en contra de ella como en nombre de su hermana.
“Terminamos siendo víctimas también de ello y, obviamente, de las consecuencias de las acciones de mi padre”, afirmó en entrevista con el diario El Liberal.
Según lo que informó en ese momento, los mensajes y publicaciones que motivaron su acción legal incluían referencias directas a su familia. "Lo único que le pedí fue que no publicara nada con el nombre de mi hermana, porque es estudiante", declaró. También afirmó que Budan "dijo que mi padre golpeaba a mi hermana" y que "habló de mi madre fallecida, diciendo que mi padre la golpeaba".
La abogada aclaró además que no presenció los presuntos incidentes contra su padre y enfatizó que su acción legal se debía únicamente a su situación personal. "¿Qué culpa tengo yo de lo que hace mi padre? No lo defiendo, y que pague lo que tenga que pagar", dijo.
Los nuevos aparatos para los Juegos Suramericanos se sumarán a las 6.010 cámaras ya instaladas desde febrero.
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