Luego del extenso proceso judicial, la histórica cadena de locales no consiguió las mayorías necesarias entre los acreedores para llegar a un acuerdo
El Juzgado Nacional Comercial N°7, al cargo del juez Fernando D’Alessandro, decretó la quiebra de Garbarino, luego de que fracasara el proceso de salvataje abierto dado que no se llegó a un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su deuda millonaria ni consiguió inversores dispuestos para aportar el capital necesario en la fase final del procedimiento.
La histórica cadena de locales de electrodomésticos, que llegó a tener más de 200 sucursales y 4.500 empleados, se vio obligada a cerrar definitivamente, aunque ya contaba con una estructura estaba prácticamente desmantelada. Actualmente, solo contaba con tres locales abiertos.
En 2020, la compañía fue adquirida por el grupo de Carlos Rosales, titular del grupo asegurador Prof, previamente en manos de la familia fundadora. En ese entonces, la empresa contaba con una deuda de $11.000 millones entre proveedores y bancos acreedores, en un contexto de problemas financieros, caída del consumo y modificaciones del comercio minorista.
Los dueños de Garbarino no lograron reunir las mayorías necesarias entre sus acreedores para aprobar un acuerdo preventivo y el fracaso del mecanismo de cramdown. Esto provocó la declaración de quiebra y la inhibición general de bienes sobre la sociedad.
Rosales, en diálogo con La Nación, "Si en la Argentina de 2021 hubieran existido condiciones de seguridad jurídica y estabilidad como lo que hay hoy en el país, ni por asomo Garbarino hubiera quebrado". Además, agregó: "Nosotros pusimos todo para trabajar y tratar de ordenar la empresa. La idea era reconvertirla hacia el Garbarino del futuro, con más foco en logística y comercio electrónico".
Esta medida judicial implica el cese inmediato de las actividades y el inicio de la liquidación de activos. La determinación del magistrado se fundamenta en la imposibilidad de sostener el concurso preventivo, iniciado en noviembre de 2021.
Tras la sentencia firme, la compañía queda automáticamente desapoderada de la administración de sus bienes y el patrimonio pasará a estar en control de la sindicatura designada por el tribunal.
Por último, el tribunal dispuso la inhabilitación a salir del país a los directivos de la compañía, entre ellos a Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Rosales al menos hasta octubre de 2026. Además, los tres ejecutivos no podrán ejercer el comercio durante el plazo previsto por la ley concursal.