Las escuelas de gestión privada del país, que dispararon geométricamente la matrícula en detrimento de las públicas fundamentalmente por la continuidad escolar que buscan los padres, enfrentan hoy denuncias contra sus dueños y empresarios por “incumplimientos” de acuerdos nacionales y provinciales y de derechos sindicales docentes.
Por un lado, los colegios de enseñanza privada son definidos como “escuelas estatales de gestión privada”, es decir que forman parte del sistema educativo oficial argentino, que en gran número de establecimientos otorga los subsidios para que abonen los sueldos docentes, además de poder cobrar aranceles. Por otro, las cámaras empresariales de educación privada del país, un heterogéneo abanico en el que se ubican colegios laicos, confesionales, parroquiales y los supuestamente de “elites” que no reciben subsidios y cobran cuotas elevadas, proponen una variada oferta pedagógica.
Lo que se enrostran hoy empleadores y dirigentes docentes del sector privado enrarece un poco el ámbito de negociación creado por los gobiernos nacional y provinciales para encuadrar la educación privada en un marco de cumplimiento de acuerdos laborales, paritarios y pedagógicos, que a veces se aduce desde el sector patronal que “son de difícil cumplimiento”.
Entre esos “incumplimientos”, los docentes apuntaron a los “acuerdos de convivencia”, que se aplican en las escuelas públicas, una instancia de mediación e intervención en los lamentables y cotidianos casos de violencia en el ámbito escolar, o desconocimiento de derechos o discriminación. El secretario de Comunicación de los docentes privados de Sadop bonaerense, Miguel Angel Arzel, explicó a DyN que los acuerdos de convivencia en la provincia rigen por la ley 2.299 para “promover la participación organizada en la comunidad”, pero se quejó del “incumplimiento en escuelas de gestión privada”.
“Los directivos ponen excusas muy superficiales, aducen que tienen problemas en la aplicación”, precisó Arzel.
En la reciente reforma del sistema de evaluación a los alumnos primarios bonaerenses, que de acuerdo a sugerencias de Unesco y de investigaciones locales, se decidió eliminar las calificaciones numéricas del 1 al 3, que afectaban la estima de los niños, aunque no se eliminaron los aplazos, que abarcarán desde el 4 al 6 como notas, y tampoco la repitencia. Los dirigentes de cámaras de propietarios de instituciones educativas privadas laicas y confesionales pidieron a la ministra de Educación de la provincia, Nora De Lucía, y al subsecretario Néstor Ribet que se “reconsiderara” el régimen académico del nivel primario porque argumentaron que afectaba la “especificidad” de la escuela privada.
La selección de matrícula o el famoso “derecho de admisión” también persiste en la educación privada, que para muchos es considerado un impedimento para la mentada inclusión educativa.
Finalmente, los derechos laborales de los maestros, profesores y administrativos también ingresaron a la discusión.
Por un lado los empleadores enrostran a los docentes las huelgas y las denuncias a hora de sentarse, por otro los sindicalistas piden explicaciones por acuerdos firmados con Nación y provincia de Buenos Aires hacia un convenio colectivo.
“Hay muchas escuelas privadas que no dejan entrar a la representación sindical docente, hay dificultades para la elección de los delegados de los maestros y profesores, y en cuestiones de obra social”, advirtió el dirigente, y enfatizó que “si un compañero falta, lo echan”.
